El desmontaje del estado de derecho en Perú que empezó en 2016, como revancha del fujimorismo y sus aliados que perdieron las elecciones, ha entrado esta semana en una fase final que afecta a todos los ciudadanos porque atenta contra los entes del sistema de Justicia aún no capturados por la coalición autoritaria que gobierna desde diciembre, encabezada por Dina Boluarte.

La fiscal general ha abierto una investigación contra tres miembros del colegiado que evalúa, nombra y destituye a los magistrados -la Junta Nacional de Justicia- y lo ha hecho basándose en un bulo difundido por dos medios de comunicación dedicados a desinformar y operar cotidianamente a favor de grupos ultraderechistas y políticos o empresarios procesados o investigados por blanqueo de capitales.

La labor de ese colegiado incluye también la designación y destitución de los presidentes de dos de los tres organismos electorales.

La fiscal general, Patricia Benavides, asumió el cargo en julio del año pasado y una de sus primeras medidas fue quitarle a una fiscal suprema la investigación a su hermana jueza, Enma Benavides, quien, según testigos directos, recibió sobornos para liberar a capos del narcotráfico.

Ese posible conflicto de interés de índole familiar es uno de los tres motivos por los que la fiscal general está bajo investigación preliminar de la Junta Nacional de Justicia desde 2022.

Según fuentes de la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo a las normas, después de cada investigación preliminar el colegiado decide si abre un proceso disciplinario, con eventuales sanciones. Para cada caso, el proceso completo puede tardar un año.

Las otras dos investigaciones que afronta la fiscal general se deben a sus conversaciones telefónicas con un empresario que forma parte de la mafia Cuellos Blancos -una red de corrupción del sistema de Justicia revelada en 2018 por la prensa independiente-; y a la condecoración que recibió este año del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, investigado por blanqueo de capitales.

López Aliaga lidera el partido ultraderechista Renovación Nacional y forma parte de la coalición autoritaria que se instaló luego del autogolpe fallido del 7 de diciembre que dio el entonces presidente Pedro Castillo.

En ese momento, el exlíder sindical del magisterio y maestro rural estaba acorralado por el tercer intento de destitución promovido por el Congreso y por seis investigaciones fiscales de corrupción en su mandato.

La fiscal general, por otro lado, ha facilitado la impunidad de los asesinatos arbitrarios y ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerzas del orden desde diciembre, durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales que pedían la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones generales.

Formó un equipo de fiscales inexpertos en la capital que ha extraído las investigaciones de las sedes donde ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, y facilitó interrogatorios insulsos a Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola. Ambos respaldan la actuación de la fuerza pública pese a que causaron el deceso de 49 personas, entre ellos adolescentes y personas que ayudaban a heridos, entre diciembre y marzo.

Además, otro de los miembros de la Junta Nacional de Justicia realiza indagaciones previas acerca de la irregularidad de los títulos académicos que presentó la fiscal general cuando se presentó a esa entidad para ascender a fiscal suprema.

El medio IDL-Reporteros ha informado de que una de las maestrías que consignó Benavides en su hoja de vida no existía en la universidad que le dio el diploma. Además, nadie encuentra las tesis de posgrado de la funcionaria y ella no quiere hacerlas públicas.

La hipótesis que circula en Lima es que los textos contienen plagio, común en las personalidades de la política peruana reciente. El pleno de la Junta Nacional de Justicia publicó el miércoles un comunicado tras conocer la denuncia constitucional contra tres de los magistrados, y condenó que basándose en "afirmaciones falsas de una fuente no identificada, publicadas en dos medios que no han cumplido con verificar su autenticidad" una legisladora quiera acusarlos de patrocinio ilegal.

Evadir a la Justicia

Con la investigación fiscal abierta a tres miembros de la Junta Nacional de Justicia, el abogado de la fiscal general podría pedir que dichos magistrados se abstengan de votar cuando decidan los procesos disciplinarios sobre ella.

Pero, además, la denuncia constitucional presentada por una congresista de ultraderecha -que originó la investigación fiscal- pide la inhabilitación y suspensión por diez años de los tres magistrados.

Según la prensa de Lima, algunos congresistas han conversado con los suplentes de la Junta Nacional de Justicia para condicionar sus futuros votos acerca de la fiscal Benavides y otras eventuales decisiones.

El bulo contra quien no se alinea con el régimen, seguido por una denuncia constitucional planteada por un congresista, que luego se convierte en una investigación fiscal, se ha vuelto un patrón en el país andino.  

