Europa Laica prepara una reclamación ante la Comisión Europea para que ponga fin al caos y la confusión sobre el pago del IBI por parte de la Iglesia a los ayuntamientos, que en la práctica representa una casi total exención del pago de decenas de millones de euros en todo el país. La organización católica escamotea gran parte de sus obligaciones fiscales, amparada en los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 y la Ley del Mecenazgo de 2002, aunque las dos normas estipulan la dispensa de su contribución únicamente en actividades relacionadas con el culto pero no en aquellas que comporten un rendimiento lucrativo.

Así lo sentenció además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2017 en el marco de un litigio que enfrentó al Ayuntamiento de Getafe con las Escuelas Pías por el impago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El TJUE dictaminó que la Iglesia está obligada a pagar tributos en actividades económicas cuando actúa como un operador más en el mercado. De lo contrario, las exenciones serían declaradas ayudas ilegales del Estado y representarían un caso claro de competencia desleal. Aunque el fallo judicial se refería al ICIO, algunos expertos consideran que los fundamentos jurídicos tienen carácter extensivo a todo tipo de impuestos.

Europa Laica ya trabaja con asesoramiento jurídico y prepara iniciativas concretas ante la UE para lograr un dictamen que ordene el desconcierto fiscal que permite a la Iglesia eludir el pago de tributos en España. El equipo de juristas que protagonizó con éxito el proceso judicial de Getafe sostiene que, con la sentencia del ICIO en la mano, los ayuntamientos ganarían sus litigios por el IBI en el caso de que la jerarquía católica siga remisa a abonar el impuesto. Solo tendrían que solicitar a los jueces ordinarios una consulta prejudicial ante el TJUE.

Pero Europa Laica estima que ese procedimiento atomizaría enormemente la cuestión y la haría depender de la voluntad de cada ayuntamiento y la diligencia de los jueces correspondientes. Para evitar esa situación, que judicializaría en exceso el caso, creen más acertado dirigirse directamente a la Comisión Europea para que emita un dictamen conjunto y vinculante. “Queremos un pronunciamiento concreto y taxativo de la UE en el caso del IBI. Si cada ayuntamiento litiga en los tribunales, el recorrido sería lento e incierto”, declaró a Público el responsable de Comunicación de Europa Laica, Juanjo Picó. La entidad laicista puede efectuar la consulta de forma directa o a través de algún grupo parlamentario de la Eurocámara, con el que ya habría contactado. Y en estos momentos sopesa qué vía puede ser más eficaz o incluso activar las dos de forma simultánea.

La iniciativa que Europa Laica quiere poner en marcha en relación al IBI es similar a la que condujo en 2005 a un contundente dictamen de la UE sobre el IVA de la Iglesia. En diciembre de ese año, la UE lanzó una dura advertencia al Gobierno para que acabara con las exenciones del impuesto al consumo de la Iglesia española porque vulneraba flagrantemente directivas comunitarias. Europa dio dos meses de plazo al Ejecutivo español para que tomara medidas y en diciembre de 2006 el BOE publicó una orden anulando las exenciones eclesiásticas. Eso sí: en compensación, el Gobierno de Zapatero elevó al 0,7% la aportación a la Iglesia en la casilla del IRPF.

El marco fiscal de la organización católica sigue siendo terreno movedizo. La propia Conferencia Episcopal anuncia en sus plataformas digitales que la Iglesia está sujeta al pago de impuestos en actividades lucrativas, pero lo cierto es que los ayuntamientos se han visto incapaces hasta ahora de cobrarlos incluso en esos supuestos. Que se tenga conocimiento público, solo dos grandes capitales de provincias, Barcelona y León, han logrado ingresar por el IBI.