El Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que ha presentado el Gobierno pretende poner un tope máximo de caducidad de 50 años a los secretos del Estado, prorrogable 10 años más en el caso de material de "alto secreto", y además traslada la responsabilidad de velar por dichos secretos del Ministerio de Defensa al de Presidencia.

Con la reforma de una de las leyes franquistas en vigor más polémica, la de Secretos Oficiales de 1968, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende cumplir con una promesa reforzada tras el escándalo del uso del programa espía Pegasus y su consecuente crisis competencial.

Aunque esta modificación normativa se ha anunciado varias veces, la reforma de dicha ley franquista siembre había quedado guardada en un cajón, al menos hasta ahora, que arranca su tramitación parlamentaria una vez que aprobada por el Consejo de Ministros.

Así, Sánchez retoma un proyecto que tradicionalmente desde hace años impulsaba el grupo del PNV en el Congreso los Diputados. Sin embargo, y tal y como adelantó Público, los socios de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, presionarán para rebajar la fecha de caducidad de la reserva de los documentos.

¿Cuáles es el cambios más relevante que propone Moncloa?

Los "secretos" del Estado se dividirán en cuatro categorías en función de la protección que merezcan. De mayor a menor, serán "alto secreto", "secreto", "confidencial" y "restringido". En función de estas categorías, su desclasificación automática oscilará de los cuatro años -para la "información restringida"- y los 50 años -para el material calificado de "alto secreto"-, y podrá ser prorrogado 10 años más en el caso de la información más sensible para la seguridad del Estado.

¿Por qué la ley ahora en vigor se considera una "anomalía democrática"?

La norma actual data de 1968 y por tanto dictada durante el régimen franquista. La polémica Ley de Secretos Oficiales otorga al Gobierno un poder insólito en las democracias occidentales, ya que no se estableció plazo alguno para la descalificación automática de las materias reservadas; de este modo, la cancelación de cualquiera de las calificaciones sólo puede ser dispuesta por el órgano que hizo la respectiva declaración y cuando estime conveniente. Los "secretos de Estado" en España pueden ser, por tanto, eternos.

Asimismo, establece unas categorías en cuanto al material secreto más relevante, que puede ser calificado como "secreto" y "reservado", según decidan de forma exclusiva el Consejo de Ministros o la Junta de Jefes de Estado Mayor.

¿Qué materias pueden ser reservadas?

A falta de la publicación del texto del Anteproyecto, en principio cualquier materia que suponga una amenaza para la seguridad del Estado o para los intereses de España puede ser susceptible de ser "clasificada".

Actualmente, sólo puede clasificar como "secreto" y "reservado" el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes de Estado Mayor; esta facultad no puede ser transferida ni delegada.

Existen otros dos grados más de calificación, "confidencial" y "difusión limitada", que pueden utilizar los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, así como los más altos cargos militares de cada Ejército y en su conjunto, tal y como indica el CNI, responsable actual de custodiar la información "clasificada".

¿Cómo se podrá desclasificar un documento?

La potestad para la desclasificación de un documento o de una materia reservada antes de su caducidad queda, como hasta ahora, en manos del organismo que clasificó dicho documento o materia como tal. O sea, para los materiales sellados como "alto secreto" y "secreto", deberá ser el Consejo de Ministros el que decida si los  dichos secretos se desvelan o no antes de los plazos de caducidad que marca el texto del Anteproyecto.

¿Qué plazos se establecen?

A diferencia de la normativa franquista en vigor, que permite que los documentos secretos permanezcan clasificados de esta forma para siempre, ahora establece plazos que can desde los cuatro años para las materias calificadas como "restringidas" y con el menor nivel de protección, hasta un mínimo de 50 años para los grandes "secretos" del Estado, un plazo que, además, podría prorrogarse una década más.

Es decir, aunque la norma se apruebe rápidamente habrá que esperar como poco un lustro para poder acceder a la documentación secreta de la Transición democrática de España. También deberán esperar su turno otros asuntos como los GAL y el terrorismo de Estado, la lucha contra ETA en sus años más oscuros o el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

¿Qué autoridad será la responsable de la información clasificada?

La autoridad responsable de la custodia de la información clasificada en España pasa a integrarse en el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, actualmente liderado por Félix Bolaños. El Ejecutivo estima que esta competencia ha de estar "en ministerios transversales y de coordinación interministerial".

Hasta ahora, la custodia de los "secretos" del Estado eran competencia del CNI, descrito al Ministerio de Defensa, cuya actual responsable, Margarita Robles, ha dado el visto bueno a esta nueva ley que quita competencias a su cartera.

¿Cuándo entrarán en vigor estos cambios?

Con la aprobación de este texto en el Consejo de Ministros, arranca un largo recorrido hasta que la ley sea efectiva. Al tratarse de un Anteproyecto, normalmente se realiza una consulta pública, se redacta un análisis del impacto de la futura norma y reúnen los informes perceptivos para convertirse en un Proyecto de ley.

Según indica la Asociación de Periodistas Parlamentarios, de media, "un proyecto de ley tarda unos cinco meses desde que el Consejo de Ministros lo envía al Parlamento hasta que, aprobado definitivamente por el Congreso, sancionado y promulgado por el Rey y publicado en el BOE, se convierte en Ley".

¿Qué necesita el Gobierno para sacar adelante esta nueva ley?

Al tratarse de una Ley ordinaria, el Gobierno de Pedro Sánchez necesita tan sólo una mayoría parlamentaria simple para sacarla adelante. Mientras sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, ya han manifestado su intención de negociar a la baja la caducidad de las materias "reservadas".

¿Qué sucede en otros lugares?

Si bien el Gobierno insiste en que esta modificación responde a "los estándares que se manejan en el seno de la Unión Europea y de la OTAN", existe una variedad de plazos de caducidad de las materias "reservadas" o "clasificadas" según el país que se trate.

EEUU: Con carácter general, los documentos reservados dejan de serlo en 25 años, aunque hay excepciones en función del riesgo para personas y para la seguridad del Estado, cosa que ha de justificarse de manera clara y demostrable, según el Departamento de Justicia estadounidense.

El Consejo de Europa: Establece plazos de un año para desclasificar documentos "restringidos", 10 para los "confidenciales" y 30 años para los "secretos", también prorrogables.

Según datos recopilados por Newtral, en Francia la clasificación puede alcanzar entre 50 y 100 años; en Alemania, entre 30 y 60 años, en el Reino Unido 20 años y en Italia, entre 5 y 15 años.

Hay que tener en cuenta que cada país tiene su propio listado de clasificaciones y que prácticamente todos recogen excepciones para poder prorrogar el carácter "secreto" de la información. Pero son, precisamente, excepciones, no como sucede ahora en España, que la regla es que todo lo que es secreto lo es para siempre hasta que se desclasifica.