El presunto cerebro de la trama policial filipina que acabó el 8 de enero de 2020 con la vida de Diego Bello Lafuente ha sido ascendido de capitán a mayor mientras se le investiga por el homicidio del gallego en el municipio de General Luna, en la isla de Siargao (Filipinas). "Ha sido un largo camino el recorrido desde que dejé por primera vez a mi familia para ir a Mindanao, tierra de promisión. Me prometía flores plateadas, y ahora estoy cosechando lo que sembré porque jodidamente me lo merezco. ¡Ya no más capitán!", ha asegurado Vincent Panuelos.

El hoy ya ex capitán de policía reconocía hace unos días durante una breve conversación mantenida con este diario que había abandonado en marzo el cargo de responsable de la comisaría de General Luna, que es el que ocupaba cuando se organizó la operación que terminó con Diego muerto en el suelo con seis balazos en el cuerpo. Solo que en aquella ocasión, poco antes antes de que reconociera su ascenso, Vincent "Wise" Panuelos precisó: "Sí, en efecto, fui relevado del cargo [por Alex Amaday Celiz] en el pasado mes de marzo. Pero el trabajo en el que estoy ahora no es una promoción, sino que se halla dentro de mi rango de capitán de policía. Y en ningún caso guarda relación con la División de Inteligencia de Mindanao".

Ahora ya es oficial que, en efecto, ha sido ascendido de capitán a mayor (PMAJ) "de forma permanente" mientras la fiscal de Filipinas Honey Delgado le investiga junto a los sargentos Nido Boy Cortés y Ronel Azarcón Pazo como supuesto autor de varios delitos de homicidio, perjurio y plantación de pruebas, todos ellos en relación a la muerte del coruñés. En opinión de los allegados de la víctima, parece claro que la propia policía está mandando un mensaje a la familia: los compañeros de Panuelos protegerán a los supuestos asesinos y defenderán esa misma versión fabricada de los hechos cuya veracidad ha puesto en duda incluso el equivalente filipino del FBI, el National Bureau of Investigations (NBI). Al menos, cara a la galería.

También ascienden a su esposa

El rango de mayor ocupa el tercer peldaño en el escalafón de oficiales, lo que confirma que la presunta ejecución extrajudicial del gallego en la isla de Siargao no solo no ha perjudicado, sino que ha empujado la meteórica carrera de Panuelos. Por si alguien alberga alguna duda acerca de lo que implica esta decisión, el flamante nuevo mayor ha aclarado que también su esposa, policía como él, ha sido ascendida. La decisión ha sido un fuerte varapalo tanto para quienes aspiran a que se haga Justicia como para las organizaciones filipinas de derechos humanos que han apoyado a la familia gallega de Diego en sus reclamaciones.

"También mi esposa merece felicitaciones porque, al igual que yo, ha sido ascendida bien merecidamente", ha indicado Panuelos, en medio de una avalancha de parabienes que llegan justamente cuando más señalado y acorralado se sentía. Si le inquieta el acoso judicial al que está siendo sometido no parece translucirlo.

Vicente 'Wise' Panuelos ha estado estas semanas en el ojo del huracán de unas diligencias preliminares puestas en marcha por la Justicia de su país que le sitúan en el corazón de la trama policial que desencadenó la muerte del empresario gallego. El mes pasado vencía el plazo para que el oficial diera su versión de los hechos. Sin embargo, el capitán se limitó a presentar una declaración jurada en la que mantiene su inocencia sin presentar pruebas ni argumentos diferentes a los del relato inicial que divulgó en su día.

Según dicha versión, su comisaría se coordinó con la Compañía del Batallón de Fuerza Móvil Regional (RMFB) y la oficina provincial de Surigao del Norte de la Agencia Filipina Antidrogas (PDEA) para organizar una nueva transacción de compra-venta de drogas con Bello, el operativo en el que el surfista perdió la vida. El capitán ha asegurado que asignó a Nido Boy Cortes a la operación "como oficial de arresto y registro". Pazo fue también, al decir de Panuelos, el agente que vigilaba la salida de la Santa, restaurante propiedad de Diego, y que siguió al gallego hasta su casa el 8 de enero para comprarle cocaína, mientras el capitán observaba el trapicheo "en una zona oculta". Supuestamente, Diego se resistió al arresto y salió huyendo en dirección a un muro sacando un arma del calibre 45, momento en que los agentes dispararon en defensa propia.

