"Sí, en efecto, fui reemplazado como jefe de la comisaría de policía de General Luna el pasado mes de marzo", confirmó este miércoles al diario Público el oficial de policía investigado por la Justicia filipina como supuesto cerebro del operativo que terminó con la ejecución extrajudicial del gallego Diego Bello Lafuente. El capitán, sustituido por Alex Celiz, no precisó las razones por las que fue apartado de su cargo catorce meses después de la muerte del surfista coruñés, pero desmintió que hubiera sido ascendido o que, tal y como se rumoreaba, hubiera sido asignado a la División de Inteligencia de la Policía de Mindanao. "No ha sido una promoción porque la responsabilidad que desempeño está dentro de mi rango de capitán de policía", precisó. "Ahora estoy completamente centrado en la batalla legal que tenemos por delante".

En efecto, Vicente 'Wise' Panuelos se halla en el ojo del huracán de unas diligencias preliminares puestas en marcha por la Justicia de su país que le sitúan en el corazón de la trama policial que desencadenó la muerte de un empresario gallego afincado en el municipio filipino de General Luna. El lunes pasado vencía el plazo para que el oficial diera su versión de los hechos sobre la ejecución extrajudicial de Diego. Sin embargo, el capitán se ha limitado a presentar una declaración jurada ante la Embajada española en la que mantiene su inocencia.

Panuelos trata de ganar tiempo

En tal sentido, Panuelos ha asegurado a Público que no responderá a todas las acusaciones que se le dirigen hasta que no reciba una copia formal de las mismas por los cauces debidos. Amparándose en un error de tramitación, Panuelos y los otros dos sargentos acusados han eludido responder en detalle a las preguntas para ganar algo de tiempo mientras preparan su defensa, completamente acosados tanto por la Prensa como por la propia Justicia filipina. "No hemos recibido todavía ni la copia real de la denuncia ni sus anexos, pero para cumplir con la orden de citación que nos entregaron, hemos presentado nuestra contra-declaración jurada ante el fiscal y el denunciante", ha precisado a este digital el capitán de policía.

Panuelos afirma que responderá "de todas las acusaciones y cuestiones planteadas en la denuncia" una vez se les remita el documento. Esa es también la postura de los otros dos sargentos investigados por la fiscal filipina Honey Delgado como coautores del asesinato de Bello, −Ronel Azarcon Pazo y Nido Boy Esmeralda Cortés−, quienes también presentaron un escueto documento alineado con los argumentos de Panuelos y básicamente idéntico al atestado que el oficial firmó en su día.

A juicio del capitán de policía, las versiones extendidas por algunos medios españoles de comunicación se "hallan alejadas de la realidad y muy lejos de la verdad". ¿Cual es entonces "la verdad" de Panuelos y cuáles son esas evidencias incuestionables que, según dijo en su día, acreditaban que Diego Bello Lafuente era un "peligroso narcotraficante" al que abatieron en defensa propia mediante un uso legítimo de la fuerza? El coruñés murió acribillado a los 32 años de edad el 8 de enero de 2020 a las puertas de su domicilio, en el barangay o barriada número 3 del municipio de General Luna (Surigao del Norte, Filipinas), como consecuencia de seis impactos de bala disparados por agentes de policía, dos de ellos mortales de necesidad.

Cuarenta y ocho horas después de su fallecimiento, el cónsul general de España Fernando Heredia Noguer viajaba desde Manila hasta la isla de Siargao para interrogar al capitán acerca de lo ocurrido. La versión que proporcionó entonces Panuelos al diplomático español es esencialmente la misma en la que ahora se reafirma: un confidente policial cuya identidad no ha revelado les aseguró que el gallego vendía drogas y organizaron un simulacro de adquisición de cocaína. En su primera declaración jurada de 2020, Panuelos mencionaba a Pazo como el sargento al que se encomendó "hacer una compra de prueba de cocaína" al empresario gallego el 30 de diciembre de 2019. Es decir, antes de la encerrona donde perdió la vida. Supuestamente, le incautaron diez gramos de esa sustancia.

Las pruebas que tenía no aparecen

Según la versión jurada a la que se aferra Panuelos, a raíz de ese simulacro de adquisición, su comisaría se coordinó con la Compañía del Batallón de Fuerza Móvil Regional (RMFB) y la oficina provincial de Surigao del Norte de la Agencia Filipina Antidrogas (PDEA) para organizar una nueva transacción, el operativo en el que el surfista perdió la vida. El capitán ha asegurado que asignó a Nido Boy Cortes a la operación "como oficial de arresto y registro". Pazo fue también, al decir de Panuelos, el agente que vigilaba la salida de la Santa, restaurante propiedad de Diego, y que siguió al gallego hasta su casa el 8 de enero para comprarle cocaína, mientras el capitán observaba la transacción "en una zona oculta". Supuestamente, Diego se resistió al arresto y salió huyendo en dirección a un muro sacando un arma del calibre 45, momento en que los agentes dispararon en defensa propia.

