La justicia de la Iglesia sienta este jueves en el banquillo de los acusados al sacerdote que ha criticado públicamente la gestión del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy, por una veintena de despidos de trabajadores de la diócesis y varios desahucios en la provincia con las mayores tasas de paro de España.

El Tribunal Eclesiástico de Cádiz juzgará durante varias semanas al que ha sido párroco en Conil y canónigo de la Catedral gaditana Rafael Vez por delitos contra la Ley Divina cometidos, presuntamente, al haber difundido informaciones que "atentan contra la buena fe y dignidad" del obispo.

El juicio se presenta, sin embargo, aparentemente desigual. Para empezar, el promotor de justicia, lo que vendría a ser el fiscal en la jurisdicción civil, ha sido nombrado expresamente para este caso por decreto del mismo obispo y él es quien ha presentado la acusación contra Rafael Vez para que se le suspenda en su ejercicio como sacerdote, canónigo y profesor del Seminario.

Y la defensa, que solicitó infructuosamente la recusación del promotor designado por considerarlo imparcial, se ha encontrado ahora con que todas sus preguntas a los testigos que van a declarar en la vista oral (en el derecho canónico se formulan previamente por escrito) han sido denegadas por el tribunal, que entiende que son improcedentes, lo mismo que ha considerado respecto a la petición para que el obispo preste testimonio en el juicio.

El abogado, Xisco Cardona, doctor en Derecho Canónico y abogado del Tribunal de la Rota, ha asegurado a Público que nunca había visto un procedimiento como éste en un tribunal eclesiástico y que "se haya nombrado un tribunal ad hoc" para un juicio, atentando "contra la tutela judicial efectiva". Pese a todo, el letrado advierte de que en el juicio van a ejercer el derecho a la defensa, porque "los obispos -recalca- están sometidos a la ley universal de la Iglesia", como cualquier otra persona.

"No vamos contra la Iglesia, sino a favor de ella, para esclarecer la verdad y evitar abusos y arbitrariedades", afirma Cardona, quien se ha encontrado con otro inconveniente en el señalamiento del juicio.

Los testigos de la acusación y la defensa han sido citados a declarar a lo largo de varias semanas (dos por semana), en vez de en una o dos jornadas consecutivas, como suele ser habitual. Ello obligará a este letrado, residente en Baleares, a desplazarse hasta cinco veces a Cádiz para asistir a la vista oral.

Otro aspecto del procedimiento que ha denunciado la defensa del canónigo es la falta de un decreto firmado previamente a la presentación de la demanda penal en el que se hubiese pormenorizado la investigación realizada y se hubiese leído su contenido ante el investigado antes de proceder a su acusación formal para llevarlo a juicio, tal como se hace al concluir una fase de instrucción de una causa en los juzgados ordinarios.

“Un cúmulo de despropósitos”

Rafael Vez habla de un "cúmulo de despropósitos" a lo largo de todo el procedimiento que se ha abierto contra él. Para empezar, en la argumentación de la demanda. A su entender, él nunca ha cuestionado aspectos de la moral o la doctrina de la Iglesia, sino las formas con las que el obispo ha gestionado la diócesis.

"Lo que está en juego aquí es la libertad de expresión –explica a Público- y eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Se ha expresado un desacuerdo con las formas y con los métodos. Y hay cosas que son esenciales: la obediencia debida de un sacerdote no puede ser una obediencia ciega a un obispo, porque yo puedo disentir y expresar mi opinión sobre sus modos".

Los modos con los que Rafael Vez no está de acuerdo son, por ejemplo, los despidos de trabajadores de la Diócesis y de Cáritas en Cádiz. "Ha habido una limpieza para meter a los amigotes. Y eso sorprende que se haga en la Iglesia, porque no son los métodos más adecuados, no son evangélicos", recalca. Y también incluye en esos modos la falta de transparencia de la que, a su juicio, adolece la gestión de monseñor Zornoza Boy desde que llegó a Cádiz en 2011, procedente de Getafe, donde ejercía como obispo auxiliar en los tiempos que el ultraconservador Antonio María Rouco Varela presidía la Conferencia Episcopal.

La demanda penal contra Rafael Vez se argumenta en más de un centenar de páginas, buena parte de las cuales son referencias de las publicaciones y noticias compartidas por el canónigo y expárroco de Conil de la Frontera en su muro de Facebook, que han sido incluidas como prueba documental.

En su petición de condena, el promotor de justicia solicita también que se obligue al sacerdote a eliminar todos los comentarios y noticias que ha publicado o compartido en sus redes sociales contra monseñor Zornoza Boy, entre ellas siete informaciones de Público.

