El Congreso de los Diputados ha sido testigo este martes de una concentración para protestar contra los abusos policiales y antidemocráticos del Gobierno de Dina Boluarte, actual presidenta de Perú, y contra su relación diplomática y comercial con el Estado español en un momento en el que las muertes por las protestas sociales alcanzan "picos muy preocupantes".

La protesta ha tenido lugar mientras el Gobierno recibía en el Congreso al primer ministro peruano, Alberto Otárola Peñaranda, y a la ministra de Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, ambos en representación de Boluarte. Bajo los gritos "más de 70 muertos y nadie dice nada" o "eran solo niños, no eran terroristas", los asistentes han manifestado su rechazo hacia el comercio y la simpatía que un estado democrático como el español demuestra ante un régimen que es "dictatorial y asesino" y que "quiere lavar su imagen haciendo visitas como la de hoy", según Ivette Ceballos, representante de la Casa de la Cultura Andina.

La Casa de Cultura Andina, la Coordinadora Internacional en Apoyo del Pueblo Peruano, el colectivo Kundu y Peruanxs en Madrid, asociaciones convocantes, han leído un manifiesto en el que han querido recordar que hay muchos peruanos, tanto de primera como de segunda generación, que votarán el próximo 23J, un día en el que ejercerán "el voto con memoria".

La responsabilidad del Gobierno español

Los organizadores de la concentración han destacado en varias ocasiones la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en las muertes que desde la destitución de Pedro Castillo se están produciendo en Perú, ya que, según un informe de la Fiscalía de dicho país, el material utilizado por los antidisturbios contra la población procedía de una empresa española llamada Falken.

"Estamos ante el Congreso de los Diputados, seno de la soberanía popular, donde el Estado español está recibiendo a los responsables de la masacre que estos últimos meses se ha sufrido en Perú", ha declarado el portavoz de Peruanxs en Madrid, Pepe Mejía. "Reciben a los que matan y asesinan y no a las víctimas de la represión", ha concordado Víctor Saavedra, uno de los representantes de las organizaciones convocantes.

Durante la lectura del manifiesto, han lamentado que Sánchez no haya cumplido la promesa que les hizo a los peruanos residentes en España, el pasado 27 de marzo, a través de una carta en la que el Gobierno condenaba el uso desmesurado de la fuerza y hacía un llamamiento urgente para que se investigasen las responsabilidades de lo ocurrido. Apenas 40 días después, el presidente se ha reunido con los representantes de Boluarte, que este martes ha sido llamada a declarar ante la Fiscalía de Perú por las muertes durante las protestas.

Enrique Santiago, secretario general del PCE, ha acudido al acto para mostrar la solidaridad con los afectados y para transmitir que defienden la necesidad de que "se convoquen unas elecciones". Además, ha pedido que "se libere a Pedro Castillo con las debidas garantías, de que cese la represión policial, de que el pueblo peruano pueda decidir su futuro y de que se liberen a los compañeros que hoy están en prisión por haber defendido la democracia".

"El carnicero de los Andes y su matarife"

En su intervención, Pepe Mejía se ha referido a Otárola como "el carnicero de los Andes, mano derecha de la matarife Boluarte". La razón de su apelativo es el marco en el que se ha convocado la concentración. Desde diciembre de 2022, la ciudadanía peruana ha sido testigo de una serie de actuaciones represivas que se han saldado con decenas de muertos.

El origen de la masacre se remonta a los días 11 y 12 de diciembre del pasado año, cuando la población se manifestó contra la destitución del presidente Pedro Castillo. Ante "la traición del voto de la ciudadanía" reclamaban la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de unas nuevas elecciones. Sin embargo, terminó siendo un acto de protesta que quedó grabado a sangre y fuego en la memoria colectiva de los peruanos.

Según datos del colectivo de Peruanxs en Madrid, durante la segunda semana del último mes del año la represión policial-militar provocó siete fallecidos en Andahuaylas y diez en Ayacucho, que se suman a la masacre de Juliaca del 9 de enero de 2023, en la que murieron 19 personas. La cifra aumentó con los fallecimientos a posteriori debido a las heridas causadas en las protestas.

Amnistía Internacional, así como otros organismos de derechos humanos, denuncia la existencia de ejecuciones extrajudiciales al disparar con armamento militar a órganos vitales de personas desarmadas e, incluso, ajenos a la protesta social.

Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señalaba al respecto en un informe la gravedad de la situación: "Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos".

Por ello, este martes, durante la concentración, se ha producido una acción reivindicativa en la que se han enumerado los nombres, apellidos y edades de los fallecidos hasta el momento, mientras que una serie de asistentes se amontonaban en el suelo, yacentes, como los tantos cuerpos sin vida que se acumulan en el país sudamericano.

El acto ha finalizado con un minuto de silencio entre los asistentes en memoria y solidaridad con las víctimas mortales, con los heridos y con aquellos que aún se encuentran en prisión por ejercer el derecho de protesta.