Este jueves estaba previsto un macrodesahucio que dejaba en la calle a una veintena de familias que viven en La Pobla de Mafumet (Tarragona) pese a haber cumplido siempre con sus obligaciones de pago. Finalmente, se podrán quedar en sus casas gracias a la negociación encabezada por el Sindicato de Vivienda de Reus, que ha logrado suspender el lanzamiento de los desahucios. Aunque Sareb, propietaria de los inmuebles, se ha abierto a negociar con los vecinos, el procedimiento de ejecución hipotecaria aún sigue en marcha, y si no se llega a un acuerdo, se puede reactivar.

Frente común, negociación vecinal y negociación de los activistas. Tres elementos que, según el miembro del Sindicato de Vivienda de Reus Guillem Jové, han sido claves para la suspensión del lanzamiento de los desahucios previstos en tres bloques de la calle Mina de Madró, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocido como el banco malo, que la administración pública creó en 2012 con el objetivo de liquidar los activos tóxicos vinculados a promotores inmobiliarios heredados de la crisis financiera de 2008.

La promotora propietaria de los edificios quebró y dejó los pisos sin propietario, así que pasaron a manos de la Sareb. En marzo de 2021, un representante de la empresa de gestión de los alquileres informó a los inquilinos de que no tenían que seguir pagando los alquileres a la promotora. Durante estos tres años, los vecinos siguieron pagando para intentar regular la situación, haciéndose cargo de todos los gastos del edificio, con la "tranquilidad" de que podrían llegar a un acuerdo con Sareb.

Su sorpresa fue cuando en julio de este año recibieron una carta con una citación judicial en la que se les anunciaba que serían desahuciados el 28 de noviembre porque sus contratos eran "ilegales". El problema, tal y como explica Jové, fue que los vecinos que vivían en los pisos no figuraban como inquilinos, fue en ese momento cuando la Sareb embargó las viviendas, dejando a las familias en una situación irregular.

Arnau, uno de los vecinos afectados, explica que ha vivido todo este proceso con "mucha incertidumbre e incredulidad". "Lo lógico es que si una finca cambia de titularidad, el primer paso es ponerse en contacto con los inquilinos y pactar nuevas condiciones –si es que cambian– o pactar una fecha de salida si no se llega a un acuerdo. Pero en este caso ha ocurrido lo contrario. Un día nos llega una carta con una cita judicial que nos dice que nuestros contratos son ilegales, nos dijeron que no teníamos derecho a vivir en casa y que el 28 de noviembre teníamos que irnos", detalla.

Fue entonces cuando se organizaron, bajo el paraguas del sindicato. "Nos vimos obligados a hacer ruido, hasta que no lo hicimos, no escucharon nuestras peticiones", lamenta Arnau. Guillem lamenta que la negociación ha sido "cruel", ya que "han mantenido la incertidumbre de algunos casos hasta última hora". De hecho, hasta el martes no supieron si se detendrían todos los desahucios previstos. Vivir bajo esta "amenaza" ha traído consigo muchos problemas de salud a las familias afectadas.

"La clave del éxito ha sido la fuerza colectiva y la unión de todos los vecinos y vecinas afectadas, guiados por el sindicato. Sin eso, no lo habríamos conseguido", dice sin tapujos Arnau.

"Prácticas mafiosas"

A Arnau le parece increíble que una sociedad como Sareb, "pagada con dinero público", actúe de un forma tan "mafiosa". Por su parte, Guillem revela que la Sareb "actúa como cualquier gran tenedor, especulador o fondo buitre". "En el momento en el que dicen que ofrecen alquiler social, la administración ya aparta la mirada, sin analizar cuáles son las condiciones que imponen", lamenta.

En este sentido, Guillem denuncia que "la administración no tiene en cuenta que diseñan su propio programa de alquiler social, con sus condiciones, que se sujetan al seguimiento de ciertos técnicos y empresas subcontratadas que se dedican a valorar y gestionar miseria".

Próximo paso: contratos libres de cláusulas abusivas

El resultado de la negociación ha sido exitoso, de momento. Tanto Guillem como Arnau insisten en que el conflicto no ha terminado. Ahora habrá que ver qué condiciones pone la Sareb a los vecinos. "Existe la posibilidad de que, tarde o temprano, se reprogramen los desahucios. Hasta que no haya contratos de alquiler social firmados, el procedimiento no habrá terminado, ya que la Sareb no desistirá de recuperar la posesión de los inmuebles hasta que haya firmado contratos o compraventas. Falta formalizar este tipo de contratos", explica el miembro del sindicato.

Guillem asegura que, en el caso de las compraventas, se están incorporando a otros actores, como inmobiliarias y otros intermediarios. "Aún no sabemos exactamente si serán facilitadores o serán otros escollos a superar en esta campaña", alerta.

Por otra parte, quienes optan por alquiler social, "sabemos por experiencia de otras campañas estatales, que la Sareb ofrece contratos con cláusulas abusivas que no son aceptables". "Por lo tanto, habrá que estar pendientes, sobre todo de las familias más vulnerables. Nuestro objetivo es que las vecinas tengan un contrato que les garantice una cierta estabilidad y que se puedan quedar en su casa sin una amenaza de desahucio", detalla Guillem. A menudo, "en estas circunstancias", lamenta Guillem, "la gente se ve obligada a aceptar cualquier cosa que le plantees para no quedarse en la calle".

De hecho, en todo este largo proceso, ha habido familias que han cedido a las presiones de la Sareb y han acabado marchándose para evitar, "muy legitimamente", un posible desahucio violento. "Da rabia, porque les regalas un piso con el que poder especular", lamenta Guillem.

Los contratos de alquiler sociales, especialmente el de las familias más vulnerables, será la siguiente batalla a librar, y el sindicato ya ha dicho que está dispuesto a llegar y acompañar a las familias afectadas hasta el final.