Eugenio Pino, máximo cargo policial —Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional— con Jorge Fernández Díaz de ministro y Francisco Martínez Vázquez al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad, declaró este miércoles como querellado en el Juzgado de Instrucción nº 33 de Madrid a raíz de la querella que el 1 de diciembre de 2017 interpuso contra él una periodista de este diario por un presunto delito de acusación y denuncia falsa. Únicamente atendió a las preguntas del juez, del fiscal y de su letrado, y se negó (está en su derecho de hacerlo) a responder a las cuestiones del letrado de Público.

Pino se encuentra inmerso en un viacrucis judicial: 

-Está imputado en la Pieza Kitchen de la macrocausa Tándem, que investiga una operativa ilegal para hacerse (o hacer creer que se hacían) con documentación de Luis Bárcenas con objetivos aún por determinar, aunque los indicios apuntan a un tejemaneje multicliente y multipropósito, como tantos proyectos en los que intervinieron el comisario José Manuel Villarejo y sus amigos. La operativa Kitchen se camufló bajo una apariencia de investigación policial oficial con un doble objetivo: tapar el asunto y a la vez disponer fraudulentamente de recursos policiales para la ejecución (agentes de la unidad de seguimientos de la Unidad Central de Apoyo Operativo, [UCAO]) y de fondos reservados para beneficio personal de quienes los recibieron. Se desconoce, por el momento, cuántas operativas similares adicionales han podido ser vestidas de investigación oficial con disposición asociada y fraudulenta de fondos reservados.

-Recientemente fue juzgado por la introducción de un pendrive en el Caso Pujol que podría haber causado la anulación de toda o buena parte de la causa de no ser por la pericia del magistrado José de La Mata. Fue absuelto, como el resto de procesados, debido a que la investigación del juzgado al que De la Mata derivó el asunto no atinó con el origen del contenido del dispositivo ni con el recorrido del mismo hasta su introducción subrepticia en el sumario.

-Está querellado por el inspector de Policía Rubén Eladio López, anterior jefe de la Comisión Judicial creada por el primer juez del Caso del Pequeño Nicolás y Grabación Ilegal al CNI para proteger la investigación de intromisiones de la cúpula policial a cuyo frente estaba Pino. El magistrado, en un movimiento infrecuente en la historia judicial española, prácticamente dijo que la cúpula policial no era de fiar en medio de un silencio mediático atronador y ordenó a los ocho agentes integrantes de dicha Comisión que solo le reportasen y obedeciesen a él. Apartó así a la unidad de Asuntos Internos del caso después de que Pino cesase a su entonces responsable, Marcelino Martín Blas, y nombrase al actual, Francisco Migueláñez, en su lugar. Tras ello, según un escrito del entonces jefe de la Comisión Judicial al entonces magistrado del Caso Nicolás —y que ha sido recientemente aportado al sumario de la causa Tándem—, dos miembros de dicha comisión sufrieron presiones del inspector Jesús Vicente Galán, recién adscrito a la DAO tras su paso por Asuntos Internos, quien les decía que actuaba por cuenta del "jefe supremo". El cambio de titular en el juzgado del Caso Nicolás trajo como consecuencia la disolución de la Comisión y el castigo a sus miembros que, no obstante, no se arredraron: hace dos años ya que el inspector Rubén Eladio López se querelló contra Pino y otros mandos por obstrucción a la justicia, acoso laboral y coacciones y amenazas durante la instrucción del Caso Nicolás. La querella recayó  por reparto en el Juzgado de Instrucción nº 49 pero, hasta la fecha, Pino no sido citado en calidad de nada. El procedimiento corre peligro de quedar en nada si sigue pasando el tiempo y los delitos acaban prescritos. 

Los orígenes de la querella de la periodista de 'Público'

Los hechos por los que la periodista de Público se querella contra Pino tienen origen en una querella anterior por parte de éste por la publicación, el 21 de enero de 2016, de una información titulada La cúpula policial filtra información a prensa afín para desprestigiar a Podemos y a Pablo Iglesias, con el siguiente subtítulo: "El ‘número dos’ de la Policía, el comisario Eugenio Pino, y el comisario José Villarejo se reunieron el pasado lunes para preparar el serial de reportajes que acusan a la formación morada de recibir millones de Irán y Rusia. Sus pesquisas sin orden judicial y sus filtraciones a Inda pueden constituir un delito de revelación de secretos".

El artículo informaba de una reunión que había tenido lugar el 18 de enero de 2016 en la sede de la Dirección Adjunta Operativa entre Pino, Eduardo Inda (director de la web Okdiario), José Ángel Fuentes Gago (jefe de gabinete de Pino), y Villarejo, haciendo notar que, al día siguiente, la web de Inda abría con una pieza sobre supuestos dineros recibos de Rusia por parte de la productora de un programa de televisión conducido por Pablo Iglesias.

En la información de Público se ponían en contexto ambos hechos secuenciales (la reunión y la publicación) con lo manifestado a este diario por fuentes policiales conocedoras de las prácticas de la cúpula: "Las reuniones de la cúpula policial con redactores son habituales, no sólo con Inda, sino también con otros periodistas que suelen ser beneficiarios de grandes exclusivas. En este caso, los periodistas que han publicado el falso informe de la UDEF [el "informe" PISA] son los convocados habitualmente por el DAO en su despacho".

En definitiva, Público avisaba ya en enero de 2016, de posibles maniobras orquestadas desde la cúpula policial, junto a periodistas escogidos, para acometer y/o dar seguimiento a la difusión de invenciones o informaciones de su interés. En este caso, invenciones contra el partido político Podemos, nunca avaladas siquiera por ninguna investigación judicial.

