La ley orgánica de educación (LOMLOE), que elaboró el Gobierno de coalición anterior de PSOE-Unidas Podemos, bajo la dirección de la exministra Isabel Celáa (PSOE), y aplica ahora el departamento de Pilar Alegría (PSOE), prohíbe que los colegios financiados total o parcialmente con fondos públicos segreguen al alumnado por sexos.

Desde su entrada en vigor en enero de 2021 —se ha aplicado luego escalonadamente— la norma ha logrado que estos centros, fundamentalmente de ideario católico, se reduzcan a la mitad, según las estimaciones que aportan a Público fuentes del ministerio de Educación.

Educación maneja el dato de los centros segregadores concertados cuando entró en vigor la ley: eran 90, aseguran. En el ministerio aportan a Público una estimación: que la cifra hoy está "en torno a 45", según indican las fuentes consultadas por Público. "El control y seguimiento corresponde a las Comunidades Autónomas", puntualizan.

Este cálculo que suministra el Gobierno a Público va en la línea del rastreo por Comunidades Autónomas que publicó elDiario.es en febrero pasado, que señalaba que existían entonces 48 centros segregadores, y con uno previo de la Agencia EFE, de marzo de 2023, que indicaba que había entonces 51 y que la cifra ya se había reducido en un 42% desde el arranque de la LOMLOE. 

Esperar a que termine el concierto

IU presiona al Gobierno con este asunto. Toni Valero, diputado de Sumar en el Congreso y coordinador de IU en Andalucía, comunidad donde existen aún nueve colegios concertados que segregan por sexo, según los datos del sindicato USTEA, ha registrado una pregunta para saber por qué la ley educativa no se aplica al 100%.

"La organización católica Opus Dei —escribe Valero en su pregunta al Gobierno— es dueña en España de una red educativa que factura conjuntamente cerca de mil millones de euros al año, siendo sus cuatro principales empresas Fomento de centros de enseñanza, Attendis, COAS y la Institució Familiar d'Educació". 

"Muchos de estos centros educativos, financiados con cientos de millones de euros públicos a través de los conciertos educativos son segregados por sexo", agrega Valero.

La LOMLOE recoge lo siguiente: "Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas [...] y no separarán al alumnado por su género".

En el ministerio de Educación exponen a Público que "la LOMLOE efectivamente prohíbe taxativamente que haya centros financiados con fondos públicos que segreguen por sexos". Sin embargo, añaden, "hay sentencias judiciales que dicen que los conciertos no se pueden suspender a la mitad". Por tanto, "para eliminar la subvención, hay que esperar a que acabe el concierto". Normalmente, estos tienen una duración media de seis años.

Maniobras del PP

La Comunidad de Madrid, antes de que entrara en vigor la ley, amplió los conciertos para que estos pudieran mantenerse al menos hasta el año 2027. Fue una maniobra del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) para sortear los efectos de la LOMLOE. 

En Andalucía, hay nueve colegios que segregan, según el sindicato USTEA. "No podemos permitir que se continúe financiando a los colegios segregados. La Junta de Andalucía hace la vista gorda con estás instituciones vinculadas a las patronales católicas y que se alejan de un modelo de sociedad y de unos valores democráticos como son el feminismo, la diversidad LGTBI+ y que además de segregar por sexo también lo hacen por escala social", apunta Francisco Fernández, de USTEA.

"De los más o menos 45 centros —añaden las fuentes ministeriales consultadas por Público— que quedan hay algunos que lo que han hecho es juntar sexos por los cursos inferiores. Empiezan por infantil y mantienen la segregación en aquellos casos que los chavales empezaron de manera segregada". A estos el ministerio los considera segregadores, pero si continúan con la dinámica, en unos años, dejarán de serlo.

El Constitucional avala

Una sentencia del Tribunal Constitucional avaló en 2023 —por mayoría, con cuatro votos discrepantes— la LOMLOE, que había sido recurrida por Vox, también en este punto de la prohibición de la segregación por sexos en los centros que reciben dinero público.

Así lo recoge el tribunal en una nota informativa: el TC "ha examinado si la prohibición de financiar públicamente la educación diferenciada es contraria a la igualdad o a algunos de los derechos educativos y concluye que no lo es". 

Para los magistrados, "la diferencia de trato que establece [la ley] entre los centros educativos que separen al alumnado por razón de su género, a efectos de poder ser financiados total o parcialmente por
fondos públicos, responde a una concepción ideológica del sistema educativo que, no solo no puede ser tachada de arbitraria, sino que, además, está inspirada en valores constitucionales".