La ministra de Empleo, Fátima Báñez, dijo en verano del año pasado que "el empleo que llega actualmente es de más calidad que el que se fue con la crisis" y calificó la recuperación económica de "sana, sólida y social". Sin embargo, el 90% de los contratos que se firmaron en 2017 fueron temporales y uno de cada cuatro duró menos de una semana. La temporalidad ya no es una opción elegida libremente por el trabajador sino, directamente, el modo de vida de cada vez más ciudadanos. Prueba de ello es que, desde que entró en vigor la reforma laboral del PP, los contratos temporales han aumentado en más de cinco millones. 

En 2012 había en España 12,8 millones de contratos temporales y, cinco años después, esta cifra ha superado los 18 millones, lo que supone un aumento del 41%. Lo dice el propio Gobierno en una respuesta escrita a la pregunta formulada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, para quien estos datos constatan que la reforma laboral "sólo ha traído precariedad y salarios miserables".

España es el país de la Unión Europea donde menos crecen los sueldos y donde seis millones de trabajadores están cobrando menos del salario mínimo interprofesional (735,90 euros). Además, trabajar ya no es garantía de llegar a fin de mes porque más de un 13% de las personas empleadas en España está en riesgo de exclusión social.

¿Las causas? "Camareras de hotel que cobran dos euros por habitación, jóvenes que cobran 500 euros sirviendo mesas por 12 horas y 3.300.000 horas extraordinarias a la semana que no se pagan", insiste Heredia a Público. Los trabajadores pobres ya no son casos aislados y, además, cada vez tienen menos derechos. Mientras el Gobierno muestra triunfal su escaparate de bonanza económica, florecen en la sombra empleados a la carta que trabajan por días o semanas, sin contrato escrito ni derechos retributivos. Una figura que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, pero que ya es una realidad debido a la utilización abusiva de los contratos eventuales.

De hecho, Báñez anunció recientemente que la Inspección de Trabajo endurecerá las sanciones para acabar con la "temporalidad injustificada" e impondrá multas por cada contrato que carezca de causalidad. Temporalidad es sinónimo de inestabilidad y precariedad, pero también de inseguridad porque la incidencia de accidentes de trabajo es más alta entre la población con trabajo temporal. "La mayoría de las muertes en jornada laboral se producen en pequeñas y medianas empresas de menos de 50 trabajadores que no forman en riegos laborales a sus empleados temporales", denuncia el diputado socialista.