El hasta hace ocho meses responsable de la comisaría de policía de General Luna llegó incluso a insinuar el pasado año que el empresario gallego, dueño de varios negocios en la isla donde se asentó tres años antes de su muerte, podía estar vinculado con la presencia de fardos de cocaína que habían sido arrastrados hasta la costa de Siargao por las corrientes marinas, extremo que posteriormente se demostró infundado y absurdo. Los propios responsables policiales de Manila aseguraron que los fardos que lavaron el litoral de Siargao y de otras islas filipinas del este del Pacífico no estaban destinados al consumo interno.

En Filipinas se consume cocaína, aunque las drogas más extendidas son la marihuana y una variedad local de metanfetamina conocida como shabu. A pesar de ello, hallazgos de paquetes de cocaína son habituales no solo en Filipinas, sino en remotos enclaves del Pacífico como las islas Marshall. Se da por cierto, en primer lugar, que han llegado hasta allí tras desanclarse de las redes donde los narcos las fijaron o tras una huida ocasionada por la aparición de un guardacostas. Su destino lógico y natural podría ser Australia o Nueva Zelanda y en el peor de los escenarios, las islas Filipinas serían el lugar de encuentro transoceánico donde se efectúan los transbordos de la mercancía.

En realidad, no hay nada en la versión proporcionada por la Policía que haya resistido las investigaciones independientes realizadas con posterioridad. Un riguroso informe de una comisión filipina de Derechos Humanos desmontó semanas más tarde de la muerte de Diego con testimonios de testigos, pruebas de balística y rigurosos datos forenses la versión del agente o agentes que le descerrajaron seis balazos el 8 de enero del pasado año, cuando se disponía a entrar a su vivienda de General Luna, de regreso del trabajo, mientras su novia Jinnah le aguardaba con su hija en el interior de casa. Las conclusiones de esa investigación han sido reforzadas más recientemente por un informe del National Bureau of Investigation (NBI) de Filipinas en el que, en efecto, se acredita que ni la pistola que supuestamente llevaba Diego le pertenecía, ni portaba una riñonera con cocaína o un arma al abandonar un restaurante de su propiedad llamado La Santa, tras y como reveló la cámara de vigilancia de ese negocio. La pistola cuya propiedad le atribuían ha sido rastreada y estaba registrada a nombre de un ciudadano de Manila con quien Diego no tenía ningún vínculo. Nada le conecta al arma.

Se han quedado solos

Panuelos y los dos sargentos se han quedado ahora completamente solos. Su versión de lo ocurrido ha sido cuestionada incluso por la PDEA, que niega haberse coordinado con su equipo para asistirles en el operativo. Existen testigos de que los agentes que ejecutaron al gallego no solo no le increparon sino que dispararon a matar deliberadamente y sin aviso previo. Ni la novia de Diego ni sus vecinos escucharon provocación alguna ni nada diferente al sonido de las balas que acabaron con su vida y una voz que afirmaba: "No, por favor, señor". Bello ni siquiera aparecía en la lista de traficantes y consumidores de droga del alcalde del barangay o barriada.

Tampoco la autopsia que se le practicó halló en su cuerpo rastros de consumo de sustancias durante los seis meses precedentes a la fecha de su asesinato. Los forenses no detectaron pólvora en sus manos. En la única lista de narcotraficantes que aparece es en la del propio Panuelos.

La trayectoria de las balas revelada por la autopsia sustenta asimismo la idea de que fue simplemente ejecutado, lo que corrobora la versión de varios testigos de los hechos que afirman desde el primer momento que jamás hubo una amenaza por parte de la víctima ni nada que justificara su asesinato. Tal y como reconoció este miércoles a Público el capitán, no hay nada todavía en esa declaración jurada presentada el lunes en la embajada que refuerce su tesis o que ayude a disipar las dudas sobre su conducta o a descartar las acusaciones de asesinato dirigidas tanto contra él como contra Pazo y Cortés. "Mi principal preocupación ahora es defenderme y hablaré cuando y ante quien considere apropiado", precisó a este diario. El policía sigue manteniendo que dispone de respuestas e insiste en que su intención era "solo arrestarlo", tal y como le dijo al cónsul Heredia en enero de 2020.

