"El empleo que llega es de más calidad que el que se fue". Esa fue la frase que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, eligió a finales de agosto para contrarrestar las críticas de los sindicatos que denuncian un aumento de la precariedad laboral y una pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios. Ese día Báñez anunció que ya se habían recuperado siete de cada diez empleos destruidos durante la crisis.

Sin embargo, los datos de la Seguridad Social y su cruce con la Encuesta de Población Activa (EPA) daban la razón a los sindicatos y revelaban poco después que desde la llegada del PP al Gobierno hay 300.000 empleos fijos de jornada completa menos y 1,3 millones de trabajadores temporales más. 

Los expertos lo llaman deterioro de la calidad del empleo. Es decir, precariedad, un fenómeno que ya afecta a 6,16 millones de trabajadores y que va adquiriendo incontables formas. Una de ellas es el llamado encadenamiento de contratos, es decir, que una misma empresa contrate y despida repetidamente a una misma persona.

Según los informes que Comisiones Obreras (CCOO) elabora periódicamente, hay 1,7 millones de trabajadores en esta situación, lo que supone el 9,16% de los 18,8 millones de ocupados que hay actualmente en España. En el segundo trimestre de 2017, cerca del 80% de los afectados tenía más de 31 años; 826.000 eran hombres y 898.000, mujeres. Como la empresa está obligada por ley a hacer indefinido a un trabajador que encadena contratos temporales durante dos años, es habitual que haya etapas de desempleo entre un contrato y otro.

CCOO consigue estos datos cruzando dos variables de la EPA —la antigüedad de los trabajadores en una empresa y la fecha del último contrato— pero el Gobierno no tiene estadísticas oficiales sobre el número de afectados por el encadenamiento de contratos. Por tanto, sus datos sobre empleo están en cuarentena. Por ejemplo, el número de contratos declarados por las empresas el pasado mes de julio fue de 1.928.639, pero sólo uno de cada 20 era indefinido y a tiempo completo. ¿Cuántos de ellos fueron encadenados? Es posible que muchos hayan sido firmados por los mismos trabajadores en repetidas ocasiones. Ante tal opacidad, el diputado socialista por Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha registrado una pregunta al Ejecutivo sobre la ausencia de datos de contratos encadenados y, en función de la respuesta, su grupo "valorará registrar una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno contemple este tipo de estadísticas y poder actuar en consecuencia". 

"Mientras antes había una persona trabajando 40 horas, ahora hay cuatro personas trabajando diez", denuncia a Público el diputado socialista, que recuerda que España —según Eurostat— ocupa el puesto 26 de los 28 de la Unión Europea en el ranking de personas que tienen trabajo pero están en riesgo de pobreza, sólo por delante de Grecia y Rumanía. "Lo que hace el Gobierno no se llama crear empleo, tiene otro nombre, se llama explotación laboral”, sentencia.

Quizás por eso, España sea el país europeo con más trabajadores (un 12%) buscando otro empleo, según el último estudio elaborado por la empresa de recursos humanos Randstad. De hecho, la duración media de los contratos temporales ha bajado 12 días desde 2011 y el 26% de ellos ya son de una semana o menos, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Una prueba de que, como sostiene el sociólogo Jorge Moruno, "la precariedad no es un hecho coyuntural que aparece con la crisis sino que ya existía, se ha extendido y es ya un modelo social y laboral". De hecho, el fenómeno de la encadenación de contratos va en aumento desde 2013 y el porcentaje de trabajadores pobres ya roza el 15%, según Cáritas.

Contratos de poca duración, con salarios bajos y peores condiciones laborales. Estos son los ingredientes de una precariedad que, como explica a Público el autor de La fábrica del emprendedor (Editorial Akal), provoca que "la sociedad no pueda desarrollarse entorno a un empleo y que no tenga garantías para llevar una vida estable". Además, supone un hachazo en las cuentas de la Seguridad Social porque, según cuenta el responsable del gabinete económico confederal de CCOO, Carlos Martín, se generan, por un lado, menos cotizantes —los jóvenes tardan más en emanciparse y tener hijos— y, por otro, más pensionistas antes de tiempo —los trabajadores que pierden el empleo a los 50 años acaban optando por prejubilarse—.  

Un escenario insostenible a largo plazo que, en opinión de Martín, podría solucionarse eliminando las dos figuras contractuales que "explican el 90% de la contratación temporal en España": los contratos por obra y servicio y los contratos eventuales por circunstancias de la producción. Moruno no opina lo mismo y sostiene que "la modalidad del contrato no crea empleo por ella misma sin crecimiento". El también responsable del Área de Economía y modelo productivo de Podemos considera que el fin de la precariedad pasa por "el aumento de los salarios, la mejora de la negociación colectiva y un cambio de modelo productivo para invertir en sectores que creen más riqueza".