Eran las siete de la madrugada en la Península y las dos de la tarde en Filipinas cuando el pasado miércoles, día 1 de marzo, comenzó la vista oral en la que se leyeron los cargos a los tres policías filipinos acusados de conspirar para asesinar al empresario gallego Diego Bello Lafuente junto al umbral de la casa de Siargao (Surigao del Norte, Filipinas) donde residía en la fecha en que lo abatieron a disparos (8 de enero de 2020). La comparecencia había sido organizada por la Justicia del país por medios telemáticos. Además del juez y los propios encausados, se hallaban conectados por videoconferencia los abogados de las partes y los padres del surfista coruñés asesinado.

Nunca antes, hasta la fecha, había mirado la familia directamente a los ojos de los criminales que les arrebataron la vida de su hijo. Y allí estaban los tres agentes imputados, con el rostro serio, casi adusto — como si los ofendidos fueran ellos— , y parapetados tras una mesa cubierta por un hule de polietileno beige. Previamente habían sido ya informados de que entre las personas que les contemplaban y escuchaban desde España estaba Pilar, la madre de Diego, acompañada de su esposo.

En las imágenes de la transmisión puede verse a la espalda de los agentes una puerta con una cortina. Al fondo, a la derecha, se aprecia una persona sentada sobre un banco, probablemente un funcionario de prisiones. Se supone que se hallan en alguna dependencia de un penal o del Departamento de Justicia.

En el nombre de usuario de la conexión se identifica a dos de los tres policías encausados — Ronel Azarcón Pazo y Nidoboy Esmeralda Cortés— como PSSg. Dentro del escalafón de la policía filipina, son las siglas que se asignan a Police Staff Sergeant, denominación correspondiente al cargo de sargentos que ostentaban cuando acabaron con la vida del deportista coruñés. A juzgar por los casquillos encontrados al lado de la valla donde se hallaba su cadáver, todo apunta a que fue uno de esos dos sargentos — el citado Cortés— quien le administró el tiro de gracia.

Al coordinador del crimen maquillado como operativo policial — el capitán o mayor Vincent Wise Panuelos— se le designa en el transcurso de la vista oral como PUPC (Person Under Police Custody) o "Persona bajo custodia policial", lo que parece corroborar que, en efecto, se encuentra detenido.

Los prisioneros filipinos están obligados a vestir con uniformes de recluso naranjas, grises o amarillas con letras impresas del penal en que se hallan. Los asesinos del gallego comparecieron ante el juez con ropas de calle, embutidos en tres camisetas lisas de algodón. La versión oficial es que se encuentran en prisión, pero se desconoce cuál es el penal donde han sido recluidos o las condiciones de su confinamiento.

Son numerosos los centros de detención y penitenciarías que hay en la capital de Filipinas. Algunos — como la vieja y la nueva cárcel de Bilibid— han sido tradicionalmente conocidos en todo el mundo por las monstruosas condiciones de hacinamiento en las que sobreviven los internos. La familia de Diego presume, sin embargo, que los funcionarios disfrutarán de privilegios, dada su condición de policías y la todavía prevalente atmósfera de impunidad que creó Duterte y se respira aún con el nuevo presidente, Bongbong Marcos. "No olvidemos que la vicepresidencia del país sigue en manos de Sara Zimmerman, que es hija de Duterte", nos dice a propósito de ello el tío de Diego, Francisco Lafuente.

¿Qué es lo que dijeron en la vista oral y en presencia de los padres de la víctima? Absolutamente nada que no hubieran dicho muchas veces antes. Esencialmente, se atuvieron al guion que ha establecido su defensa y repitieron nuevamente que abatieron a Diego en defensa propia durante una operación contra el narcotráfico. Lafuente desconfía de ellos. "Me temo que su abogado se reserva todavía alguna argucia", afirma.

Vincent Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón Pazo y Nidoboy Esmeralda Cortés han comparecido dos veces desde que fueron puestos bajo custodia policial hace un mes. Su segunda aparición pública fue la antes mencionada vista oral del 1 de marzo y la primera tuvo lugar el 9 de febrero en el edificio principal del Departamento de Justicia en Manila. Esta última se produjo solo unas horas después de que, supuestamente, se entregaran por voluntad propia tras permanecer "huidos" de la Justicia del país durante casi un año.

Ni su "rendición voluntaria" ni las primeras declaraciones efectuadas por los agentes inculpados han contribuido de momento a esclarecer el misterio principal que aún rodea a este crimen. En efecto, el fiscal general del Estado y el NBI (equivalente filipino del FBI) no albergan duda alguna de que ellos son los autores materiales del asesinato, ¿pero quién o quiénes movían en verdad los hilos y cuáles fueron sus motivos? Se mantiene el silencio. No solo no han tirado de la manta en ninguna de las dos comparecencias, sino que siguen defendiendo su inocencia.

