El escrito de los fiscales que han investigado la pieza Kitchen deja poco lugar a la duda: al menos entre 2013 y 2015, es decir, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, altos mandos de la Policía y de su ministerio dieron un uso ilícito a los fondos reservados y a recursos policiales para el exclusivo beneficio particular de los participantes, ya fuera por la retirada de fondos reservados para lucro personal, ya fuera para financiar subrepticiamente tejemanejes de la organización criminal.

Dicho escrito recoge las primeras —y muy detalladas— conclusiones de la fiscalía a través de las cuales solicita al juez la imputación de dos personas que ocuparon carteras muy sensibles durante el mandato de Rajoy: Jorge Fernández Díaz (Interior) y María Dolores de Cospedal (Defensa); se solicita también la imputación del marido de esta, Ignacio López del Hierro.

Kitchen, la pieza separada nº7 de la Causa Tándem o Caso Villarejo, que instruye el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional, se abrió para investigar un supuesto plan para sustraer información (registros extracontables, recibís con firmas indubitadas y originales de receptores, audios incriminatorios para donantes y receptores, etc.) que pudiera guardar el exgerente y ex tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, con relación a las entradas y salidas de dinero de la caja B de dicho partido; caja B que afloró con la publicación en El País de los papeles de Bárcenas en enero de 2013.

La apertura de esta pieza se justificó en el hallazgo en domicilios y oficinas del comisario encarcelado José Manuel Villarejo de distinta documentación relevante. Por un lado, recibís con la firma del chófer de Barcenas, Sergio Ríos, que supuestamente había sido captado como confidente de la Policía. Por otro, un conjunto de audios que incluían una conversación de Villarejo con el chófer en agosto de 2013 y otras muchas de febrero de 2017 en las que Villarejo, el empresario Adrián de la Joya y el comisario Enrique García Castaño rememoran aquella aventura —lo que ahora se investiga en Kitchen—, calibrando cómo usarla para protegerse de una futura detención.

En aquel momento, García Castaño, alias El Gordo, acababa de ser destituido por una conversación con una periodista de Público, en la que le contaba los planes de todos para chantajear al CNI y la Casa Real. Villarejo fue detenido el 3 de noviembre de ese año.

Los hallazgos que motivaron la apertura de la pieza sitúan la supuesta investigación a Bárcenas, u Operación Kitchen, entre julio de 2013 y abril de 2015 (por la secuencia temporal de los recibís con la firma de Sergio Ríos) y fechan su comienzo el 13 de julio de 2013, quince días antes de la entrada del extesorero del PP en la prisión de Soto del Real. La fecha de 13 de julio de 2013 como pistoletazo de salida se recoge en una nota que el segundo de Fernández Diaz, el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez alias el Choco-Paco, se prepara en su móvil para enviar advertencias a terceros; nota que la fiscalía incluye en su escrito.

Una operación policial sin investigación oficial

Del escrito de la fiscalía se deduce, como primera conclusión, que desde 2013 hasta 2015 (dos años y medio) la supuesta operación policial Kitchen se realizó sin el aval de una investigación oficial en marcha que quedara registrada en la aplicación Investiga, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Investiga es una aplicación suprapolicial en la que se vuelcan las investigaciones en marcha de las fuerzas de seguridad.

La segunda conclusión es que en 2015 dicha operación se intenta blanquear, es decir, otorgarle apariencia de investigación real y oficial, dándola de alta en dicha aplicación de manera retrospectiva.

Pero, además de esto, la fiscalía concluye, tras explicarlo en detalle, que el equipo de Fernández Díaz incumplió sistemáticamente la ley de 1995 sobre fondos reservados y estableció una metodología que propiciaba el desvío de fondos reservados para lucro personal y, a la vez, la financiación y camuflaje de operaciones ilegales. En la página 24 de su escrito los fiscales califican el sistema con contundencia: "disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales".

