El polémico mandato del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy, que arrastra una veintena de despidos y varios desahucios, puede estar atravesando sus momentos más difíciles. Por un lado, el nuncio apostólico, embajador de la Santa Sede en España, ha declarado haber "tomado debida nota" de las denuncias que le han hecho llegar un grupo cristiano gaditano sobre la gestión "neoliberal" de monseñor Zornoza, "contraria al Evangelio". Por otro, un juzgado de Barbate ha llamado a declarar como testigos a los dos anteriores ecónomos de la diócesis para que aclaren la gestión de las rentas obtenidas con las tierras de capellanía de Vejer de la Frontera, antes en manos de la parroquia y ahora directamente del obispado.

De momento, los despidos de una veintena de trabajadores del obispado y Cáritas de Cádiz, los desahucios de longevos inquilinos de viviendas propiedad de la diócesis y la defenestración del sacerdote que ha abanderado la lucha contra la gestión del obispo Rafael Zornoza Boy se encuentran ya sobre la mesa del nuncio nombrado por el Papa Francisco, Bernardito Cleopas Auza. Aunque, para ello, el Grupo Cristiano de Reflexión-Acción de Cádiz ha tenido que enviarle a lo largo de un año hasta tres escritos, suscritos por unas 300 personas, para que el embajador de la Santa Sede haya atendido finalmente sus demandas. En una carta fechada el pasado 7 de junio, Bernardito Auza refiere el "acuse de recibo" de esas comunicaciones y asegura que "se ha tomado la debida nota y se ha prestado la debida atención a todo cuanto en ellas se significa".

Lo que "se significa" en esos escritos es una larga lista de presuntos desmanes durante el mandato de Zornoza Boy como obispo de Cádiz y Ceuta, que el colectivo denunciante tacha de "neoliberal", guiado por "criterios empresariales" y de rentabilidad económica, en vez de por las necesidades de la población más desfavorecida en la provincia con los mayores índices de paro de España. Integrantes del Grupo Cristiano de Reflexión han asistido a varios juicios por despidos de trabajadores de la diócesis, como el de Mari Carmen Amigueti, que fue declarado improcedente en junio de 2019 por el juez de lo Social número 3 de Cádiz en una sentencia en la que calificó los hechos de "acto de represalia empresarial" contra la empleada, quien había demandado previamente a la entidad por modificar sus condiciones laborales.

En esa resolución judicial de primera instancia se subraya que "no existe el más mínimo motivo que pudiera explicar alguna motivación de un despido sin causa alguna que lo justifique, después de casi 20 años de prestación de servicios", por lo que el juez ordenó la readmisión de la trabajadora empleada y el abono de los salarios dejados de cobrar desde su despido.

El escrito que ahora obra en poder del nuncio apostólico también refiere el caso del despido y desahucio de un matrimonio septuagenario de San Fernando. En esa ocasión, el Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz condenó en primera instancia al Obispado a pagar 6.977 euros a una mujer de 70 años que trabajaba como limpiadora y portera del convento de clausura de las Capuchinas sin estar dada de alta en la Seguridad Social y sin cobrar ninguna retribución, salvo el disfrute del uso de una vivienda, de la que, además, había sido desahuciada por la Diócesis, asunto que aún estaba pendiente de resolución judicial.

En el fallo, también de junio de 2019, el magistrado sólo considera probado la existencia de una relación laboral con el Obispado a partir del 24 de enero de 2017, cuando las monjas de clausura que ocupaban el convento se marcharon a El Puerto de Santa María y la Diócesis se hizo cargo del edificio. A partir de esa fecha, se señala en la sentencia, "el Obispado sabe con claridad y exactitud" que hay una vivienda dentro del inmueble en la que viven la demandante y su marido, que se realizan trabajos de limpieza "y, sin embargo, sólo inicia actuaciones de requerimiento al esposo para que él y su familia abandonen esa vivienda, dado que él ya se había jubilado en la relación laboral que tenía con las monjas".

El grupo cristiano denunciante también refleja en su escrito al nuncio el desahucio de un local propiedad del Obispado donde varias generaciones de una familia habían explotado un bar muy popular en Cádiz durante más de un siglo, así como la falta de transparencia sobre el funcionamiento de las fundaciones diocesanas, del patrimonio que gestionan y los cambios de su titularidad. Todas las veces que este periódico ha querido conocer la versión de la Diócesis sobre esas denuncias, siempre ha recibido la misma respuesta: no hay declaraciones.

Las capellanías de Vejer, en el ojo del huracán

Precisamente, sobre uno de los fondos que maneja el Obispado ha puesto ahora la lupa el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Barbate, que instruye una causa contra el expárroco de Vejer de la Frontera Antonio Casado por presunta apropiación de dinero de las rentas obtenidas de las capellanías, tierras y bienes donados a la parroquia del Divino Salvador por creyentes a cambio de oraciones por la salvación de sus almas y beneficencia con los más necesitados. Esas capellanías, al igual que la explotación del cementerio local, desde su constitución en el siglo XVI eran gestionadas por la parroquia vejeriega, que ya en su última fase se quedaba con sólo un 10% de los ingresos, hasta que monseñor Zornoza Boy decidió hace unos cuatro años que la Diócesis asumiera íntegramente esa gestión y, por tanto, la de los beneficios que de ella se obtienen.

