El juez del tribunal regional de Surigao del Norte (Filipinas) César Pérez Bordalba firmó el pasado 25 de marzo una orden de arresto contra los tres policías filipinos a los que el fiscal general de la excolonia española, Benedicto Malcontento, acusa del asesinato del surfista gallego Diego Bello Lafuente y de la plantación de pruebas. El magistrado de la corte ha dictado una orden sin fianza para que los agentes imputados — el hoy mayor Vicente Panuelos y los dos sargentos Ronel Azarcón Pazos y Nido Boy Esmeralda Cortés— sean detenidos y comparezcan ante el tribunal. La familia tuvo conocimiento informal de esa decisión hace ya una semana, pero decidió aguardar a poseer una copia oficial del decreto antes de hacer público lo ocurrido.

El tío del coruñés asesinado, Francisco Bello, no sabe a ciencia cierta todavía si los agentes fueron ya detenidos y puestos bajo custodia policial o siguen todavía libres. "Desconozco también si esto significa que van a ser encarcelados de forma preventiva", afirma. Se sabe, sin embargo, que el supuesto cerebro de la operación, el citado Panuelos, dejó de registrar actividad en las redes sociales justamente un día antes de que Pérez Bordalba solicitara su detención.

En el documento del juez se afirma parcamente que el fiscal Malcontento ha reunido pruebas que sostienen la idea de que los agentes, en primer lugar, conspiraron y colaboraron para matar a Bello y posteriormente, le plantaron una pistola del calibre 45 y trataron de atribuirle su propiedad al muerto, con el fin de justificar su asesinato y disfrazarlo de acto en defensa propia.

El fiscal general de Filipinas no tiene lugar a dudas de que los policías fueron los autores del crimen del surfista coruñés. En una resolución dictada el pasado 9 de febrero a tenor de la denuncia presentada por los padres del gallego y el consulado general de España en Manila, Malcontento solicitaba el enjuiciamiento de los tres agentes. Fue desestimada, sin embargo, la existencia de perjurio.

La demoledora resolución de Malcontento fue dictada tras considerar los datos proporcionados por una nueva investigación sobre las últimas horas de vida de Diego Bello llevada a cabo ad hoc por la Oficina Nacional de Investigación (NBI) de su país, que es el equivalente filipino del FBI. De las pesquisas realizadas por esa organización se infería que el crimen se concibió con premeditación y fue el resultado de un uso abusivo, desproporcionado e injustificado de una fuerza superior.

Ni la familia ni los amigos próximos al fallecido han tenido nunca duda acerca de lo que realmente ocurrió el 8 de enero de 2020, cuando Diego murió acribillado a los 32 años junto al umbral de la vivienda donde residía, en la barriada o barangay número 3 del municipio de General Luna (Surigao del Norte, Filipinas), tras recibir seis balazos disparados a bocajarro por la propia Policía. No solo se ha logrado acreditar que la versión oficial fue un burdo montaje, sino que se han reconstruido casi todos los detalles relacionados con la ejecución extrajudicial del coruñés. Definitivamente, Diego no era un narcotraficante y menos todavía, un camello de poca monta, como sugería Panuelos.

En palabras del tío de la víctima, Francisco Bello, la orden de arresto parece respaldar la idea de que hay gente en Filipinas dispuesta a hacer valer la Justicia, tanto entre las instancias judiciales como entre los policías de asuntos internos que han investigado lo ocurrido a petición de la Fiscalía. La familia no siempre tuvo tan clara la voluntad de las instituciones filipinas de esclarecer lo que realmente ocurrió, en vista de la impunidad con que el presidente Duterte ha blindado a su Policía, en el contexto de su particular lucha contra las drogas. "Recelábamos bastante. Eso es cierto. Pero hay que admitir que esto es un paso adelante. Personalmente, asumo que esto significa que los asesinos van a ser juzgados aunque desconozco si están ya en prisión o desaparecidos".

Los allegados a Bello, "en estado de 'shock'"

"Todavía estoy en estado de shock tras conocer esa decisión", asegura Rebeca Díaz, la mejor amiga de la víctima. "Me da todo mucha rabia y no estoy segura de que se le vaya a dar a esta decisión la transcendencia que merece. No me gustaría que sacaran cuatro noticias y que todo quedara ahí. Los policías merecen que se les exponga y sean sometidos a la misma presión social que sufrió la familia, cuando se acusó injustamente a Diego de todos esos falsos delitos".

Por otro lado, que existan instancias de la Justicia y la Policía filipina dispuestas a proceder honestamente no significa que los acusados carezcan de protección entre los suyos. Tal y como informó este diario a finales del pasado año, el presunto cerebro de la trama policial, el mentado Panuelos, fue ascendido en diciembre de capitán a mayor (PMAJ) mientras se le investigaba por el homicidio. "Ha sido un largo camino el recorrido desde que dejé por primera vez a mi familia para ir a Mindanao, tierra de promisión. Me prometía flores plateadas, y ahora estoy cosechando lo que sembré porque jodidamente me lo merezco. ¡Ya no más capitán!", dijo pomposamente en aquel momento.

Los allegados de Diego dieron por hecho entonces que la propia Policía de la isla estaba mandando un mensaje a la familia: los compañeros de Panuelos protegerán a los supuestos asesinos y defenderán esa misma versión fabricada de los hechos cuya veracidad ha puesto en duda incluso el equivalente filipino del FBI, el National Bureau of Investigations (NBI). El rango de mayor ocupa el tercer peldaño en el escalafón de oficiales, lo que sugería que la presunta ejecución extrajudicial del gallego en la isla de Siargao no solo no había perjudicado, sino que empujó la meteórica carrera de Panuelos. El propio mayor aclaró que también su esposa, policía como él, había sido ascendida.