Entre 1980 y 2000, más de 69.000 peruanos fueron víctimas fatales de la violencia del maoísta Sendero Luminoso -un grupo terrorista que quiso destruir la democracia- y de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden en las acciones contra la subversión. El 75% de esos muertos hablaban quechua, eran pobres y campesinos, tal y como denunció en 2003 el informe que presentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación creada para investigar aquel período.

El documento reveló que los apellidos más frecuentes de las víctimas eran quechuas -Quispe, Huamán, Condori- y aymara -Mamani-. Esos apellidos son los que más se repiten en los 49 muertos civiles que causó la represión policial y militar de las recientes manifestaciones a favor del adelanto de elecciones generales y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien encabeza una coalición autoritaria desde el 7 de diciembre.

La represión indiscriminada, policial y militar, entre diciembre y marzo, que el Gobierno ultraconservador ha premiado verbal y monetariamente, hace recordar lo ocurrido entre 1980 y 2000 en el país andino, pues bajo los mandatos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori se encubrieron y no se cuestionaron las graves violaciones a los derechos humanos que perpetraron los agentes del Estado.

La Comisión de la Verdad halló que "las fuerzas armadas aplicaron una estrategia que, en un primer período, fue de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer a Sendero Luminoso. En un segundo período, esa estrategia se hizo más selectiva, aunque continuó posibilitando numerosas violaciones de derechos humanos", señala una de las conclusiones del informe presentado en agosto de 2003.

Asesinatos basados en estigmas

En la primera quincena de enero, cuando viajaban delegaciones de ciudadanos de regiones a Lima para participar en las protestas antigubernamentales, la Policía emitió alertas con sello de "secreto" sobre la posible "infiltración de delincuentes terroristas" entre los manifestantes, y afirmó que trasladaban explosivos para atentados. Sin embargo, nunca hallaron esos materiales a los ciudadanos en los meses de protestas.

La versión de la Policía dista de la realidad. Los terroristas de Sendero Luminoso que buscaban destruir el Estado y la democracia están presos o muertos. Una facción que se desligó de la cúpula senderista capturada en 1992 se dedica al narcotráfico desde hace más de 20 años en una zona poco accesible del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), entre las regiones de Ayacucho y Junín.

Pero no solo la Policía y los militares han vinculado a los ciudadanos con el terror desde que empezaron las protestas y, luego, las masacres de civiles en diciembre. El discurso oficial de Boluarte, miembros del Gabinete y políticos conservadores que conforman la coalición gubernamental agravia a los manifestantes tildándolos de "terroristas, violentos, llevados por el odio, azuzados por ilegales", entre otros adjetivos.

El semanario Hildebrandt en sus trece ha revelado este viernes 26 que Boluarte decretó en diciembre el estado de emergencia y encargó a las fuerzas del orden la violenta represión de las manifestaciones basándose en una especulación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La cúpula militar sostuvo en un informe técnico que las protestas eran "promovidas" por el grupo de narcos que opera en el VRAEM -al que llama "organización terrorista Sendero Luminoso"- y otras redes criminales dedicadas al tráfico.

En otro documento difundido por el mismo semanario, la Policía clasifica como "fuerzas adversas" a nueve grupos, entre ellos, "delincuentes terroristas, opositores a la política del Gobierno de turno, y las ONG ambientalistas".

Esa posición de las fuerzas del orden en diciembre tiene un hilo directo con el pasado, cuando los presidentes delegaron el poder a los militares en las regiones más afectadas por la violencia terrorista, abdicando de su autoridad política.

El informe de la Comisión de la Verdad dijo sobre el período 1980-2000: "En nombre de la defensa del Estado de derecho ante la insurgencia subversiva, las fuerzas del orden también cometieron diversos abusos y crímenes de lesa humanidad, concentrados entre la población indígena de las comunidades rurales, sobre todo durante los primeros años del conflicto".

Por si hiciera falta precisar, esta vez no había "insurgencia subversiva", pero el Gobierno de Boluarte sostuvo tal versión hasta febrero -cuando la canciller contestó a The New York Times que el Gobierno no tenía pruebas para afirmarlo-. La Policía mantiene aún la desinformación y califica la pretensión de un referéndum para una Asamblea Constituyente como una cuestión "terrorista".

La violencia brutal contra peruanos indígenas se ha repetido desde diciembre, pero, a diferencia del pasado, las ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes han quedado registrados en fotografías de teléfonos móviles, transmisiones en vivo en TikTok o de las radios locales en Facebook y, también, en muchas cámaras de seguridad, e incluso en la televisión.

Esta vez, hay 25 autopsias de víctimas civiles aunque faltan 24, según ha documentado el informe Racismo letal presentado por Amnistía Internacional el pasado jueves. En cambio, en el lapso 1980-2000 estudiado por la Comisión de la Verdad, en la región Ayacucho casi no hubo autopsias: el Ejército eliminaba los cuerpos de los detenidos y torturados en un horno instalado para ese fin en un cuartel. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Ejército también usó un incinerador para lo mismo en Lima.

