Cientos de ayuntamientos podrían girar con éxito sus recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia católica para sus actividades sujetas a rendimiento económico. Así lo estiman expertos en la materia, que se amparan en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2017 que resolvió en favor del Ayuntamiento de Getafe su litigio con las Escuelas Pías para el cobro de poco más de 26.000 euros del Impuesto de Obras, Instalaciones y Construcciones (ICIO).

El fallo del máximo órgano jurisdiccional comunitario no dejó lugar a dudas: la Iglesia católica está obligada a pagar tributos en actividades que comporten rendimiento económico y su exención es considerada una ayuda de Estado expresamente prohibida por el Tratado de la UE. La sentencia permitiría una interpretación extensiva al resto de impuestos en situaciones análogas, según argumentan los especialistas consultados.

El número de ayuntamientos que podrían beneficiarse del cobro del IBI sería muy elevado y, aunque la cuantía global es difícil todavía de calcular, se cifraría en varias decenas largas de millones de euros en todo el territorio nacional. Muchos consistorios han revisado estos últimos años el listado de fincas que no pagan el IBI por razones de distinta índole y han evaluado ya las cantidades dispensadas a la Iglesia católica, propietaria de un enorme patrimonio inmobiliario en todo el país. Las cifras varían en función de la ciudad y la comunidad autónoma.

Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 2013, por ejemplo, reveló que las capitales de provincia andaluzas dejaban de ingresar 6,6 millones de euros por 2.159 inmuebles de la Iglesia. Zaragoza, por su parte, fijó en 2,6 millones el dinero que el Ayuntamiento dejó de percibir por las 584 propiedades eclesiásticas, mientras que Salamanca lo estableció en 923.000 euros, Alicante en 942.000, Jaén en 327.000 o Ronda en 45.000. Los gobiernos locales que han iniciado procedimientos en esta dirección han sido numerosos, aunque la mayoría no han dado el paso de girar los recibos y rechazar las exenciones eclesiásticas para supuestos de actividad lucrativa.

En los últimos años, el número de consistorios dispuestos a acabar con la impunidad fiscal de la Iglesia católica es creciente. Oviedo, Tarragona, Valladolid, Zamora, Lleida, Valencia, Soria, León, Ronda, Lugo, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Badalona, Elda, Córdoba, Alboraya, Móstoles, Rivas y muchos otros municipios han movido pieza de una u otra manera para cobrar el IBI a la institución religiosa.

En algunas ciudades, se dispone de estudios pormenorizados. Es el caso de Granada, donde la organización Europa Laica elaboró un informe detallado sobre las exenciones eclesiásticas, que evidenció que la Iglesia no pagaba por sus 352 edificios declarados, muchos de ellos dedicados a la educación concertada, residencias de mayores, escuelas hogar, cocheras o simplemente locales comerciales, por los que obtiene beneficio económico. La exención tributaria por todo este conjunto inmobiliario granadino asciende a 2 millones de euros.

Los expertos señalan al fallo del TJUE en 2017

La cuestión ahora es discernir con precisión qué actividades eclesiásticas están sujetas al tributo y cuáles no. Algunas de las estimaciones manejadas por los ayuntamientos incluyen también los inmuebles dedicados al culto o a usos benéficos, los cuales inicialmente quedan fuera del efecto jurídico emanado de la sentencia del TJUE. En el resto de casos, la Iglesia tiene difícil oponerse al pago con el fallo de 2017 en la mano.

La jurista Teresa Calvo está convencida de ello. Técnico del Ayuntamiento de Madrid y experta en el ICIO, fue una de las tres abogadas que trenzaron la argumentación jurídica en el litigio de Getafe que culminó con éxito ante el TJUE en una sentencia de consecuencias trascendentales y de obligado cumplimiento para los Estados miembros. "El fallo dice que otorgar un beneficio fiscal a la Iglesia cuando realiza actividades económicas va en contra del Tratado de la UE, porque vulnera la libre competencia", explica Calvo.

Aunque el veredicto del TJUE se refiere al ICIO, esta especialista considera que su "filosofía trasciende" el impuesto de obras y es factible hacer una lectura extensiva al resto de tributos. Los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 pactan la exención eclesiástica para inmuebles dedicados al culto y a labores pastorales o benéficas. Nada de actividades lucrativas. Y la Ley de Mecenazgo de 2002, que la Iglesia invoca habitualmente como refugio normativo para eludir impuestos, tampoco es de aplicación en este caso, según Teresa Calvo. ¿Por qué? Porque, en su opinión, pese a que esa disposición amplía el blindaje tributario de las fundaciones y la institución eclesial, la legislación comunitaria y sus sentencias prevalecen sobre el derecho interno.