El Juzgado de Barbate, según ha podido saber este periódico, y a petición de la fiscal del caso, ha citado a declarar como testigos a los anteriores ecónomos del Obispado Francisco Granado y Antonio Diufaín, este último centro de todas las críticas del movimiento seglar y clerical opuesto a monseñor Zornoza, que lo consideraron la mano ejecutora de la política neoliberal del obispo hasta su cese en junio del año pasado. El ministerio público quiere saber cómo funciona el llamado Fondo del Clero que gestiona esos ingresos, después de no haber obtenido las aclaraciones que necesitaba de la declaración que hizo en el juzgado el pasado 26 de mayo la actual ecónoma, Carmen Lobato, también en calidad de testigo. La fiscal igualmente ha pedido que esta última amplíe su informe por escrito de los movimientos de las cuentas de la parroquia y, por otro lado, ha requerido datos tributarios y bancarios del expárroco.

Ese fondo no es ninguna minucia. Tan sólo una de las capellanías, la de una finca de unas 50 hectáreas arrendada a una empresa que ha instalado en ella un parque de paneles fotovoltaicos para energía solar, proporciona unos ingresos anuales de en torno a 150.000 euros, según el presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Vejer, entidad que exige que los fondos se reviertan en la parroquia vejeriega, para su manutención y funcionamiento, como ocurría antes de que fueran asumidos íntegramente por el Obispado. La fiscal también ha pedido información sobre la normativa reguladora de esa finca usada como parque fotovoltaico.

La Sociedad Económica, que forma parte del Consejo Local del Patrimonio del Ayuntamiento y del Consejo Local Parroquial, tras haber solicitado varias veces al obispo una reunión para abordar este asunto sin obtener respuesta, difundió el pasado verano una carta abierta, que va a publicar de nuevo en los próximos días, en la que denuncia que la decisión de la Diócesis de asumir directamente los ingresos de las capellanías y el cementerio local "han dejado sin sustento a la parroquia para atender los gastos ordinarios de limpieza, mantenimiento del culto, reparaciones, etc".

En la carta también hacía referencia la Sociedad Económica vejeriega a la donación "de una cantidad importante" de dinero que hizo un vecino para labrar una nueva imagen del Salvador para la iglesia parroquial, de la que sobraron 80.000 euros tras la realización de la obra, dinero del que desconocen su destino pese a que el donante lo había destinado a la parroquia. Antonio Muñoz asegura que hay un buen número de personas que han anunciado que ya no van a hacer ninguna donación a la parroquia, porque no se fían de que su legado se vaya a quedar en Vejer.

"Lo que reclamamos es que un mínimo del 10% de los ingresos se deben quedar en la parroquia para su administración y manutención, porque tiene muchos gastos y se han quedado sin nada, para que los párrocos no tengan que estar pidiendo dinero como pordioseros", añade el presidente de la Sociedad Económica.

"Información muy confidencial de fuentes fiables" del obispo

El origen judicial de este asunto se halla en la investigación que abrió la Guardia Civil en torno al anterior párroco, Antonio Casado, y unas supuestas desviaciones de dinero que había hecho de los fondos de la parroquia para pagar el presunto soborno de una mujer relacionado con los trámites de adopción de un niño de Guinea Ecuatorial. Casado, que lleva tres años suspendido de sus labores por esos hechos, denunció el año pasado en los juzgados de Barbate al obispo por una carta que, según obra en la denuncia, el prelado había enviado en julio de 2018 al cardenal prefecto de la Congregación para el Clero de la Santa Sede. En ella, monseñor Zornoza le comunicaba que habían recibido información "muy confidencial de fuentes fiables" de una investigación por "blanqueo de capitales" del párroco vejeriego y la existencia de "testamentos cruzados" entre él y la mujer que le tramitaba la adopción del menor guineano.

En su denuncia por posible revelación de secretos, calumnias e injurias, Casado considera "incomprensible" que el obispo hubiese podido recibir información sobre una investigación que en ese momento se encontraba bajo secreto de sumario y que, al mismo tiempo, supiese de la existencia de un testamento que él niega haber hecho y que, en todo caso, únicamente podría conocer el notario que lo hubiese tramitado o la autoridad competente para ello. La denuncia está ahora pendiente de su admisión a trámite en los juzgados de Cádiz para la incoación de diligencias previas, después de que el de Barbate se inhibiese a favor de los de la capital, donde tiene su residencia el obispo.

Casado, sin embargo, perdió en primera instancia el procedimiento judicial que se le abrió por la vía eclesiástica. El Tribunal Metropolitano de Sevilla le condenó el pasado mes de enero a recluirse durante cinco años en un monasterio y a devolver a las arcas de la parroquia de Vejer 352.000 euros. La sentencia ha sido recurrida ante la instancia superior, el Tribunal de la Rota, ya que, según afirmó su abogado, Antonio García Berbel, carecía de fundamento y contenía "barbaridades jurídicas".

