El texto del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada ha recibido varias críticas por parte de grupos afectados, como historiadores, investigadores y periodistas. Ahora, la Plataforma Por la Libertad en Internet (PLI) ha publicado un documento [íntegro al final de esta crónica] con sus alegaciones que resume las principales preocupaciones que surgen a raíz de esta propuesta de Ley: los plazos de desclasificación automática de documentos son demasiado largos, es un texto con un peligroso exceso de ambigüedades y contiene además una clara amenaza a informadores y periodistas en su articulado.

De esta forma, la PLI ha apurado el plazo para presentar comentarios a esta norma ("excepcionalmente corto, siete días hábiles", afirman desde esta plataforma), en los que recuerda, en primer lugar, que "las vulneraciones de DDHH y los delitos no pueden ser clasificados como secreto de Estado según los acuerdos internacionales a los que España está sujeta", algo que la norma no prohíbe explícitamente.

Para la secretaria general de la PLI, Yolanda Quintana, "los estándares internacionales imponen que la regulación de los secretos de Estado sea la mínima necesaria para salvaguardar la seguridad nacional, y exigen además que el daño se concrete".

"Esta limitación aplica tanto a los plazos para desclasificar información secreta (que son mucho menores a los 50 años que contempla el anteproyecto) como a las materias que pueden ser objeto de esa protección, o a las autoridades con capacidad de clasificar información", añade esta portavoz de la PLI en un comunicado, en el que subraya que "en el anteproyecto aprobado por el Gobierno nada de esto se está respetando". "Es una norma demasiado restrictiva para una democracia", insiste Quintana, en conversación telefónica con Público.

Por ello, la plataforma propone que la futura norma -que debería ser una Ley Orgánica, a juicio de la PLI- recoja expresamente la prohibición de clasificar como secreto oficial o de Estado cualquier "información relativa a violaciones de la ley o de los derechos humanos, mala administración o errores administrativos, amenazas a la salud pública o al medio ambiente, la salud de funcionarios electos, información estadística, socioeconómica o cultural, información científica básica, o la que sea meramente embarazosa para individuos u organizaciones", tal como recomienda la OSCE, que además recomienda un plazo de caducidad para los secretos oficiales de 15 años.

"Barra libre"

Como ya adelantó Público, el texto está lleno de ambigüedades y generalidades que otorgan a los organismos públicos bastante poder para esconder documentación al clasificarla; por ejemplo, según el texto propuesto por el Gobierno podrán clasificarse informaciones de "cualquier otro ámbito cuya salvaguarda requiera de la más alta protección"; esto "no es otra cosa que una 'barra libre' para clasificar información", añade la secretaria general de la PLI.

Por ello, este grupo de expertos pide un organismo independiente de control y supervisión —que no forme parte de los servicios de inteligencia, militares o de seguridad— en lugar de dejar las capacidades en materia de clasificación en manos de diversos departamentos. No obstante, la norma propuesta prevé trasladar las competencias de custodia del material clasificado a un organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia.

Por último, la PLI destaca "la amenaza que esta ley representaría para periodistas y fuentes de aprobarse el articulado actual". Quintana afirma que "una forma de censura típica de los regímenes autoritarios son las leyes de secretos de Estado, que también se usan para perseguir a periodistas". Para ella, una democracia debe distinguirse precisamente por minimizar este tipo de restricciones en el nombre del interés público.

Texto íntegro de las alegaciones presentadas por la PLI