"El primero que se está saltando la ley es el Gobierno socialista en este momento". Así de claro cuenta a Público la capitana retirada del Ejército retirada Lourdes Cebollero, conocida por ser una de las pocas personas que se han atrevido a informar de irregularidades en el seno de los ejércitos y que sigue luchando en los tribunales contra quienes la convirtieron de víctima a acusada. Todo ello, en un contexto en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha abierto el melón de la Ley de Secretos Oficiales, al proponer un anteproyecto de Ley que por primera vez pone plazos a la desclasificación de documentos.

Como recuerda la propia Lourdes Cebollero, "la Ley de Secretos Oficiales 9/1968 ya otorga a la materia disciplinaria militar la condición de materia clasificada de tipo reservado y por lo tanto protegido frente al conocimiento de terceros, por eso nunca salen a la luz pública". Concretamente, existen acuerdos del Consejo de Ministros dictados sobre la materia, entre ellos uno sobre protección de la documentación clasificada de Defensa, de 28 de mayo de 1985, y  otro por el que se clasifican determinados asuntos y materias de 28 de noviembre de 1986, que otorga la clasificación de "reservado" a todos los documentos disciplinarios.

Precisamente, lo que lleva años reivindicando Cebollero es que se facilitó la información de la denuncia a los interesados "contra los que nunca se llegó a abrir expediente administrativo, por lo que no se les puede conferir el derecho a la defensa". Algo que, según señala esta capitana retirada, también viola Ley Orgánica de Igualdad (que otorga el carácter confidencial a las denuncias de género) y la Ley Orgánica Disciplinaria Militar.

El Gobierno ha lanzado a la opinión pública su proyecto para actualizar la ley franquista de secretos oficiales de 1968, que prevé que las materias clasificadas deje de serlo con el paso del tiempo. Sin embargo, el Ejecutivo se ha saltado la norma actual, más restrictiva, cuando le ha convenido, especialmente mediante filtraciones de información reservada "por descuido" y, notablemente, cuando se tiene que defender de un informante de corrupción.

¿Qué seguridad puede tener un ciudadano informante de una mala práctica o infracción con el contenido del anteproyecto de Ley de Información Clasificada? Vistos los antecedentes, poca. Pero si encima el o la informante es militar, entonces cae un velo de opacidad tras el cual los mandos pueden considerar o no información clasificada según les convenga. Además, no hay ninguna instancia que vigile este tipo de comportamiento.

Cebollero, denunciante de acoso en el Ejército, estuvo precisamente 18 años trabajando como instructora, tramitando expedientes y materias reservadas; ella sabe perfectamente de lo que habla.

En su día ella presentó dos partes de acoso tratados como como documentos reservados, protegidos, encriptados y absolutamente blindados. Por contraste, la resolución de su caso fue publicitada. Por si fuera poco, las resoluciones disciplinarias son irrecurribles: "Como la denunciante está atada de pies y manos, debe conformarse con ilegalidades como las que he sufrido".

Dice la resolución, firmada por el entonces subsecretario de Defensa Alejo de la Torre (número tres del Ministerio de Defensa), que la denuncia por acoso no está protegida ni es materia clasificada. "Esto es absolutamente falso", exclama Cebollero. La resolución (publicada integra al final de esta información) añade que se entregó el contenido de esa denuncia a los entonces denunciados para que se defendieran. "¿Pero qué derecho a la defensa invoca si ni siquiera hubo nunca procedimiento contra los denunciados?", se pregunta la militar retirada.

Materia reservada: ahora sí, ahora no

"En mi caso, cuando me denuncian tras haber señalado una clara situación de acoso, Alejo de la Torre llega a afirmar que una sanción disciplinaria militar no es materia reservada", insiste Cebollero, quien continúa con su lucha en los tribunales ordinarios en la que denuncia ésta y otras situaciones irregulares.

Tal y como lo cuenta la ex capitana, cuando decide denunciar por acoso de género se genera automáticamente un expediente disciplinario, que a su vez recoge información previa —documentos que preparan, desarrollan o concluyan cualquier cuestión disciplinaria— que está protegida por la actual Ley de Secretos Oficiales.

"Esto claramente es una salvaguarda que viene de la época franquista, en la que ciertos militares estaban sobre protegidos por este secreto, pero al Ministerio de Defensa no le gusta que se ponga esta etiqueta a ese tipo de comportamientos", apunta.

La causa militar está cerrada para Cebollero. "Al final, lo que hay es una resolución de un subsecretario que dice que la denuncia de acoso no está protegida, cuando sí lo está y por varias normas: desde el protocolo que existe para estos casos hasta la mencionada Ley de Secretos Oficiales", resume esta denunciante.

"Cuando yo denuncio que me imputan penalmente por mi propia denuncia de género que ha sido filtrada a la otra parte, el señor Alejo de la Torre dice que lo que entregó a la otra parte no era materia protegida; pero es que sí lo es, es documento clasificado". "Y por supuesto", añade, "este señor miente cuando niega la clasificación de esos documentos, precisamente para proteger a a otra parte".

Por tanto, ahora que toca hablar de una nueva norma que regulará la información clasificada, existe una ausencia que brilla con luz propia. "Nadie fiscaliza ni controla la acción de estos jurídicos militares del Ministerio de Defensa", lamenta la ex capitán, "y oculto bajo la normativa de secretos nunca salen a la luz".