La ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció la semana pasada que confía poner en marcha a principios del año que viene el complemento salarial de 430 euros para jóvenes con un contrato de formación. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos insisten en que el llamado cheque nini, fruto de su pacto para la investidura, tiene coste cero porque "viene de fondos europeos". En concreto, 1.880 millones de euros que Bruselas destinó a España para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy desarrollara un Sistema de Garantía Juvenil que no ha logrado sus objetivos y que poco tiene que ver con el subsidio que Báñez prevé llevar al Pleno del Congreso en febrero. El PSOE denuncia "la incompetencia del Gobierno para invertir adecuadamente los recursos aportados por Europa" y advierte de que su gestión del empleo para jóvenes "sólo ha aportado paro, precariedad y devaluación salarial".

La tasa de desempleo juvenil en España se situó en octubre en el 38,2% según Eurostat, el segundo peor dato de toda la UE sólo por detrás de Grecia. Eso significa que casi un millón y medio de jóvenes menores de 35 años no trabaja. Además, casi la mitad de ellos son parados de larga duración, es decir, que llevan más de un año sin empleo. Un escenario preocupante si tenemos en cuenta que, desde 2014, el Ejecutivo está implantando el denominado Sistema de Garantía Juvenil, pensado para dar una salida profesional o formativa en un plazo inferior a cuatro meses a jóvenes menores de 25 años que no están buscando trabajo ni estudiando.

El problema es que la puesta en marcha de esta iniciativa ha sido un fracaso porque, a tenor de un informe publicado por el Tribunal de Cuentas de la UE en abril, casi el 90% de los potenciales destinatarios de la ayuda ni siquiera se han registrado en el programa (el Gobierno ha reconocido que sólo 12.611 personas de las 800.000 inscritas firmaron un contrato). Y hay más: el 47% de los ninis que participaron en el programa en 2015 seguían sin empleo y sin formación pasados seis meses, la cifra más elevada de entre los siete países auditados. De hecho, el Tribunal de Cuentas señala a España (que también recibió 943,5 millones de la Iniciativa Empleo Joven) como "la excepción negativa" y revela fallos del Gobierno en la evaluación del programa. Fuentes del Ministerio de Empleo sólo asumen la última crítica y aseguran a Público que "ya se ha mejorado el sistema de certificación".

Sin embargo, lejos de reconducir y mejorar la aplicación de la Garantía Juvenil (que la UE considera una llave estructural para lograr estabilidad y prosperidad), el Gobierno invertirá las ayudas europeas destinadas a ese fin en un complemento salarial que, además, sólo beneficiará al 4% de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Un bono que, según la diputada del PSOE Rocío de Frutos, "solamente provocará devaluación salarial y desigualdad" porque parte de la idea de que "el trabajador es poco productivo y por eso hay que subvencionarlo". 

Pero... ¿España puede financiar este complemento de rentas a través de los fondos europeos previstos para la Garantía Juvenil? Eso fue lo que preguntaron los eurodiputados socialistas Sergio Gutiérrez, Ramón Jáuregui y Javier López a la Comisión Europea, que fue rotunda en su respuesta: "El programa de Garantía Juvenil no prevé la financiación de complementos salariales". Bruselas destinó en 2014 un total de 8.400 millones de euros para atajar el paro juvenil en Europa.

El PSOE comparte la valoración de la Comisión Europea porque entiende que la Garantía Juvenil es un instrumento para "favorecer la creación de empleo entre jóvenes que tienen problemas de inserción, pero un complemento salarial como el que propone el Gobierno del PP lo único que consigue es abaratar la contratación de todos los jóvenes, aunque no tengan problema de empleabilidad”. Fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin embargo, matizan a Público que el bono joven que plantea el Ejecutivo "no es un complemento salarial sino una ayuda complementaria que llega directamente al joven" y que el objetivo de ambos programas es el mismo: crear empleo.

De hecho, la ministra Báñez insiste en que hoy hay 502.700 jóvenes más trabajando que en 2011, pero el PSOE advierte de que casi el 20% de los menores de 25 años que buscan trabajo no lo encuentran y, si lo encuentran, "suele ser al margen de los servicios públicos de empleo y sólo les sirve para malvivir", denuncia De Frutos, que tiene 25 años de experiencia como inspectora de Trabajo. Además, del total de personas asalariadas menores de 30 años, casi el 60% tiene un contrato temporal, según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre. Un temporalidad, insiste la diputada socialista, que "conlleva rotación y un encadenamiento abusivo de contratos que se usan para cubrir puestos de trabajo fijos y que generan precariedad". 

Para el PSOE, el desempleo que celebra el Gobierno se está sustituyendo por un "subempleo precario, flexible y que conlleva empobrecimiento y la quiebra de las expectativas de futuro de los jóvenes". Ese escenario aleja a los menores de 35 años de la "integración sostenible en el mercado de trabajo", uno de los objetivos de la Garantía Juvenil, donde el porcentaje de temporalidad es aún mayor: el 78,6% de los contratos suscritos en este sistema desde 2014 son temporales, según la oposición.

Detrás de esos datos, pues, tenemos a dos grupos de jóvenes. Por un lado, chicos y chicas sin formación o poco cualificados a los que el sistema no logra proporcionar educación e integración en el marcado laboral. Somos el tercer país de la UE con más ninis en paro (sólo superado por Croacia y Grecia) y el número de jóvenes que no acaba la ESO duplica el de la media de la OCDE. Y por otro lado, tenemos a jóvenes formados con un alto nivel de competencias que ocupan puestos no acordes a su capacidad o que, siendo adecuados, trabajan de forma gratuita o en situación de explotación mediante becas, prácticas no laborales o contratos para la formación.

La trampa de las prácticas y los contratos de formación

En este sentido, el PSOE denuncia que hay prácticas no laborales que amparan "verdaderas relaciones laborales no retribuidas" y que incumplen los requisitos básicos de estos contratos como son "la formación y la limitación de la jornada de trabajo". El Pleno del Congreso apoyó recientemente la tramitación de una proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para restringir las prácticas académicas externas al ámbito universitario, de forma que una empresa que quiera seguir contando con un becario tenga que contratarlo una vez éste concluya sus estudios.

El PSOE alerta también de que los contratos para la formación se han usado "en fraude de ley" y que los empresarios optan por esta modalidad "para reducir costes laborales" debido a la reducción del 100% de las cuotas a la Seguridad Social. De hecho, el número de contratos convertidos en indefinidos apenas representa el 2% de los realizados.