"Buscan controlar las elecciones"

¿Qué persigue la coalición gobernante al terminar de copar las instituciones del sistema de Justicia? Según dijo a Público el ex fiscal supremo Avelino Guillén, "el fujimorismo y sus satélites" buscan consolidar su poder y controlar las elecciones, como en el año 2000.

Guillén logró la condena del autócrata Alberto Fujimori y el ex jefe de facto de las fuerza armadas Vladimiro Montesinos por crímenes de lesa humanidad y otros delitos de corrupción cometidos en el régimen de los años 90.

Es uno de los exservidores públicos con memoria de la maraña dictatorial en la que creció la lideresa conservadora Keiko Fujimori, presidenta del partido Fuerza Popular y procesada judicialmente por blanqueo de capitales y obstrucción a la Justicia. Es la hija mayor del reo.

Para el exmagistrado, el control del sistema de Justicia tiene una triple finalidad. Primero, archivar los procesos de investigación fiscal o acusación "a los líderes de las agrupaciones políticas con asiento en el Congreso y que forman parte de la coalición gobernante, que inicialmente se formó para conseguir la vacancia del expresidente Castillo".

El segundo objetivo de la coalición gobernante sería usar el sistema de Justicia como instrumento de persecución a los opositores y a quienes exigen "el adelanto de elecciones y una restauración de la democracia", indica Guillén", refiriéndose a quienes ya salieron en las manifestaciones de diciembre a abril, pero en las anunciadas a partir del próximo miércoles 19.

Pero la finalidad más importante, añade, es tener un peso muy fuerte en la designación de las autoridades de los organismos electorales. "Al controlar la Junta Nacional de Justicia, también van a manejar los nombramientos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y de Reniec (ente que administra el padrón electoral) y el nombramiento de los vocales supremos que integrarán el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (tribunal electoral). Así van a tener el control y el manejo de lo que ocurra en los próximos comicios", explica el ex fiscal supremo.

"Es una copia exacta de lo que ocurrió en el año 2000 con Montesinos y Alberto Fujimori, para que el acto electoral sea un mero trámite de un resultado que aseguran tener desde antes", agrega.

El ex fiscal considera como parte de la coalición autoritaria gobernante no solo a las agrupaciones políticas conservadoras y de ultraderecha (Fuerza Popular, Renovación Nacional, Avanza País), sino también a otros más sinuosos, que se alinean con cualquier posición siempre y cuando sus negocios sean favorecidos, como las universidades-estafa, la minería ilegal o el tráfico de tierras.

Sin garantías al derecho a la protesta

En las dos últimas semanas, ante la cercanía del día 19, el primer ministro Otárola y generales de la Policía han reiterado que las manifestaciones están promovidas por violentos, y aluden constantemente a Sendero Luminoso como si estuviera involucrado, pese a que ese grupo terrorista fue derrotado en los años 90.

El Gobierno decretó el jueves el estado de emergencia en la vías nacionales y departamentales para habilitar que las fuerzas armadas vigilen las carreteras por donde viajarán los ciudadanos de regiones hacia Lima, para participar en las protestas.

Además, la Policía ha colocado pequeños tanques y retenes en las tres entradas de la capital para registrar "el rostro y la voz" de quienes lleguen a la capital. 

La Municipalidad de Lima, que encabeza el ultraderechista López Aliaga, se ha sumado a las intimidaciones. El jueves difundió una ordenanza que señala que si las movilizaciones interrumpen el tránsito, deben pedir autorización con 15 días de antelación. De lo contrario, los organizadores serán multados.

Sin embargo, abogados y periodistas aclararon que otro acápite de la misma norma establece que las manifestaciones pacíficas de carácter político o en protesta de la gestión de organismos de la Administración pública no necesitan de aprobación previa.

Mientras tanto, en plazas y mercados de regiones del sur y del centro del país, los ciudadanos han vuelto a hacer colectas y rifas para viajar a la capital a marchar como lo hicieron entre diciembre y marzo.

"Ahora se pretende recortar el derecho de protesta. Expresar como ciudadanos nuestra crítica y nuestra exigencia del retorno a la democracia se ve ahora como un hecho de carácter delictivo y se amenaza de manera directa a las personas que anuncian su predisposición a rechazar a este régimen en las jornadas de protesta a partir del miércoles 19", opina el ex fiscal Guillén.

"¿A quién recurrir como ciudadanos si la Fiscalía no brinda garantías y el poder judicial tampoco? ¿Qué podemos hacer? Es una situación muy delicada. Estamos viviendo un estado sin la tutela de los derechos para los ciudadanos, es un estado policiaco", añade.