Agresión múltiple a las víctimas

Ante la abundancia de evidencias, los deudos de los asesinados en las protestas entre diciembre y marzo y los heridos o arbitrariamente detenidos perciben una triple violencia por parte del Gobierno de Boluarte y del sistema de justicia.

Primero, el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos, transeúntes u observadores circunstanciales. Segundo: el discurso de odio al vincularlos con terroristas o criminales. Y, tercero: la obstrucción de las investigaciones fiscales, debido a que la fiscal general Patricia Benavides ordenó que sean asumidas en Lima por un equipo sin experiencia en derechos humanos.

En abril, los fiscales de derechos humanos de Ayacucho y de Puno -las regiones donde la fuerza pública produjo masacres con mayor número de víctimas- recibieron la orden de enviar a Lima los expedientes y suspendieron las diligencias con civiles y policías.

Las asociaciones de víctimas reclamaron con marchas y plantones que las carpetas debían permanecer en el lugar donde los hechos ocurrieron y con fiscales locales, pero no fueron escuchados.

Karina Marapi es la madre de un estudiante universitario y futbolista a quien el Ejército destrozó la parte superior del brazo con un disparo de arma de guerra en Huamanga, capital de la región Ayacucho, el 15 de diciembre último en medio de las protestas. Alex Avila Marapi tiene 18 años y fue hostigado y agredido en un centro de salud cuando llegó herido.

"Tengo miedo de que lo citen a una audiencia fiscal y lo desaparezcan. En estos meses no hubo ninguna diligencia de su caso, pero esta semana los fiscales de Lima citaron por Zoom para visualizar vídeos, pero no se veía ni entendía nada, la conexión se entrecortaba. Puedo pensar que esto va a favorecer a los que nos han masacrado, no a las víctimas", lamenta Marapi, quien viajó por primera vez a Lima para la presentación del informe de Amnistía Internacional.

"Hemos pedido que las siguientes sesiones sean presenciales porque muchas personas que viven más lejos (fuera de la capital de Ayacucho) no tienen móvil o Internet. ¿Por qué se han traído los casos y hasta los vídeos a Lima teniendo fiscales allá? Lo preocupante es que nos quieren callar u ocultar todo", añade.

Por otro lado, le angustia por el alto costo de la rehabilitación física que necesita su hijo Alex y que tendría que hacerse en Lima. Pero eso no es todo. "Necesitamos terapia psicológica, mi hijo tiene miedo, ya no quiere ir a la universidad ni salir de casa por todo lo que nos están diciendo", agrega Marapi.

Ante una pregunta de Público, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, comentó que la estigmatización de los manifestantes por parte de las autoridades, incluida Boluarte, debe cesar. "De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, el discurso de odio incita a la violencia hacia las personas y constituye un delito. Al provenir del más alto nivel del Gobierno, puede crear las condiciones que sirven al uso y legitimación de la violencia y las matanzas", explicó la ex relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales.

Callamard espera que la fiscal general de Perú no solo investigue a Boluarte por los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, sino también por el delito de apología al odio que incita a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

Los varios Perú

En un panel de latinoamericanistas realizado en Vancouver, sobre las lecciones a 20 años de la Comisión de la Verdad de Perú, la socióloga peruana Narda Henriquez ha expresado que en las conclusiones del informe no estuvo suficientemente señalado que los cuerpos violentados entre 1980 y 2000 "estaban territorializados" y pertenecían a las poblaciones que históricamente han sufrido más discriminación.

La profesora emérita de la Universidad Católica del Perú remarcó que aquellas víctimas siguieron siendo tratadas por el resto del país como "el otro". Asimismo, cuestionó el sistema de derechos humanos creado por el Poder Judicial.

"No funciona. Por eso, una investigación que realizaba una fiscal por la matanza en Ayacucho la han llevado a Lima para neutralizar lo avanzado: existe un sistema, pero pueden hacer que no funcione", alertó. Pese a todo, para Henriquez, Perú vive un "momento fundante" debido a este ciclo reciente de movilizaciones ciudadanas que continuará en junio y julio.

La socióloga sostiene que la masiva exigencia de respeto al voto y rechazo a la clase política se debe a que los afectados por el conflicto armado entre 1980 y 2000 han pasado por un aprendizaje colectivo de derechos humanos mientras reclamaban una justicia que no llega. Y, además, también demandan justicia ambiental en territorios rurales.

Llegados a este punto, frente a la grave crisis política y de derechos humanos que padece el país andino, es posible identificar tres núcleos: un sector conservador rechazado por entre el 75% y el 90% de la población según las encuestas, que detenta el poder político y el monopolio de la fuerza, con apoyo de los empresarios, los grandes medios y el sistema de justicia.

En segundo término, las élites urbanas de centro y centro-derecha -de la academia y las ONG- que se abstuvieron de participar en las manifestaciones y empiezan a rechazar públicamente la barbarie del Gobierno autoritario y la ruptura de la independencia de poderes.

Y el tercero, los ciudadanos urbanos o rurales e indígenas que en las calles cantan "esta democracia ya no es democracia", una canción compuesta en enero en rechazo a la coalición formada por Boluarte y los políticos que perdieron las elecciones en junio de 2021. Un rechazo que crece debido a las señales de impunidad.