La Diócesis de Cádiz y Ceuta que dirige el obispo Rafael Zornoza Boy se enfrenta esta semana a un nuevo juicio, en el que ha sido demandada por un matrimonio de 70 años, desahuciado de la vivienda que ocupaba desde hace más de cuatro décadas en el interior de un convento de San Fernando y que también reclama una indemnización por despido improcedente del trabajo de mantenimiento de ese edificio y de cuidado de las monjas.

Cuando la semana pasada se hizo pública la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz que declara nulo por "represalia empresarial" el despido de una empleada que llevaba 18 años trabajando en el Obispado, Rafael Vez, canónigo de la Catedral y párroco de Conil de la Frontera, cabeza visible de la oposición clerical a monseñor Zornoza Boy, advirtió en declaraciones a Público que eso sólo era la "punta del iceberg". Había más, por ejemplo el desahucio y despido de un matrimonio ya mayor cuyo caso será visto mañana miércoles en el Juzgado de lo Social número 2 de la capital gaditana.

Carmen e Ildefonso llevan 45 años habitando una vivienda en el interior del convento de las monjas Capuchinas de San Fernando, donde trabajaban como porteros y ocupándose de las labores de mantenimiento de este convento de clausura a cambio de comida y casa, fundamentalmente. Eso, la casa y el trabajo, lo había heredado Carmen de sus padres, que habían realizado la misma labor anteriormente durante décadas. Pero todo empezó a cambiar cuando en 2017 el Obispado trasladó al Puerto de Santa María a las últimas monjas de clausura y ellos se quedaron solos en el monasterio.

Imagen de la entrevista a Monseñor Rafael Zornoza Boy tras la marcha de las Madres Capuchinas de San Fernando. Youtube

Según la representante legal del matrimonio, Auxiliadora Moreno, el pasado mes de octubre esta pareja septuagenaria recibió un burofax del Obispado en el cual se le ordenaba abandonar el convento en el plazo máximo de diez días y, por tanto, la vivienda, que en el caso de Carmen había sido su casa durante toda la vida, donde nació. "No hubo ningún intento de diálogo por parte del Obispado, ninguna llamada, nada. Sólo el burofax", subraya Moreno que presentó una demanda civil por desahucio.

Fue a raíz del juicio que se celebró en marzo, todavía pendiente de sentencia, cuando el Obispado movió ficha y a través de su abogado ofreció 13.000 euros al matrimonio como compensación por dejar su vivienda. "Lo rechazamos porque aún había otra demanda por despido –la que se ve mañana miércoles- y porque, además, ¿qué hacen dos personas con 70 años en la calle, sin casa, con 13.000 euros?", se pregunta la representante del matrimonio desahuciado.

"Subrogación empresarial"

La última abadesa del convento, que llegó al cargo durante el mandato de monseñor Zornoza Boy, firmó en 2015 un documento que cedía al Obispado la propiedad del edificio y sus pertenencias, sin embargo, según Auxiliadora Moreno, la anterior superiora de las monjas había firmado en 2008 otro escrito en el que garantizaba la permanencia Carmen e Ildefonso realizando el trabajo de portería y mantenimiento del edificio a cambio de disfrutar del uso de la vivienda sin gastos de agua ni luz, tal como venían haciendo desde 1975.

La representante legal entiende que cuando el Obispado asumió la propiedad del convento en 2015 se produjo una "subrogación empresarial" de las responsabilidades que tenía asumidas la anterior entidad responsable del edificio, entre ellas las referidas a la continuidad del matrimonio que ejercía las labores de portería y cuidado de las instalaciones. El Obispado, en cambio, sigue manteniendo silencio sobre todo lo que se le pregunta acerca de los procedimientos que se están viendo en los juzgados y se niega a hacer declaraciones.

En el juicio que se celebrará mañana, Carmen solicitará una indemnización por despido improcedente al entender que la empresa, en este caso el Obispado, ha incumplido las obligaciones contractuales que la abadesa había contraído con ella, ya que desde la marcha de las monjas es el matrimonio quien tiene que pagar el agua y la luz. Su representante legal espera, no obstante, llegar a un acuerdo previo con el abogado de la Diócesis, que pasa por que le conceda al matrimonio septuagenario una vivienda en usufructo para que pueda vivir su vejez en unas condiciones dignas.

Ahora bien, ¿qué será, una vez que quede vacío, del edificio del convento, una construcción del siglo XIX ubicada en pleno litoral gaditano? El Obispado aseguró cuando se fueron las monjas que se destinaría a algún uso religioso, aunque dos años y medio después de su salida, en enero de 2017, aún no le ha dado ninguna utilización. Concretamente, en su página web, la Diócesis afirmaba entonces que era "deseo del obispo" que en la ciudad de San Fernando y en "este mismo inmueble se constituya una nueva comunidad religiosa, para lo cual se están realizando las gestiones oportunas con distintas congregaciones".

Otros opinan que sí hay movimientos, pero por caminos que nada tienen que ver con los de la devoción católica. Auxiliadora Moreno cree que todo hace indicar que el Obispado quiere venderlo, mientras que, según diferentes fuentes, ya hay grupos hoteleros interesados en comprarlo y que han ido a visitar las instalaciones para comprobar su estado y sus posibilidades.

En el mismo comunicado colgado en la web del Obispado en enero de 2017 se justificaba el cierre del convento por "la avanzada edad y el estado de salud de las monjas, agravado por el lamentable estado del inmueble, unido a la ausencia de vocaciones y de hermanas más jóvenes que pudieran garantizar la continuidad, gobierno y atención a las mayores".

Una buena parte del clero gaditano y organizaciones de cristianos de base han criticado durante los últimos años la gestión de monseñor Zornoza Boy en el Obispado de Cádiz y Ceuta, ya que consideran que está más ocupado en las cuestiones mercantiles y pecuniarias que en las evangélicas y las dirigidas a la defensa de las personas en situación de pobreza o exclusión en la provincia con más paro de España, con tasas de desempleo cercanas al 30%.

El canónigo de la Catedral manifestó la semana pasada a este periódico que el prelado ha aplicado "el rodillo" poniendo al frente de las finanzas de la diócesis al ecónomo Antonio Diufaín, a quienes los críticos señalan como el artífice de la operación "neoliberal" para transformar el Obispado en una "empresa" rentable. "Aquí se está aplicando un concepto ideológico por el que se interpreta a la Iglesia desde una perspectiva neoliberal y capitalista", señaló, por su parte, un portavoz del Grupo Cristiano de Reflexión y Acción y Redes Cristianas, Francisco González.