El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la nueva ley del aborto que permite la interrupción voluntaria del embarazo sin permiso paterno a menores a partir de los 16 años. "Eliminamos ese retroceso en derechos que el PP había implementado", dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo. Sobre la eliminación del plazo de reflexión de "al menos tres días" para las mujeres que deciden abortar, subrayó que supone un mensaje claro de que "el Estado respeta la decisión de las mujeres y no duda de su decisión".

Otro de los pilares de la ley es garantizar su prestación en los centros sanitarios públicos. "Cada centro y cada comunidad autónoma tendrá que garantizar que hay personal disponible para realizar una interrupción voluntaria del embarazo", aseguró la ministra de Igualdad. Con la nueva ley el aborto pasa a ser considerado siempre "un procedimiento sanitario de urgencia" y la red pública será la "red de referencia" para la práctica abortos. En la actualidad el 85% se realizan en centros privados y el Defensor del Pueblo denunció este mes de julio que no se practicó ningún aborto en los hospitales públicos de cuatro comunidades en 2020. 

Además del bloque "fundamental", en palabras de la titular de Igualdad, con los cambios respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, la ley plantea novedades que las organizaciones de planificación familiar y expertas en derechos sexuales y reproductivos llevan reclamando desde hace décadas.  Por ejemplo, la baja laboral por menstruaciones dolorosas: "Se acabó ir a trabajar con dolor", dijo Montero.

Otra de las novedades si la ley sale adelante es que los centros de salud podrán distribuir la píldora del día después de forma completamente gratuita. Se repartirán, también de manera gratuita, en centros educativos. Además, en "una lógica de corresponsabilidad", explicó la ministra, se hace una apuesta por el anticonceptivo masculino. 

Irene Montero, que la semana pasada celebró la aprobación definitiva de la ley del 'solo sí es sí', dejó claro que los derechos sexuales y reproductivos "son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país" y subrayó que "el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo es parte del derecho a la salud y la puerta de entrada para el ejercicio de otros muchos derechos y de la posibilidad de decidir nuestros proyectos de vida".

Ahora el texto será enviado al Congreso de los Diputados para negociarlo con los grupos, donde, seguramente, se incluyan modificaciones. La derecha ya ha mostrado su rechazo a la propuesta del Gobierno. A pesar de que Igualdad prevé un trámite parlamentario intenso, Montero aseguró que su intención es aprobarla de forma definitiva antes de que acabe el año.