En realidad, no hay nada en la versión proporcionada por la Policía que haya resistido las investigaciones independientes realizadas con posterioridad. Está más que probado que Diego jamás tuvo un arma ni traficó con drogas. Un riguroso informe de una comisión filipina de Derechos Humanos desmontó con testimonios de testigos, pruebas de balística y rigurosos datos forenses la versión del agente o agentes que le descerrajaron seis balazos el 8 de enero del pasado año, cuando se disponía a entrar a su vivienda de General Luna, de regreso del trabajo, mientras su novia Jinnah le aguardaba con su hija en el interior de casa. Las conclusiones de esa investigación han sido reforzadas más recientemente por un informe del National Bureau of Investigation (NBI) de Filipinas en el que, en efecto, se acredita que ni la pistola que supuestamente llevaba Diego le pertenecía, ni portaba una riñonera con cocaína o un arma al abandonar un restaurante de su propiedad llamado La Santa, tal y como reveló la cámara de vigilancia de ese negocio.

Los ascensos del responsable de la operación y su esposa han venido a confirmar que Panuelos y los dos sargentos no están solos contra la PDEA y el NBI. La familia de Diego sabe que le falta información y que está muy lejos de poseer todas las piezas del enrevesado puzzle del asesinato. Tan cierto es que ambas organizaciones han expresado sus dudas sobre el proceder de los tres policías de Siargao como que la Policía Nacional de Filipinas la secundó en su día, tras el asesinato.

El brigadier Joselito Esquivel llegó a decir después de la muerte de Bello: "Lapuente se dio cuenta de que estaba enfrentándose a agentes de la ley y les disparó". En el mismo comunicado se afirmó que la operación había sido llevada a cabo por la Compañía de Policía Móvil 1302 de la Oficina Provincial de Surigao del Norte. Las contradicciones son tan claras y elocuentes que invitan a poner en duda que el capitán actuara por su cuenta, incluso si en verdad creía que el español estaba implicado en algún negocio turbio.

Por otro lado, el operativo contra el español se organizó en una poblada barriada de General Luna; a una hora de la noche en la que todavía se registra actividad; en presencia de testigos y con algunos policías que mostraban el rostro descubierto. Todo ello induce a pensar que no había nada de clandestina en la operación y que está se llevó a cabo con el conocimiento, al menos, de los mandos inmediatos de Panuelos, los mismos que ahora han decidido promoverle a él y su esposa. Es también muy dudoso que la policía organizara el operativo sin el conocimiento de los Matugas, que es el clan familiar que gobierna la isla de Siargao. Su poder es casi omnímodo.

Son precisamente hechos como estos los que inducen a dudar a los allegados de la víctima acerca de las verdaderas intenciones del Gobierno filipino y sobre las posibilidades que poseen de que al final del camino se esclarezca la verdad y se haga justicia. Hace ahora una semana, el tío del coruñés, Francisco Lafuente, aseguró en ese sentido: "El presidente Duterte se está cubriendo las espaldas porque no quiere irse de la presidencia como un asesino, pero dilatará las diligencias judiciales del caso de Diego hasta el infinito para ganar tiempo. En cuanto vea que no le andan con el aliento tras la nuca para trincarlo, buscará alguna treta para que eso no llegue nunca a puerto".

Espaldarazo a Duterte

Por otro lado, las noticias del ascenso de Panuelos coinciden con un veredicto de la Corte Suprema de Filipinas en el que se ratifican como "constitucionales" la mayoría de las disposiciones de la ley antiterrorista apadrinada por Rodrigo Duterte, el presidente del país que ha dado fuelle a una auténtica yihad contra las drogas, bajo cuyo paraguas se estima extraoficialmente que podrían haber sido asesinadas 30.000 personas. El español tiene el infausto honor de ser el primer y hasta la fecha único occidental.

Las consecuencias de esta decisión para los activistas de derechos humanos han sido calificadas de "mortales". Se da por hecho que la policía se servirá de ella para seguir vulnerando con impunidad los derechos más elementales. Fue precisamente una de estas organizaciones filipinas de derechos humanas la que primeramente se posicionó del lado de la familia de Diego, publicando un informe demoledor donde se demostraba que la versión policial era una cortina de humo para encubrir un crimen.