Tras esta publicación, Eugenio Pino se querella (vía penal, por tanto) contra Público y contra la periodista firmante de la información por la supuesta comisión de un delito de calumnias con publicidad, imputando a la autora el haber atribuido en falso y al entonces todopoderoso DAO la comisión de un presunto delito de revelación de secretos [filtrar datos, verdaderos o falsos, a periodistas].

La web de Inda alumbró 17 piezas más entre el 12 de enero y el 10 de abril de 2016. Todas ellas relativas a supuestas financiaciones irregulares de Podemos, desde Irán, Venezuela o incluso Rusia, y al contenido del falso informe cortapega PISA (Pablo Iglesias SA) contra la formación morada y, especialmente, contra la figura de su líder, de cuya falsedad informaba la misma periodista —también en primicia— solo seis días antes, el 14 de enero. Con respecto de este Informe PISA, esos días la web de Inda difundía fragmentos de una primera versión de 39 páginas en la que se habían usado datos de movimientos de cuentas bancarias de Pablo Iglesias  que figuraban en la tarjeta sustraída a Dina Bousselham el 1 de noviembre anterior (curiosamente dichos datos desaparecen en la versión que se envía al Tribunal de Cuentas, que tenía cinco páginas menos). 

Pino se echa atrás al abrirse la puerta a posicionar su teléfono y el de los periodistas

La querella de Pino cayó por reparto en el juzgado de instrucción nº 3 de Madrid, dando lugar al procedimiento abreviado 107/2016 de 7 abril de 2016. Se solicitaba la citación de la periodista en calidad de investigada.

Se archiva en primera instancia el 14 de junio siguiente. La juez instructora dictaminó que, tanto de la declaración de la periodista como de la documentación aportada, "no era arriesgado en absoluto adivinar [para cualquier lector informado, remacha en otro párrafo] de dónde procedía la filtración y por ello no puede estimarse una invención ni una fábula la información facilitada en el artículo al que se refiere la querella, ni que dicha información respondiera a supuestos increíbles".

Tras ello, Pino recurre en apelación a la Audiencia Provincial, que estima su recurso el 12 de septiembre de 2016, ordenando la continuación de la causa. Sin embargo, sorpresivamente, 14 días más tarde (el 26 de septiembre) Pino desiste de su querella, explicando "que se había jubilado y que sus circunstancias personales habían cambiado". Lo cierto es que la continuación de la causa abría la puerta a la práctica de las diligencias que la periodista había solicitado antes del archivo: imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la DAO así como el posicionamiento telefónico de Eugenio Pino y de los periodistas en los días en cuestión.

La querella contra Pino por acusación y denuncia falsa se presenta en diciembre de 2017. Y se admite... en junio de 2020

El 1 de diciembre de 2017, archivado el anterior procedimiento por renuncia de Pino, la periodista formula querella a su vez contra él por acusación y denuncia falsa. El equipo jurídico de Público considera que la personación de Pino en marzo de 2017 como testigo en defensa de Inda —y a propuesta de éste— en el procedimiento que se abre a raíz de una demanda de Pablo Iglesias por lesiones a su honor, constituye una suerte de admisión de su papel de fuente de Inda con relación a lo publicado contra Podemos al menos. En la querella se pidió que se practicasen la diligencias que quedaron pendientes por el desestimiento de Pino. 

La querella recae por reparto en el juzgado de instrucción nº 33 de Madrid y, tras archivarse en julio de 2019, recurrirse el archivo por Público y estimarse el recurso en abril de 2020 (con la oposición de la Fiscalía de Madrid), se admite a trámite el 30 de junio de 2020, dos años y medio después de interponerse. Y se cita a Eugenio Pino a declarar. Parte de las preguntas planteadas al exDAO por el juez y el fiscal giraron acerca del motivo por el que retiró su querella; es decir, se buscaba saber si con ello vino a admitir que denunció en falso o desiste por otra razón. Pino se reafirmó en lo que alegó en su día: que coincidió con su jubilación y decidió que quería una vida en paz alejada de los juzgados. 

No es la primera vez que se implica a Pino en filtraciones al ejército mediático de Villarejo

Dentro del sumario del Caso del Pequeño Nicolás se incluye un informe que prueba la presencia continua e intensa de Inda y otros periodistas en las dependencias de la Dirección Adjunta Operativa mediante el estudio de sus posicionamientos telefónicos y, además, en un periodo corto del tiempo. El documento forma parte de la Pieza Separada que investiga la grabación, posterior filtración a los medios y publicación de una reunión mantenida entre tres funcionarios de Policía —pertenecientes a la Unidad de Asuntos Internos— y dos miembros del CNI por la que Villarejo está procesado con una petición de prisión de cuatro años; una bicoca si se compara con el tiempo de cárcel que manejan los fiscales de Tándem por acciones igual de graves. Los investigadores indagaban precisamente sobre la forma en que la grabación ilegal y otros datos del caso llegaban a los periodistas, además burdamente tergiversados y, en muchas ocasiones, con cariz difamatorio para los investigadores y el magistrado.

El documento desgrana decenas de contactos (físicos, telefónicos, digitales, etc.) entre mandos policiales y periodistas y resalta que en ningún caso dichos contactos con periodistas se pueden justificar dentro del marco de funciones que dichos mandos policiales desempeñan. Y lo argumenta de la siguiente manera: "La Dirección General de la Policía [de la cual depende la Dirección Adjunta Operativa] posee, a nivel central, la Oficina de Prensa y Relaciones Informativas y, a nivel territorial un Gabinete de Prensa en cada Jefatura Superior"; para añadir: "Esta estructura preestablecida garantiza, entre otras cosas, que las relaciones [de la Policía Nacional] con la prensa sean ecuánimes e idénticas y que ningún medio resulte desfavorecido a la hora de recibir la información, o reciba información incierta o incluso "secreta".