Este lunes 2 de diciembre el Senado será escenario de la VI Cumbre Transatlántica organizada por la Red Política de Valores, un evento con una agenda marcada por su ideología antiabortista y reaccionaria. En un contexto plenamente condicionado por el auge de discursos ultraconservadores, este encuentro representa un cuestionamiento más contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. "No es solo un acto polémico; es un atentado contra derechos humanos fundamentales", advierte en una conversación con Público María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de Derechos Humanos y eurodiputada durante la pasada legislatura en la Izquierda Europea.

La cumbre no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de un entramado internacional que busca normalizar ideas retrógradas, como las leyes de "latido fetal" o la criminalización de los derechos LGTBI+, como ya ocurre en las zonas "libres de ideología de género" en Polonia. Estas políticas han sido respaldadas por gobiernos como el de Orbán en Hungría, donde se reformó la Constitución para restringir el matrimonio a uniones entre hombres y mujeres.

"Dar cabida a discursos misóginos y LGBTIfóbicos en una cámara como el Senado, que representa a toda la ciudadanía, es una afrenta a la democracia", denuncia con severidad Rodríguez Palop. "Es inaceptable que se utilicen fondos públicos para financiar un evento que atenta contra los principios básicos de nuestra legislación", subraya la profesora.

El derecho al aborto, aunque no reconocido como fundamental de manera autónoma en la Constitución española, "se sustenta en derechos como la vida, la salud y la integridad física". Por lo que esta cumbre, añade Rodríguez Palop, "socava no solo las libertades conquistadas, sino también el espíritu de nuestras leyes".

El movimiento feminista no se ha quedado inmóvil frente a este despliegue ultraderechista. De hecho, desde la asociación Feminismos Tetuán se ha hecho una llamada a la acción a través de una concentración convocada frente al Metro Ópera a las 8.00 horas de este lunes. "No podemos permitir que las instituciones públicas se conviertan en altavoz de mensajes que criminalizan a las mujeres y restringen su autonomía. Salgamos a las calles a defender nuestros derechos", proclaman en declaraciones para Público desde la Comisión del Aborto de Madrid, que también apoyarán la protesta.

La Red Política de Valores tiene entre sus filas a figuras abiertamente extremistas como José Antonio Kast, defensor de la dictadura de Pinochet en Chile; o Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior durante los Gobiernos de José María Aznar. Entre las ponentes confirmadas se encuentra, por ejemplo, Lucy Akello, una diputada de Uganda que apoya la pena de muerte contra homosexuales. También figuraba hasta el pasado miércoles George Peter Kaluma, un parlamentario de Kenia que considera la homosexualidad un pecado y una perversión, y que defiende la cadena perpetua para los hombres gays y las mujeres lesbianas. No se trata de casos aislados, sino de una tónica general.

La celebración de este evento ultra en la Cámara Alta fue aprobada por unanimidad de la Mesa del Senado, con cuatro votos favorables del PP y tres del PSOE. Si bien el Grupo Socialista exigió a posteriori junto al BNG, ERC, EH Bildu, PNV y la Izquierda Confederal que se prohibiera la realización de la cumbre.

Sin embargo, la mayoría conservadora de la Mesa del Senado decidió el pasado martes, 26 de noviembre, no admitir a trámite las dos mociones registradas conjuntamente por estas formaciones para frenar su celebración. Un hecho que los firmantes consideran "impropio de un órgano democrático". Los grupos critican que los populares hayan vetado "el sentir mayoritario de la sociedad y que constituye la defensa de la legislación vigente". 

Además, consideran que la decisión del PP "contraviene los argumentos que la propia presidenta de la Comisión de Igualdad de la cámara territorial –miembro del Partido Popular–", quien señaló durante la reunión de la mesa y portavoces de dicho organismo, celebrada el pasado 9 de octubre, "que dicha comisión es el órgano en el que se debería dar el debate". 

Desde SEDRA, la Federación de Planificación Familiar, también se pronunciaron al respecto hace unas semanas. La organización considera que "la creciente presencia pública de estos grupos debe ser respondida con acción política y pedagogía por parte de todos los sectores que, desde el respeto a la democracia y la libertad, reconocen e incorporan a la vida personal y social el respeto a la vida digna". 

En este sentido, Raquel Hurtado, portavoz de la asociación, puso de relieve que "la mayoría de la población española está alineada con estos derechos, que además están recogidos en la ley del aborto, por lo que es labor de las instancias públicas darlos a conocer y velar por su cumplimiento".