618 ciudadanos fallecieron en 2017 en España mientras trabajaban o acudían o regresaban de su centro de trabajo. Once más que en 2016 y 54 más que en 2012. El número de accidentes laborales también aumentó (un 12%) con la recuperación económica y los siniestros con baja (cada vez más largas) han crecido un 5%. En resumen: hay más muertes, más accidentes y más gravedad en los siniestros. Sin embargo, lo que no incrementa son los recursos para controlar que las empresas cumplen sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales: las plantillas de inspectores de trabajo pierden efectivos cada año desde 2014. En España hay un profesional por cada 15.000 trabajadores mientras que en Europa un inspector debe atender a la mitad de asalariados (7.300).

Es lo que se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno remitida el pasado 5 de marzo al diputado socialista Miguel Ángel Heredia. Según los datos del propio Ejecutivo —siempre del mes de enero— en 2014 había en España 970 inspectores de trabajo, un importante logro teniendo en cuenta que tres años antes la plantilla estaba formada por 915 empleados. Sin embargo, el crecimiento se detuvo ahí. Los 970 se mantuvieron en 2015 y en 2016 empezó el retroceso: la plantilla se quedó en 948, que cayeron finalmente a 943 en 2017. En enero de este año sólo hubo una nueva incorporación. Es decir, en los tres últimos años hay 27 inspectores menos.

Estos datos contradicen las propias declaraciones del Gobierno, que hace un año afirmó —en otra respuesta parlamentaria al mismo diputado— que se incorporaron "22 inspectores en 2015, 70 en 2016 y 85 en 2017". Por todo ello, el PSOE denuncia que el Ejecutivo "no está cumpliendo la tasa de reposición" de los inspectores; es decir, no está sacando a concurso las plazas que quedan vacantes. Además, atribuye el incremento de los accidentes laborales a "la precariedad provocada por la reforma laboral del PP aprobada hace seis años".

El Ministerio de Empleo remite únicamente al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que se aprobó la semana pasada y que prevé "la continuación de los esfuerzos por mejorar la dotación de las plantillas". En la nota de prensa elaborada por el propio departamento se hace constar "el notable incremento en los efectivos de la Inspección de Trabajo" dado que "desde 2012 y con el desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo en marcha se habrán incorporado hasta 845 nuevos inspectores y subinspectores". Sin embargo, estos datos no coinciden con las estadísticas elaboradas por el Gobierno que, aunque sólo aportan cifras sobre inspectores, la diferencia entre 2012 y 2017 ni siquiera positiva: en 2012 había 958 inspectores frente a los 943 de 2017.

Los sindicatos denuncian que la siniestralidad camina de la mano de la precariedad, que no consiste solamente en el descenso de los salarios sino, también, en el deterioro de las condiciones laborales. Lo cierto es que los trabajadores pobres y sin derechos ya han dejado de ser casos aislados. Pobres, porque no llegan a fin de mes. Sin derechos, porque no se someten a reconocimientos médicos y no reciben formación en prevención de riesgos laborales. La receta es sencilla: cada vez hay más contratos temporales (el 91% de los contratos firmados en 2017 fueron temporales), a tiempo parcial involuntario (más del 60% se firmaron porque el trabajador no encontró un puesto a tiempo completo) y con salarios tan bajos como durante la crisis (España es el país de la UE donde menos crecen los sueldos).

Escasa formación en prevención de riesgos

El 25,7% de los contratos que se firman en España son de menos de siete días, según Comisiones Obreras (CCOO) y es habitual que este tipo de empleos no ofrezcan formación en riesgos laborales. "Estos trabajadores no reciben conceptos retributivos como los relativos al descanso o a las vacaciones, no se les hacen reconocimientos médicos y no reciben formación en prevención de riesgos laborales cuando las estadísticas indican que la incidencia de accidentes de trabajo es más alta entre la población con trabajo temporal", explicaba recientemente a Público Rocío De Frutos, inspectora de trabajo y diputada del PSOE.

Por todo ello, el PSOE ve imprescindible incrementar la coordinación con las comunidades autónomas y diseñar campañas específicas en aquellos sectores donde se registren más accidentes", es decir, la industria manufacturera, el comercio, la reparación de vehículos y la construcción, que fue el área que sufrió el mayor repunte de siniestralidad con un aumento del 14% en 2017 con respecto al año anterior.

"Los siniestros crecen de forma muy superior a la creación de empleo y riqueza", denuncia el Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno aumente "con la mayor brevedad un 5% el número de inspectores de trabajo" y se avance de este modo hacia "ratios homologables con Europa".