Tiene 70 años y neumonía crónica, no sabe ni leer ni escribir, está a cargo de una menor y con ella conviven dos de sus ocho hijos. Se llama Araceli y está a punto de perder la casa en la que ha vivido más de 40 años en un momento en el que presenta sintomatología compatible con la covid-19. El tercer intento de desahucio para esta familia de Alcalá de Henares, en Madrid, conmueve al vecindario dada la situación en la que se produce. Tras haber evitado dos intentos de desalojo anteriores, todo indica que el 7 de septiembre será el definitiva. La vivienda pertenece al Ivima, organismo público de la Comunidad de Madrid desde el que se niegan a regularizar el estado de la afectada pese a que ella lo lleve reclamando desde hace meses.

Tal y como narra Óscar Tejeda, abogado de la familia, la cuestión comienza en 2007, cuando fallece el marido de Araceli. "Hasta ese momento ocupaban la vivienda de forma totalmente legal gracias a un contrato de alquiler con el Ivima. En 2012 Araceli recibe una carta en la que le dicen que se tiene que ir por no estar el título a su nombre, así que se acerca a las oficinas de la entidad pública y allí le dicen, aprovechándose de su analfabetismo, que no se preocupe y que ya recibirá notificaciones al respecto". Un proceso que se ha alargado hasta su última fase, en junio de este año. Ese mes, una notificación del Ivima les comunica que serán desalojados.

"No han respetado ninguno de los cauces judiciales. La notificación es del Ivima, no del juzgado, además de que la primera de ellas, que se lleva a cabo sin comunicar a las partes ni a los propios moradores, se hace dos días antes de entrar en vigor el estado de alarma", agrega el letrado. De esta forma, el 30 de julio se realiza el primer intento de desalojo. "La presión popular y vecinal de unas 60 personas hizo que los inspectores dijeran que se suspendía el desahucio para retomar los trámites el 7 de septiembre. Fue un acuerdo firmado entre ellos y el abogado", recuerda Nani Martínez, portavoz de la PAH Corredor del Henares. La sorpresa vino cuando una semana después de esa pequeña victoria les llegó una carta diciendo que el 24 de agosto, y no el 7 de septiembre, volverían a intentar a echar a Araceli.

"Les iba a denunciar por prevaricación"

Dado el periodo estival y la inminencia del desalojo, Tejeda no pudo contactar con nadie del Ivima y muchos menos activistas secundaron la convocatoria. "Ese día les dije a los inspectores que si continuaban con el desalojo denunciaría a todos los que se presentaron para efectuarlo, desde ellos mismos hasta los agentes de la Policía, por prevaricación al no respetar un acuerdo firmado", en los propios términos del abogado. En esa ocasión, los activistas fueron apartados de la puerta a empujones por más de una decena de agentes de la Policía Nacional, que acabaron acompañados por cuatro de la Policía Local, más personal de seguridad privada.

"El despliegue policial ha ido en aumento. En el primer intento, donde conseguimos congregar mucha gente, tan solo se personó el mando policial con cuatro agentes diciéndonos que estaban en contra de la violencia. Ya en el segundo, el mismo mando vino acompañado de dos furgones y los ánimos estaba más caldeados que en julio, así que el lunes nos esperamos que haya mucha más presencia policial horas antes de la hora prevista para el desahucio", comenta Martínez. Por ello, la PAH ha convocado una concentración en la puerta del domicilio a las 7 horas para evitar que llegue antes el dispositivo policial y eso perjudique su labor de manifestarse en contra de este desahucio, parafraseando a la activista.

Posible delito contra la salud pública

Pero la situación se ha agravado. "Mi clienta, al haberse visto obligada a buscar una solución habitacional y salir de su casa constantemente contra la recomendación de los médicos, ha empezado a presentar sintomatología compatible con el coronavirus, al igual que una de sus hijas", relata el abogado de la familia. Los médicos ya han advertido de que esa familia se tiene que poner en cuarentena, y los resultados de las pruebas PCR que se han realizado no estarán listos hasta el mismo lunes del desahucio o el martes, según indica Tejeda.

"En estas condiciones, seguir adelante con el desalojo podría significar que la Administración esté llevando a cabo un delito contra la salud pública al dejar en la calle a una mujer infectada con un menor a su cargo. Yo el lunes ni me voy a acercar a la familia, no sé cómo lo hará la Policía, pero como intenten echarles interpondré una querella criminal a todos los organismos de intervinientes por un delito contra la salud pública", enfatiza el letrado.

"Se trata de una familia de especial necesidad, bajo mínimos. Esta mujer no tiene ni ayudas ni pensión de jubilación, vive de lo que le dan el resto de sus hijos", describe Tejeda.

"No entiendo dónde quieren que vaya"

Nerea Ibarra, una de las hijas de la afectada, ve con incomprensión por qué la entidad arrendataria les deniega la posibilidad de pagar las cuotas atrasadas: "No entiendo dónde quieren que vaya con una menor y una hija que vive con ella conectada a un respirador dejando atrás la casa de toda su vida. Si nos dejaran pagar lo que se debe, entre todos sus hijos podríamos abonar la cuantía".

En relación al estado anímico, Ibarra reconoce que su madre lo está pasando muy mal, pues los nervios y la incertidumbre también le pasan factura a nivel psicológico. "Además, la niña pequeña no deja de llorar y estar intranquila", apuntilla la hija de la afectada. En estos momentos, la vivienda está ocupada por diez personas: las cuatro habituales más un hijo, su mujer y sus cuatro críos, ya que a causa del coronavirus no han tenido otro remedio que volver a la casa de Araceli, recalca la propia Ibarra. 

Es ella la que opina que el lunes 7 de septiembre la zona aparecerá acordonada desde primera hora de la mañana para evitar que pasen los activistas. "Estamos convocando a todas las compañeras de la coordinadora y esperamos que se acerque gente de diferentes sitios de Madrid. Araceli es una persona muy apoyada por el vecindario y esperamos que eso frene el desalojo", concluye Martínez, la portavoz de la PAH.