Las autoridades filipinas no han explicado tampoco por qué los tres agentes anduvieron once meses libres desde que el juez César Pérez Bordalba decretó su arresto hasta que se presentaron por su propio pie ante una corte. Tras dar a conocer públicamente que habían pasado a disposición judicial, el secretario Jesús Crispín Remulla aseguró en un comunicado que los tres detenidos "no habían podido ser encontrados hasta la fecha en ningún sitio". La veracidad de esta afirmación es, sin embargo, cuestionable porque existen indicios consistentes de que los tres agentes no necesitaron poner mucho celo en esconderse, dado que nadie fue tras ellos. Existen testimonios que apuntalan la idea de que la propia Policía les ayudó a zafarse de la detención.

"Tenemos información de que los mandos de los asesinos les concedieron un permiso indefinido tan pronto como se enteraron de que pesaba sobre ellos una orden de búsqueda y captura", afirma el tío de la víctima. "Es decir, sus superiores les dieron un permiso para que se ausentaran indefinidamente y, por otro lado, nadie les comunicó oficialmente que pesaba una orden de arresto sin fianza sobre ellos. De esa manera, siempre podían alegar que lo desconocían".

Hasta que se entregaron, el pasado 8 de febrero, Panuelos y sus antiguos dos subordinados eran descritos como "prófugos", pero eso contradecía abiertamente los ecos de las voces que alcanzaban a los allegados de la víctima desde las Filipinas, según las cuales los tres imputados continuaban llevando unas vidas prácticamente normales, aunque, eso sí, apeados de sus cargos en la Policía y cuidándose muy bien de desaparecer por completo de las redes sociales para no proporcionar ninguna pista acerca de su domicilio. Ni siquiera se descarta que continuaran residiendo en la provincia de Surigao del Norte.

Que Panuelos ha contado con el apoyo de la Policía Nacional de Filipinas (PNF) es algo que él mismo reconoció de manera implícita cuando, en diciembre de 2021, se jactó en las redes sociales de haber sido ascendido de capitán a mayor durante la investigación del crimen. "Ha sido un largo camino el recorrido desde que dejé por primera vez a mi familia para ir a Mindanao, tierra de promisión. Me prometía flores plateadas, y ahora estoy cosechando lo que sembré porque jodidamente me lo merezco. ¡Ya no más capitán!", escribió en su cuenta de Facebook, tal y como dio a conocer este diario.

Parecía claro por aquel entonces que la propia Policía estaba mandando un mensaje a la familia: los compañeros de Panuelos protegerán a los supuestos asesinos y defenderán esa misma versión fabricada de los hechos cuya veracidad ha puesto en duda incluso el equivalente filipino del FBI, el National Bureau of Investigations (NBI). La mención que hacía Panuelos a Mindanao tenía que ver con su traslado forzoso. En marzo de ese mismo año, había sido reemplazado como jefe del cuartel de Policía de General Luna, cargo que desempeñaba cuando dirigió el operativo que acabó con Diego Bello.

Para que nadie albergara dudas sobre el apoyo que tenía por parte de sus compañeros, el flamante nuevo mayor aclaró a la sazón que su esposa, policía como él, había sido igualmente ascendida. "También ella merece felicitaciones porque, al igual que yo, ha sido elevada de rango", apostilló Panuelos.

Existe, por otra parte, otra prueba incontrovertible de que el Estado filipino no puso ningún celo en perseguir a los supuestos asesinos. El juez del tribunal regional de Surigao del Norte (Filipinas) César Pérez Bordalba firmó el 25 de marzo de 2022 la orden de arresto sin fianza. Había transcurrido un mes y Panuelos confesó directamente a Público que nadie había ido contra él hasta la fecha. "Sigo libre y en la calle", afirmó. En otras palabras, varias semanas después de que el juez ordenara su detención, un diario español fue capaz de contactar a 11.000 kilómetros de distancia con el mismo oficial de policía al que las autoridades filipinas decían no ser capaces de encontrar.

El principal inculpado por los asesinatos habló con este digital media docena de veces desde diciembre de 2020 hasta el 21 de abril del pasado año, cuando oficialmente era ya dado por Manila como huido. "¿Cómo quieres que me sienta?", nos dijo entonces el policía "prófugo". "¿Cómo te sentirías tú si te acusaran de asesinato por culpa de un trabajo que te expone a la muerte y el peligro? Todos somos seres humanos, así que todos nos sentimos igual cuando creemos que hemos sido víctimas de una injusticia".

Ese era justamente el papel que interpretaron en la vista oral del miércoles frente al padre y la madre del asesinado: el de víctimas de una injusticia. ¿Negociaron su entrega previamente? ¿Acudieron por su propio pie como se dice o le obligó el Gobierno tras consensuar para la galería la versión de que habían estado huidos? ¿Dónde se han ocultado, si es que se han ocultado, durante estos diez meses? En el transcurso de su comparecencia ni siquiera les preguntaron por todas estas cuestiones, de modo que la familia tiene más dudas que certezas, a las que además se suman las especulaciones de su entorno.