"Desde tiempo atrás, y especialmente a lo largo de 2019, vienen divulgándose informaciones a través de diferentes medios de comunicación digital con repercusión provincial, nacional e internacional y que señalan como autor de algunas y difusor de otras al reverendo Rafael Vez Palomino, Presbítero de esta Diócesis de Cádiz y Ceuta, por medio de sus comentarios, opiniones, declaraciones y cartas abiertas que atentan contra la buena fe y dignidad del obispo, algunos de sus colaboradores en la curia y a la propia Diócesis, al criticar y enjuiciar públicamente con dureza determinadas actuaciones en el gobierno de la Diócesis, mostrando su oposición y desacuerdo considerándolas injustas e inmorales, causando con ello inquietud, malestar, oposición y sospechas que inducen y causan grave escándalo entre los fieles", afirma el promotor de justicia en los hechos de la demanda.

El promotor, el sacerdote de la provincia de Córdoba Rafael Rabasco, sostiene que el canónigo de la Catedral de Cádiz ha cometido delitos contra el quinto y el octavo mandamiento de la Ley Divina (respeto a la dignidad de las personas y no decir falsos testimonios ni mentir) y contra la Ley Canónica (crimen de falsedad, desobediencia contra la autoridad eclesiástica y suscitar odio y aversión en los súbditos contra el Ordinario).

Rafael Vez sostiene, en cambio, que él hizo uso de las redes sociales para concienciar a los feligreses de la situación del Obispado, porque entiende que su deber es denunciar lo que considera que constituye un comportamiento inadecuado del obispo en la gestión de la diócesis.

A la espera de lo que determine la sentencia del Tribunal Eclesiástico que este jueves comienza a enjuiciar su conducta, Vez ha dejado de percibir los complementos salariales como canónigo maestro de ceremonias de la Catedral de Cádiz, profesor del Seminario, pese a que, según él le han revocado el cese, y por los oficios de misas, con lo cual tan sólo percibe actualmente la cuantía del salario mínimo interprofesional que le concede la Conferencia Episcopal como cura raso.

El canónigo asegura que ya ha gastado en torno a 30.000 euros en todos los litigios que mantiene abiertos con el Obispado de Cádiz y Ceuta. Otro de ellos, por la jurisdicción civil, está pendiente del recurso de amparo que ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Audiencia Provincial de archivar su denuncia penal al obispo por acoso. También se halla a la espera de que la Congregación del Clero en Roma y la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en España respondan a su petición de mediación para resolver el conflicto.

Concentración de solidaridad ante el Obispado

En el Tribunal Eclesiástico, Rafael Vez no estará solo. El Grupo Cristiano de Reflexión-Acción de Cádiz y Bahía ha convocado a la hora del juicio una concentración en solidaridad con el canónigo a las puertas del Obispado, donde se encuentra la sede del tribunal.

Esta organización cristiana sostiene que la repercusión de las críticas del sacerdote en diferentes medios de comunicación a nivel nacional y en las redes sociales "no ha sabido encajarlas bien el obispo, que ha respondido rigurosamente contra él en los tribunales a golpe de báculo", sin tener en cuenta "las nocivas consecuencias personales y sacerdotales" que puede acarrear esa decisión, advierte.

La comunidad cristiana de base de Cádiz considera que el canónigo está siendo víctima de una "persecución" por su labor de oposición pública y frontal a la gestión del obispo Zornoza. En septiembre de 2020, enviaron a la Santa Sede, al Nuncio del Papa en España y al presidente de la Conferencia Episcopal un documento firmado por más de 300 personas, entre ellas teólogos y representantes de diversos colectivos de base de todo el estado, en el que detallaban los resultados de la gestión de monseñor Zornoza Boy: sentencias de los juzgados que han estimado como improcedentes varios despidos de empleados de la diócesis, cierre de servicios como el del único centro que acogía a migrantes en la comarca del Campo de Gibraltar y órdenes de desahucio como el de un matrimonio septuagenario que habitaba desde hace más de cuarenta años una vivienda en el interior de un convento de San Fernando.

El alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez, de Izquierda Unida, pese a declararse "no creyente", también mostró su solidaridad con Rafael Vez cuando fue cesado como párroco, publicando un bando para apoyar la labor del presbítero.

"Como alcalde he podido contar con él, y como ciudadano le estoy muy agradecido. Rafael se ha preocupado por la dignificación del trabajo (puede que una de las causas de la actual situación), se ha preocupado por la formación de colectivos vulnerables para que ello les permita acceder a un puesto de trabajo, prueba ello de su concepto de desarrollo humano que no se cansa de instigar desde su labor. Representa sin duda la iglesia del pueblo, no frente al pueblo. La sensibilidad de la gente, frente a la estructura y rigidez de la Institución", decía el alcalde conileño en el bando.