La mayoría de derecha del Congreso peruano ha vuelto a proteger a la presidenta Dina Boluarte de las acusaciones en su contra por violar los derechos humanos. La Comisión Permanente del Congreso rechazó y archivó por mayoría una acusación constitucional contra la dirigente por su responsabilidad en las muertes causadas por la represión a las protestas antigubernamentales.

La decisión confirma el respaldo al Gobierno y a su política represiva por parte de la derecha, que controla el Congreso. La acusación constitucional, presentada por cinco legisladores de izquierda, incluía también al jefe del gabinete ministerial y anterior ministro de Defensa Alberto Otárola; a su predecesor en el cargo de jefe de gabinete, Pedro Ángulo, y al exministro del Interior César Cervantes.

Las pruebas

Las evidencias de los excesos represivos, que incluyen disparar contra la población, y del respaldo público de Boluarte a esas acciones que han dejado medio centenar de muertos, son contundentes, como lo han señalado organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

A pesar de ello, en un Congreso controlado por partidos de derecha y extrema derecha, entre ellos el fujimorismo, que han formado con el Ejecutivo una coalición autoritaria, se esperaba un resultado así. Debido a la composición de la cámara, se ha rechazado investigar el caso. Esta no es la primera acción en el Parlamento para blindar a Boluarte de estas acusaciones. Los partidos políticos aliados del Gobierno llevan mucho tiempo bloqueando la formación de una comisión parlamentaria para investigar las muertes causadas por la represión.

El Congreso ha tomado la decisión de rechazar investigar a Boluarte el día que su Gobierno ha cumplido seis meses en el poder y un día después que la presidenta acudiera a la Fiscalía a responder por las muertes en las acciones represivas en un proceso por homicidio y genocidio.

El archivo de la acusación constitucional en el Congreso no afecta la continuación de la investigación fiscal, aunque existen serias dudas sobre la real voluntad de investigar de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cercana a la coalición autoritaria que gobierna.

Protesta y represión

Estos seis meses de gestión de Boluarte han estado marcados por masivas protestas exigiendo su renuncia y por una brutal represión a esas movilizaciones. Las protestas estallaron inmediatamente después de que Boluarte asumiese el 7 de diciembre el Gobierno. Sustituía a Pedro Castillo, que fue destituido y encarcelado por haber intentado sin éxito cerrar inconstitucionalmente el Congreso que buscaba sacarlo del Gobierno.

Al asumir la presidencia, Boluarte, que había sido vicepresidenta y ministra de Castillo, dio un giro radical y se pasó al bando de la derecha que había boicoteado el gobierno al que ella perteneció. Esto provocó protestas masivas, especialmente en el sur andino del país, una región con alta pobreza e históricamente marginada, que había respaldado a Castillo.

Las protestas se extendieron y llegaron a Lima. La respuesta de Boluarte y sus nuevos aliados de la derecha y ultraderecha fue la militarización, acusar a los manifestantes de terroristas y una represión que no dudó en disparar contra la población. El resultado ha sido 49 personas muertas por disparos de las fuerzas de seguridad y centenares de heridos. El total de fallecidos durante las protestas llega a 67.

Después de más de dos meses de represión, las protestas cedieron, pero no ha terminado el rechazo al Gobierno, que llega al 79%, según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. Se anuncia un reinicio de las protestas.

La declaración

Cuando el martes Boluarte declaró ante la fiscalía por las muertes durante la represión, se negó a responder las preguntas de los abogados de las víctimas y del procurador. Solamente respondió a la Fiscalía. Abogados de las víctimas presentes en esa audiencia han señalado que el interrogatorio conducido por la fiscal de la Nación Patricia Benavides estuvo centrado en preguntas generales, sin profundizar en los detalles de las acusaciones y sin preguntar de nuevo ante respuestas evasivas. Fue un interrogatorio benevolente, amigable.

En sus respuestas a las preguntas de la Fiscalía, Boluarte señaló que no conocía los planes operativos de los militares y policías para reprimir las protestas que exigían su renuncia, que ella no decidió sobre las acciones represivas y que se enteró de las muertes por los medios de comunicación. Para eludir su responsabilidad se presentó como una presidenta y jefa suprema de las fuerzas armadas y policiales sin capacidad de decisión sobre las acciones de las fuerzas de seguridad, como alguien que no sabía nada de lo que hacían militares y policías. Pero en sus discursos públicos ha aplaudido y elogiado las acciones de las fuerzas de seguridad.

Cuando se conocieron las primeras muertes por la represión al inicio de su gobierno, Boluarte no solo no hizo nada para detener que la fuerzas de seguridad disparasen contra la población, sino que alentó públicamente esas acciones represivas y felicitó a los acusados de disparar contra pobladores, acusando, sin pruebas, a los manifestantes de terroristas para justificar esa represión.

Con ese respaldo, compartido por la mayoría parlamentaria, las fuerzas de seguridad siguieron reprimiendo las protestas usando armas letales contra los pobladores y los muertos se siguieron sumando. Ahora Boluarte pretende decir que no sabía nada y que no tiene nada que ver con la represión durante su gobierno.

Sobre el interrogatorio fiscal, generoso con Boluarte, la abogada Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que estuvo en esa sesión reservada en la Fiscalía como defensora de las víctimas, señaló: "Dejó mucho que desear, sentí que esta declaración solo fue para cumplir una formalidad, porque no hubo repreguntas incluso ante situaciones muy evidentes de no responder o ser evasiva. La acción de la Fiscalía ha favorecido a Dina Boluarte".

La fiscal

Patricia Benavides, la fiscal de la Nación que dirigió este cuestionado interrogatorio, tiene serias acusaciones en su contra. Se le acusa de utilizar su cargo para librar de una investigación a su hermana jueza. La magistrada fue acusada de liberar narcotraficantes a cambio de sobornos, con lo que entorpeció una investigación a una mafia judicial ligada al fujimorismo, y también por supuestas irregularidades en la obtención de su maestría y doctorado.

Con esa carga de acusaciones, su principal respaldo es el apoyo de la derecha que está en el gobierno. Su cercanía a estos sectores es notoria. Sus acciones en la investigación por las muertes en el Gobierno de Boluarte apuntan a entorpecerlas. Ante este panorama de impunidad, las víctimas llevarán las acusaciones contra Boluarte y los miembros de su equipo a tribunales internacionales.