¿Qué es lo que ha cambiado en este año para que al final las autoridades filipinas hayan hecho efectiva la orden de arresto y haya encarcelado a los presuntos asesinos? Según Rebeca Díaz, la amiga más cercana al fallecido, "Bongbong Marcos no es Duterte. Viaja mucho más. Y según nos vino a decir el cónsul con quien nos reunimos, está un poco hasta las narices de que cada vez que viene a Europa una delegación de su país le saquen a colación el tema de Diego".

Así es. Todo apunta a que la presión ejercida por los familiares y allegados de la víctima junto a las ejercidas por el consulado y los políticos ha hecho replantearse el caso al nuevo Gobierno filipino. El tío de la víctima, Francisco Lafuente, es, sin embargo, más escéptico acerca de las verdaderas intenciones de las autoridades. "Han ido cediendo, pero con cuentagotas. Alguien con la popularidad de Marcos no necesita arrodillarse ante nadie. Aun así está claro que las acciones que se han realizado han tenido una influencia. Siempre ayuda escuchar a un eurodiputado español dirigiéndose en el Parlamento europeo a los filipinos para que arreglen el tema de Diego. La embajada también les ha hecho ver que es un asunto que dificulta las relaciones con Europa, aunque no las impide".

Se estima que la llamada guerra de Duterte contra el narcotráfico se cobró 12.000 víctimas de asesinatos extrajudiciales que quedaron impunes. Existen tan solo un par de precedentes de policías que sí han acabado tras las rejas. La cifra es insignificante cuando se la compara con el número de criminales, pero saber que hay varios agentes que respondieron ya por sus delitos permite albergar a la familia la esperanza de que se celebre un juicio serio, y no una mascarada. Los padres y el tío de la víctima vienen subrayando desde hace mucho tiempo la positiva anomalía que hay en la conducta del juez Pérez Bordalba, a quien le agradecen que se atreviera a decretar el encarcelamiento sin juicio de los presuntos asesinos en un entorno tan hostil para la judicatura como la Filipinas de Duterte.

Respecto a los citados precedentes, los primeros policías enjuiciados como responsables de la ola de asesinatos desencadenada por la guerra contra las drogas de Duterte fueron condenados en noviembre de 2018 como probados responsables de la muerte de un joven a quien se había identificado erróneamente como un narcotraficante. El caso se asemeja al del gallego. La víctima, Kian Loyd de los Santos, fue abatida a quemarropa cerca de una pocilga situada en el norte de Manila por Arnel Oares, Jeremias Pereda y Jerwin Cruz en agosto de 2017. Posteriormente, los agentes trataron de encubrir el crimen plantando pruebas falsas, pero una cámara de vídeo instalada en la barriada había registrado a los funcionarios arrastrando a un chico, completamente sometido, minutos antes de que hallaran su cadáver. Los oficiales fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Hace solo tres meses, un tribunal de Metro Manila condenó igualmente al policía Jeffrey Pérez a dos cadenas perpetuas por torturar a dos adolescentes y colocar pruebas sobre los niños que luego fueron encontrados muertos, según demostraron unos documentos judiciales. Las muertes de Carl Angelo Arnaiz, de 19 años, y Reynaldo de Guzmán, de 14, ocurrieron solo días después del ampliamente publicitado asesinato de Kian Loyd de los Santos.

Está previsto que se vuelva a celebrar una sesión previa al juicio por el asesinato de Diego el próximo día 5 de mayo. Las autoridades filipinas acordaron trasladar el caso desde Surigao del Norte hasta Manila, pero el Tribunal Supremo del país no ha determinado aún la corte a la que se ha asignado. El juicio como tal deberá comenzar dentro de los días posteriores a esa sesión preliminar. La amiga de Diego, Rebeca Díaz, no descarta que los acusados se decidan finalmente a hablar. "Estoy segura de que cantarán cuando llegue el juicio. No tienen más opciones. Si no lo hacen, o se pudren en la cárcel o los matarán dentro del penal", afirma.

El propio fiscal filipino señaló en la resolución del 8 de febrero de 2022 donde pedía su procesamiento que la "endeble" versión en la que se han atrincherado es una mera repetición de una historia que ya había sido desacreditada. En primer lugar, dijo el fiscal Malcontento, no han sido capaces de demostrar de ningún modo que fuera Diego Bello quien disparara antes. En segundo lugar, el arma que dicen que portaba se hallaba en realidad inscrita desde hacía más de veinte años a nombre de una compañía llamada Squires Bingham Company que jamás informó de su pérdida. No existe ni siquiera un débil indicio que conecte ese arma al surfista. Se halla asimismo probado que ese supuesto cinturón verde del que sacó el arma no le pertenecía.