Sistema opaco de solicitud y concesión de fondos reservados

El Ministerio Público destaca las siguientes "disfunciones e irregularidades" en la gestión de fondos reservados tras haber llamado como testigos a distintos responsables de la cadena de solicitud, justificación, concesión y registro de uso de estos fondos en la Policía:

1) En el inicio de la cadena; esto es, en la fase de solicitud de fondos reservados por parte de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), liderada entonces por Eugenio Pino. Pino estaba habilitado para solicitar estos fondos porque su superior Ignacio Cosidó, Director General de la Policía, había delegado dicha función en él. Los fiscales destacan que en la solicitud mensual de fondos reservados para la Policía que hacía el DAO a la Secretaría de Estado no se adjuntaba la documentación que exige la la normativa legal que regula la gestión de estos fondos desde 1995 y, además, desde la Secretaría de Estado se libraban los fondos antes de comprobar la documentación.

2) En la gestión interdepartamental. La Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dirigida entonces por Enrique García Castaño, se saltaba a la Comisaría General de Información, de la que dependía, y la mantenía en la ignorancia a la hora de solicitar fondos y de autorizarlos; lo hacía Pino y, además, muchas veces, verbalmente. 

3) En el eslabón final: la gestión departamental. En las solicitudes de fondos reservados para investigaciones no se hacía constar para qué investigación se requerían. La fiscalía pidió a la Policía que le enviase todos los fondos reservados usados para la operación Kitchen y obtuvo la nada por respuesta. Y cuando intentó cotejar los 50.000 euros recibidos por García Castaño entre el 1 de julio de 2014 y el 18 mayo de 2015 (periodo que coincide temporalmente con parte de la supuesta investigación a Bárcenas), se encontró con recibos sin detalle.

Además de lo anterior, en el escrito de la fiscalía se aprecian justificantes incongruentes para retirar el dinero o para explicarlo a posteriori. Al menos en el caso de García Castaño.

El Gordo ha justificado en el juzgado la retirada de 1.905,82 € con una compra de material informático que le era necesario para un volcado de dos móviles del chófer de Bárcenas. La fiscalía ha localizado facturas de material informático por exacto importe, sí, pero fechadas en noviembre de 2013. Sin embargo, el volcado al que hace referencia El Gordo se realizó un mes antes, según varios audios e incluso según el mensaje de 18 de octubre que Fernández Diaz envía supuestamente a su secretario de Estado informándole del feliz resultado del volcado —empleando la palabra específica "volcado"—. Difícilmente puede usarse un material informático para un volcado cuando en la fecha no se dispone de él.

Los fondos reservados financian la investigación 'Kitchen' desde 2013, pero no hay registro de ella hasta 2015 

El nombre de Kitchen como investigación para localizar información en poder de Luis Bárcenas aparece en la prensa por primera vez en noviembre de 2015 en un artículo de El Español firmado por Esteban Urreiztieta y Daniel Montero, socio fundador con Villarejo de Infosensible.

Y es precisamente en 2015 cuando se registra en la aplicación Investiga del CITCO (dirigido en esos momentos por Jose Luis Olivera alias Oli) una supuesta investigación policial con inicio en 2013 relacionada con Luis Bárcenas. El alta se da con un "parte informativo investiga" (sic) y se motiva, según la fiscalía, con una "nota informativa" (el equivalente policial a un "informe"). En esta aplicación se dan de alta las investigaciones que realizan la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y ahora los Mossos, cuando consideran que han pasado de la fase preliminar de mera sospecha a algo más sólido. Cada cuerpo policial barre para casa y se da toda la prisa posible para que otro cuerpo no se adelante y acabe liderando así la investigación. Sorprende, por tanto, que la Policía Nacional —en este caso Andrés Gómez Gordo, en aquellos momentos destinado en la DAO—, tarde dos años y medio en dar de alta la supuesta investigación en dicha aplicación.

