El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de la futura Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, que es "pionera en Europa". El texto aúna varios aspectos hasta ahora regulados de forma fragmentada, como la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, el derecho a ser informado de la acusación y a no declarar contra uno mismo, entre otros.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha anunciado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la norma busca "conseguir que las personas conozcan el verdadero y completo alcance que tiene el derecho a la defensa, así como que exista una guía de actuación para los operadores jurídicos".

El texto forma parte del "gran plan de modernización de la Justicia" y desarrolla las garantías jurídicas del sistema español. La defensa es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución, pero su regulación hasta ahora ha sido fragmentada y escasa, ha explicado Llop.

La ministra también ha recordado que cualquier ciudadano puede verse envuelto en un proceso judicial y "el derecho de defensa no puede depender del bolsillo de cada uno, de su situación social ni del lugar donde viva". Además, ha añadido que "sin Justicia no hay cohesión social ni territorial".

Refuerzo del estado de derecho

"Reforzamos el estado de derecho porque desarrollamos uno de los derechos fundamentales pendientes de desarrollo", ha señalado la titular de Justicia. La norma pretende guiar la actuación jurídica en materia de derechos y deberes de la Abogacía, así como garantizar el acceso libre a los tribunales o regular el derecho al secreto profesional.

Como novedad, el anteproyecto reconoce la posibilidad de cualquier ciudadano de solicitar un registro por escrito del contrato de servicios jurídicos para la defensa durante un proceso judicial.