Y, en efecto, así está recogido sin género de dudas en el artículo 1.3 de la Ley de Mecenazgo: "… sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española". Es decir: la normativa comunitaria tiene fuerza de ley en España. Y es, además, de aplicación directa. "No hace falta trasponer nada. El Tratado de la UE es como si fuera la Constitución Española", afirma la funcionaria del Ayuntamiento de Madrid. Esta interpretación no siempre es refrendada por otros expertos. Como, por ejemplo, Albert García Moreno, titular de Derecho Tributario de la Universidad de València, que expresa dudas al respecto.

Un razonamiento similar al de Teresa Calvo emplean los técnicos de Hacienda consultados por Público. Francisco Gaspar, coordinador del sindicato Gestha en la Comunidad Valenciana, entiende que los Acuerdos de 1979 protegen los bienes dedicados al culto, pero no las actividades económicas. "Esto es un tema de competencia desleal. La normativa europea establece que el uso lucrativo que genere beneficio está sometido a libre competencia y obliga a cobrar el IBI. Si no, serían ayudas ilegales", afirma el experto, en consonancia con la exposición de Teresa Calvo.

Y añade: "La Iglesia se ha metido ya en casi todos los sectores económicos, como la sanidad o la enseñanza. En València, por ejemplo, es impresionante la cantidad de actividades económicas de prestación de servicios en los que actúa. Yo sí veo la viabilidad del cobro, aunque no será un tema pacífico". Se refiere a la iniciativa anunciada por el Ayuntamiento de València, que este año pasará el pago del IBI a una decena de inmuebles de la Iglesia católica, en una decisión que previsiblemente abrirá el camino a decenas de municipios.

EL Ayuntamiento de València pasará sus facturas a la Iglesia

"Este año mandaremos diez recibos", avisa el concejal de Hacienda, Ramón Vilar. Un hospital privado, varios centros universitarios católicos, un hostal de jóvenes y hasta una tienda de alquiler de bicicletas. "Aquí, la universidad privada, como no paga, es un imperio", señala al otro lado del teléfono. "Eso es lo más gordo. Hay dos universidades y una tiene hasta ocho centros", detalla. Valencia se acogerá a la sentencia del TJUE para defender su derecho al cobro del IBI. "Partiendo del caso de Getafe, nos pusimos en marcha. El fallo se refiere al ICIO, pero entendemos que cuando habla de dopaje fiscal alude también a cualquier impuesto".

El camino no ha sido fácil. Antes de enviar los primeros recibos, el Ayuntamiento valenciano ha tenido que desenredar la confusa maraña del entramado catastral de la Iglesia católica. "Cuando localizamos un inmueble, por ejemplo la Universidad católica, vamos al catastro y vemos que pone Parroquia de María Inmaculada", explica el concejal. Ese es un problema generalizado. La Iglesia dispone de diferentes identificadores catastrales y las actividades pastorales y económicas se mezclan continuamente, incluso en el interior de un mismo edificio. Eso obliga a un estudio concienzudo por parte de las administraciones.

València está convencida de que la Iglesia lo va a pelear en los tribunales. Cuentan con ello. Los obispos tienen recursos y asesores fiscales sobrados como para disputar la avalancha de reclamaciones. Por eso, pide al nuevo Gobierno que facilite la acción de los ayuntamientos modificando la Ley de Mecenazgo para clarificar, sin excepción alguna, la obligación del pago del IBI en actividades lucrativas. "Es una ley normal. No requiere mayorías", aduce Vilar. La propia número 2 del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha reiterado públicamente que pondrán todos los medios para propiciar el pago de impuestos eclesiásticos.

Teresa Calvo tampoco tiene la menor duda de que la Iglesia irá al contencioso administrativo. Y el Ayuntamiento lo que debe hacer, en ese caso, es invocar la normativa de la UE. "Si el juez no lo tiene claro", indica la experta, "que el Consistorio solicite una cuestión prejudicial ante el TJUE. Igual que en Getafe", concluye. ¿Y de qué plazos hablamos para resolver el asunto? "No mucho", estima. "En el caso de Getafe, la vista y la sentencia fueron rápidas. Y se decidió en una sala con 15 magistrados. Eso significa que el TJUE le concedió mucha importancia. Eso sí: un año no lo quita nadie".

La experta es optimista. Los argumentos son incontestables, alega. El problema ha sido el desconocimiento de muchos ayuntamientos, el miedo y los intereses en juego. "Con la Iglesia hemos topado", asegura. Y hasta el Estado, recuerda, ha dictado normas favoreciendo el blindaje fiscal de la organización católica.