En 2018 Montero volvió a escribir de la Operación Kitchen y citó la fuente de su primer artículo: "nota informativa". Por su parte, el periodista Luis Rendueles —otro de los receptores habituales de información proveniente de Villarejo— explicó en Interviú en octubre de 2016 que la denominación de Kitchen no se le dio a esta operativa hasta casi su término; y se deduce que sucedió en el mismo espacio temporal en que la mencionada "nota informativa" entra en la aplicación Investiga.

Pero hay más indicios que obligan a considerar la autenticidad de la investigación y a preguntarse por el objetivo real de los supuestos seguimientos al entorno del extesorero.

La "nota informativa"  con la que se justifica el alta de Kitchen en el CITCO despertó el estupor del Inspector Jefe n° 81.067 del Grupo n° 21 de la UDEF-BLA y adscrito a la investigación de Gürtel, cuando la fiscalía lo llamó como testigo y le mostró dicha "nota" tras informarle de la existencia de esta investigación con referencia 29/15 en la aplicación Investiga. 

Según el inspector, dicha "nota informativa" (que se remontaba a 2013) era un simple "refrito" de datos previamente obtenidos en la investigación policial [judicializada] del caso Gürtel.

Afirma también que nunca se le informó de la existencia de un local vinculado a los Bárcenas, que era uno de los ejes de la "nota". Sobre este punto, la fiscalía completa en el escrito que en el informe elaborado poco después para transferir la investigación Kitchen desde la aplicación Investiga al juzgado de Gürtel se ocultaron datos "deliberadamente", tales como la existencia del local, las actas de seguimiento sobre el local (que las aporta la DAO al juzgado) y el número de la calle donde estaba (el 32), ya que se hablaba mucho de una calle y un número en ese informe —sin decir nada de un local—, pero con un número diferente (el 11).

El inspector remata diciendo, según los fiscales, que "en el mes de enero de 2013 su unidad policial comenzaba a analizar la documentación remitida en virtud de la Comisión Rogatoria ejecutada por las Autoridades Judiciales de Suiza, por lo que no había ningún interés objetivo en contar con un apoyo de inteligencia policial para potenciar la investigación del delito de blanqueo de capitales". Como remachan los fiscales, este supuesto "apoyo" a la UDEF para investigar a Bárcenas por blanqueo es la versión —falsa— que sistemáticamente mantienen todos los investigados por Kitchen.

¿Otra investigación fantasma para compensar al 'Gordo'? 

Tras su destitución en la primera semana de febrero de 2017, García Castaño comenta por mensaje su situación al secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también investigado en esta pieza Kitchen. Su nuevo destino es un puesto de coordinador zonal de comisarías, fuera por tanto de puestos de responsabilidad y con el acceso cortado a los fondos reservados. Se queda sin la asignación mensual que salía de dichos fondos y sin poder hacer uso de ellos para investigaciones como Kitchen. Y García Castaño dejar caer lo que le gustaría, tras avisar con lo que tiene guardado. Al secretario de Estado y, posiblemente, a su jefe, Fernández Díaz.

Enrique García Castaño: Si saco el pendrive de Bárcenas, ¿qué pasa?
Francisco Martínez: ¿¿Nos matarán a todos??
E.G.C.: A casi todos. López del Hierro se cabreó hoy porque siguen sin dar la cara conmigo. Como no espabile el PP, le van a dar la del pulpo, aunque me dice un amigo de Susana que primero se matarán entre ellos.
​F.M.: Sí, eso es muy probable... Bueno ¿y cómo tienes el distrito? ¿Todo en orden? ¿Criminalidad bajo mínimos? Imagino que nadie te ha llamado para nada... Me suena esa situación...
E.G.C.: Me encontré con la Cospey [sic] y su marido, me dijeron que el tema se tenía que haber arreglado ya, que hablaría conmigo. Según el ses [sic], ya dio orden que me cambiaran y de forma clandestina volviera a montar el tema catalán. No sé si fiarme. 
F.M.: Yo ya no me fio. De "naiden" [sic].

¿Pensaban montar otra "investigación" con documentación paripé, para justificar disposición de fondos reservados y así compensarle la pérdida de emolumentos? El tiempo lo dirá.