Ni Panuelos ni los dos sargentos han sido imputados todavía porque las diligencias en curso tienen un carácter preliminar. Lo que trata de dirimir ahora la Justicia filipina es si existen elementos suficientes para enjuiciarlos por violar el Artículo 248 del Código Penal Revisado (esto es, por asesinato); por perjurio (artículo 183 del RPC) y por plantar evidencias, de acuerdo a la Sección 38 de la Ley de la República No. 10591 o la Ley de Regulación Integral de Armas de Fuego y Municiones de 2013.

La "ejecución extrajudicial" de Diego Bello −así es como califica lo ocurrido la comisión de Derechos Humanos que investigó lo acaecido− fue llevada a cabo de acuerdo al típico modus operandi de los escuadrones de la muerte alentados y auspiciados por Rodrigo Duterte. De acuerdo a ciertas estimaciones oficiosas, en torno a 30.000 personas han sido asesinadas en la antigua colonia española bajo el paraguas de la guerra sucia contra la droga apadrinada por el presidente del país, cuyo mandato debería terminar en breve. Diego es el único extranjero, y occidental, asesinado hasta la fecha.

El único caso europeo de "tokhang"

En vísperas de las elecciones, el Departamento de Justicia filipino ha decidido comenzar a investigar 52 casos de "tokhang", denominación cebuana de los asesinatos extrajudiciales. ¿Por qué el del coruñés se halla entre ellos? Según el secretario de Justicia filipino, Menardo Guevarra, el embajador español en Filipinas ha hablado dos veces con él sobre el caso de Bello Lafuente, para solicitar que se esclarezca lo ocurrido. "Vino a verme dos veces por este caso que había llamado la atención del público en España", asegura Guevarra.

A finales de 2020, una comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español decidió por unanimidad solicitar a los filipinos que promuevan una investigación imparcial sobre la identidad de los delincuentes. No es habitual que los diputados de todos los grupos parlamentarios apoyen en bloque una proposición de ley (a la que no se aceptaron enmiendas), pero en este caso había sobre la mesa elementos que consolidan la idea de que fue un montaje burdo que trataba de presentar un crimen atroz efectuado a quemarropa como un acto de defensa propia.

Tras sus conversaciones con el diplomático español, Guevarra ordenó al NBI que investigara si procedía la apertura de una causa penal contra los policías implicados en el incidente. Ese es justamente el proceso en el que se hallan ahora inmersos tanto Panuelos, como Pazo y Azarcon. Estos dos últimos son mencionados más de cuarenta veces como los agentes utilizados por Panuelos para el simulacro de venta de droga, aunque el escueto atestado policial del capitán no determina quién o quiénes fueron los autores de los disparos que terminaron con la vida del gallego. Si finalmente se les imputa, y todo apunta a que así va a suceder, la familia de Diego proyecta presentarse como acusación particular. En el intento de sostener esa cara batalla legal, se encuentran recabando fondos con la ayuda de la ciudadanía, que se ha volcado con la memoria de Diego y apoya masivamente a la familia en sus reclamaciones de justicia.

Un siniestro australiano

Los allegados de Diego no descartan que existan otros implicados y desean que la Justicia filipina investigue a todas las personas con las que el coruñés y sus socios habían tenido encontronazos. Se sabe, por ejemplo, que 'Migz' Villafuerte, el gobernador de Camarines Sur (provincia situada en la región de Bícol de la que también es oriundo Panuelos), llegó incluso a amenazar de muerte al gallego y sus socios, en presencia de un amigo del coruñés llamado Arturo. No obstante, existen otras personas del municipio enemistadas con los españoles que, a juicio de la amiga de la víctima, Rebeca Díaz, deberían ser investigados. A medida que se conocen los detalles de la vida de Diego y el resto de los españoles en la isla, se abre paso una hipótesis que Díaz desea que se investigue. A su juicio, en la isla de Siargao había un clima, en general, de animadversión hacia los extranjeros y, en particular, de recelo hacia Diego, a quien envidiaban por su juventud y sus éxitos empresariales. Eso creó, a su parecer, un estado de opinión que, combinado con el contexto de impunidad del que se beneficia la policía de Duterte, pudo alentar a Panuelos a preparar el crimen con la intención de beneficiarse y "colgarse una medalla".

El Depor apoya a Diego y su familia

Por otro lado, la Plataforma Xustiza para Diego, ha informado de que el próximo domingo, 28 de noviembre, coincidiendo con el partido de fútbol que a las cinco de la tarde enfrentará al Real Club Deportivo, del que Diego era miembro, y al Atletic B, se activará de nuevo una campaña solidaria para recaudar fondos que ayuden a la familia a hacer frente a la guerra judicial en la que están inmersos. En el transcurso del evento, se venderá un CD con la canción 1906, considerado el himno oficioso del Deportivo. El disco compacto podrá adquirirse en una caseta situada en las proximidades de la tienda del club.