La batalla judicial con el canónigo de la catedral

Pero esa no es la única batalla judicial que se dirime en la Diócesis gaditana, donde desde hace unos años se libra una guerra sin cuartel, a veces soterrada, a veces a campo abierto, entre el sector más conservador, liderado por el obispo Rafael Zornoza, que llegó en 2011 a Cádiz procedente de Getafe, donde ejercía como obispo auxiliar en los tiempos que Antonio María Rouco Varela presidía la Conferencia Episcopal, y el progresista más vinculado a la doctrina aperturista del Papa Francisco, que tiene su cabeza más visible en el canónigo de la catedral y expárroco de Conil Rafael Vez.

El encarnizado conflicto entre los ‘rafaeles’ ha llegado ya a los tribunales, tanto eclesiásticos como civiles. En el caso de los primeros, el Promotor de Justicia, lo que vendría a ser el fiscal en la jurisdicción ordinaria, que ha sido nombrado por un decreto del obispo para este caso, o sea, ad casum, ha pedido al Tribunal Eclesiástico que condene a Rafael Vez por delitos contra la Ley Divina y le retire su oficio de canónigo de la Catedral gaditana, suspenda su ejercicio de sacerdote y le obligue a eliminar todos los comentarios y noticias que ha publicado o compartido en sus redes sociales contra Zornoza Boy, entre ellas varias informaciones de Público.

Zornoza Boy firmó un decreto en el que nombró Promotor de la Justicia para este caso a un sacerdote y licenciado en Derecho de la provincia de Córdoba, Rafael Rabasco, que es quien ha redactado la demanda penal contra Rafael Vez, una acusación de 107 páginas, buena parte de las cuales las ocupan las referencias de las publicaciones y noticias compartidas por el canónigo y expárroco de Conil de la Frontera en su muro de Facebook, y que han sido incluidas como prueba documental. Este juicio, sin embargo, aún no se ha celebrado al haberse demorado el procedimiento.

Mientras, en la justicia civil, Rafael Vez denunció al obispo por un delito de calumnia e injurias por supuestas irregularidades, entre ellas haber anunciado en la web del Obispado que se iba a abrir un proceso penal contra él, lo cual, a su juicio, contravendría el principio de discreción del Derecho Canónico para no dañar la buena fama de la persona afectada.

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz, sin embargo, ha inadmitido a trámite la querella al considerar que no concurre ninguna conducta dolosa o reprochable penalmente, y entender que se trata de un asunto que compete al Derecho Canónico. Rafael Vez va a recurrir el auto, en el que la juez afirma, en relación a la causa penal eclesiástica en la que se halla inmerso el canónigo, que "se trata de un procedimiento contradictorio, habiendo sido designado un Promotor de Justicia ad causam". Y añade: "De la propia documental aportada por el mismo se desprende que existe un conflicto entre Rafael Vez Palomino y su superior eclesiástico Rafael Zornoza Boy que no ha logrado ser reconducido".

Valoración positiva de la carta del nuncio del Papa

Mientras las contiendas judiciales se suceden en la Diócesis de Cádiz y Ceuta, el Grupo Cristiano de Reflexión ha recibido con satisfacción la carta del nuncio apostólico en la que afirma haber tomado "la debida nota" de sus denuncias sobre las supuestas irregularidades en la gestión de monseñor Zornoza Boy. "Lo valoramos positivamente como un acuse de recibo a nuestras tres cartas enviadas durante 2020. Pero quedamos a la espera de saber sí dará respuesta a las graves cuestiones planteadas. Ojalá que sí", dice Juan Cejudo, uno de los portavoces del Grupo.

Ese acuse de recibo lo firma Bernardito C. Auza, arzobispo filipino, nombrado por el Papa Francisco nuncio en España y el Principado de Andorra en octubre de 2019, después de haber sido observador permanente de la Santa Sede ante la ONU y ante la Organización de Estados Americanos durante cinco años. Auza sustituyó en el cargo a Renzo Frattini, quien al despedirse tras una década en la nunciatura española mostró en una entrevista con Europa Press su posición contraria a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco y su traslado del Valle de los Caídos. "Sinceramente, hay tantos problemas en el mundo y en España. ¿Por qué resucitarlo? Yo digo que han resucitado a Franco. (...) No ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una guerra civil", dijo Frattini.

El colectivo cristiano de Cádiz también ha enviado cartas a la Conferencia Episcopal y a la Santa Sede, escritos que han sido firmados por más de 300 personas, entre ellas teólogos y representantes de diversas organizaciones cristianas de base de toda España, de los que aún no han recibido respuesta. Uno de los firmantes, el conocido teólogo Juan José Tamayo, publicó un artículo en julio de 2019 en el medio Religión Digital, en el que afirma: "Como condición de credibilidad eclesial, creo necesario recuperar y activar la práctica democrática vigente durante siglos en la Iglesia. Conforme a dicha práctica, hay razones suficientes para reclamar el cese del obispo de Cádiz, porque no solo no ha sido elegido por el pueblo, sino que actúa en contra del pueblo y, en concreto, contra los sectores empobrecidos de la sociedad gaditana".