Nada hacía pensar a los activistas que el desahucio de Araceli, una señora de 70 años a cargo de una menor y que convive con una hija que padece una enfermedad crónica que le obliga a vivir con un respirador artificial, se pararía por tercera vez. La vivienda, sita en la madrileña localidad de Alcalá de Henares, es propiedad del Ivima, entidad pública de la Comunidad, quien no acepta regularizar la situación de la afectada pese a la disposición de ésta.

En torno a 30 policías nacionales parapetados con material antidisturbios flanqueaban las puertas desde las seis de la mañana pese a que la ejecución estaba programada para las nueve. Los pocos activistas de la PAH que se acercaban al lugar veían con estupefacción el despliegue de efectivos policiales en la zona, donde se ha llegado a cortar al tráfico después de que los inspectores llegaran al lugar. La situación, tensa desde un primer momento, empeoraba al saber que hasta mañana no estarían los resultados de la PCR a la que Araceli se ha tenido que someter al presentar sintomatología compatible con la Covid-19. Finalmente, el desahucio se ha paralizado de forma cautelar ya que "las condiciones por las que se emitió el primer auto de desalojo han cambiado, y ahora lo están teniendo en cuenta", según relata Óscar Tejeda, abogado de la familia.

La historia de Araceli se remonta a 2007, cuando fallece su marido, titular de la vivienda social que habitan desde hace más de cuatro décadas. Años después la alcalaína recibe una carta del Ivima, por lo que se presenta en las oficinas de la entidad a pedir explicaciones. "Allí le dicen que no se preocupe, que ya irá teniendo notificaciones, aprovechándose de que no sabe leer ni escribir", enfatiza el letrado. Así hasta junio de este año, cuando le comunican la fecha de su desahucio que, de efectuarse, dejaría sin solución habitacional a una anciana con una menor a su cargo junto a dos de sus hijos, que también conviven en el inmueble.

La presión popular, que llegó a reunir a unos sesenta activistas bloqueando la entrada al portal, hizo que Tejeda firmara un acuerdo en julio con los inspectores para retomar los trámites pertinentes a partir de este 7 de septiembre: el primer intento de desahucio estaba parado. Pese a existir un compromiso firmado por las partes, Araceli recibió una carta en la que se le comunicaba que el 24 de julio tendría que abandonar su vivienda. En esa ocasión, la presión ejercida por el abogado y el vecindario consiguieron hacer valer el acuerdo rubricado: el segundo intento de desalojo también se paralizó.
Este lunes era la fecha establecida para que, valiéndose de un auto dictaminado hace cuatro meses, Araceli tuviera que abandonar su domicilio. Nani Martínez, portavoz de la PAH Corredor del Henares, admite que no creía que se llegara a frenar el desahucio: "Viendo el dispositivo policial y cómo actuaron la última vez que intentaron echarla de su casa creíamos que esta vez sí que lo conseguirían". Por su parte, Tejeda, en el fondo, guardaba un halo de esperanza: "Estaba convencido de que si el desalojo no se ha ejecutado los meses en los que ha tenido validez el auto, ahora que han pasado cuatro no lo efectuarían". Y así ha ocurrido.

Los inspectores del Ivima han llegado a la vivienda escasos minutos antes de las 9 de la mañana. Después de ellos una ambulancia con dos sanitarios que han accedido al portal de la afectada mientras la Policía Local de Alcalá de Henares ya había cortado el tráfico rodado en los alrededores. De repente, algunos gritos de emoción se escuchan frente a los agentes que bloquean la entrada al portal: parece que el desahucio está parado, pero hay que esperar para que lo confirme Tejeda, que aún se encuentra en la vivienda con la afectada.

"El juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha tenido en cuenta el recurso que presenté como medida cautelarísima y ha ordenado que no se ejecute": el tercer intento de desalojo, frenado. A la alegría de los allí concentrados se empezaban a sumar algunos gritos de vecinos del barrio contra los agentes policiales mientras estos abandonaban el lugar de forma escalonada guardando las herramientas que de madrugada habían introducido en el edifico para efectuar el desahucio: una palanca, una cizalla, varias mazas y dos arietes.

"Las circunstancias que motivaron el auto del desahucio han cambiado, son otras completamente distintas. El proceso continúa, pero ahora tendrán que ver si procede la ejecución o no teniendo en cuenta que hay menores en la vivienda y gente enferma. Ahora nos toca a nosotros hacernos escuchar", ha declarado a Público Tejeda. Martínez, aunque se alegra de esta pequeña victoria para la PAH, aclara que desde el colectivo seguirán las indicaciones del letrado. "Trabajaremos con la familia e intentaremos reunirnos con el Ivima para regularizar la situación de Araceli y su vivienda. Aunque se muestran algo reacios a hacerlo, nosotros lo seguiremos peleando", en los propios términos de la activista.

Según el abogado, "un buen resultado sería que el procedimiento judicial quedara fuera de lugar, porque ya es extemporal, ha caducado la acción que se pretendía, por lo que tendrían que volverlo a iniciar. Y en ese trámite entre que caduca y se inicia el siguiente —concluye Tejeda— conseguir que Araceli pueda regularizar su situación, tal y como intentó hacer en su día".