Cuando los amigos y la familia insisten en la posibilidad de que tiren de la manta se refieren, en realidad, a la posibilidad de que por fin señalen a los responsables en la sombra de este crimen. Y entre todos los nombres que han sonado hasta la fecha ha destacado, por encima de cualquier otro, el del gobernador de Camarines Sur, Migz Villafuerte.

En agosto de 2019, este se presentó en un local de Diego llamado La Santa junto a su pareja −Rachel Peters− y amenazó de muerte a Arturo, uno de sus socios en el negocio. El coruñés estaba entonces internado en un hospital de Manila, aquejado de dengue. "¿No sabes quién soy yo?", le dijo Villafuerte a su amigo. "¿No sabes lo que puedo hacer con vosotros, chicos? Sois tres, ¿no es cierto? ¿Dónde están los otros dos? Puedo dispararos, haceros desaparecer y arrojar (vuestros cadáveres) al manglar". Así era la isla filipina donde asesinaron al surfista.

La entonces novia y hoy esposa y madre de los dos hijos de Villafuerte tenía un local frente a La Santa y decía que le molestaba el ruido. Los allegados de la víctima sospechan que lo que probablemente le irritaba a Migz es que hubiera tres extranjeros triunfando frente al negocio de su pareja. Después de las amenazas, la propia Peters anduvo recogiendo firmas de vecinos de los aledaños para protestar por el ruido del local. Se dice que su novio escribió al presidente Duterte para informar de que Diego y sus amigos operaban un ruidoso negocio sin licencia que cerraba a altas horas de la madrugada. Ambas cosas eran falsas: poseían licencia y cumplían a rajatabla los horarios.

Tras aquel acto de intimidación que protagonizó en La Santa hasta el día del crimen hubo un largo y tenso periodo de silencio. A nadie se le escapa que tanto Panuelos como Villafuerte son de Camarines Sur (una provincia situada a cuatro horas de avión de Siargao), claro que no ha logrado nunca acreditase que existan vínculos entre ambos.

Francisco Lafuente mantiene intacta la sospecha de que Villafuerte pudiera haber alentado el asesinato. "El problema es que no tenemos pruebas de ello. Es verdad que hubo un incidente pero eso es todo. La única forma de demostrar su implicación es que Panuelos cantara y yo no tengo nada claro que vayan a hacerlo. Algo me dice que han conseguido garantías de que el juicio sea 'justo' para ellos".

"Sabemos que mucha gente le ha dado la espalda a Migz Villafuerte a raíz del crimen", dice Rebeca Díaz. "La gente ha dejado de ir al negocio de su mujer en Siargao. Allí se vive del turismo y han decidido castigarla por lo sucedido. En cuanto a los inculpados, si tenían tantas pruebas, ¿por qué no las presentaron ya?".

Ni la familia ni los amigos próximos al fallecido han tenido nunca duda acerca de lo que realmente ocurrió el 8 de enero de 2020. No solo se ha logrado demostrar que la versión oficial fue un burdo montaje, sino que se han reconstruido casi todos los detalles relacionados con la ejecución extrajudicial del coruñés. Diego no era un narcotraficante y menos todavía, un camello de poca monta, como sugería Panuelos.

Según el capitán ascendido a mayor, su comisaría se coordinó con la Compañía del Batallón de Fuerza Móvil Regional (RMFB) y la oficina provincial de Surigao del Norte de la Agencia Filipina Antidrogas (PDEA) para organizar una nueva transacción de compra-venta de drogas con Bello, el operativo en el que el surfista perdió la vida. El oficial refiere que asignó a Nido Boy Cortes a la operación "como oficial de arresto y registro". Pazo fue también, al decir de Panuelos, el agente que vigilaba la salida de la Santa, restaurante propiedad de Diego, y que siguió al gallego hasta su casa el 8 de enero para comprarle cocaína, mientras él observaba el trapicheo "en una zona oculta".

Supuestamente, Diego se resistió al arresto y salió huyendo en dirección a un muro sacando un arma del calibre 45, momento en que los agentes dispararon en defensa propia.

Ni el lugar y la disposición de los casquillos hallados sobre el escenario del crimen resultan consecuentes con el relato que la policía hizo de su muerte. De haber sido del modo en que describe el presunto cerebro del asesinato, los agentes hubieran resultado también heridos. Las pruebas de nitratos de pólvora que practicaron al capitán y los sargentos Pazos y Cortés demuestran que los tres dispararon sus pistolas. Literalmente, el fiscal general dijo en sus conclusiones que existen suficientes indicios para sostener la idea de que fueron los policías quienes plantaron maliciosamente el arma para justificar el crimen y alegar defensa propia.