La Iglesia ha invertido en los dos últimos años un total de 20 millones de euros procedentes de su asignación tributaria anual para salvar de la quiebra a su cadena de televisión 13TV, según los datos publicados por la Conferencia Episcopal en su dos últimas memorias anuales de actividades de la Iglesia Católica. 

En 2016, la Iglesia ingresó 268,2 millones de euros procedentes de la recaudación del IRPF, una cantidad que redujo a 264,5 en 2017. Casi 533 millones de euros de dinero público en total que, unidos a otros ingresos por actividades económicas y donativos, dejaron un saldo positivo de unos 30 millones de euros después de gastos, y la mayoría fue invertido bajo el epígrafe "aportación a fondos propios TreceTV (11 millones en 2016 y nueve en 2017). 

El dinero, extraído del superávit de sus cuentas, según la auditoría privada encargada por la Conferencia Episcopal a la consultora PWC —la Iglesia Católica no ha estado auditada hasta ahora por ninguna institución pública—, ha ido destinado a salvar de quiebra a una cadena deficitaria año tras año. Desde que los obispos la crearon en 2010, 13TV acumula pérdidas de más de 90 millones, según publicó El Español, que incide en que sólo en 2018 registró pérdidas de 7,6 millones, mientras que en 2016 y 2017 perdió diez millones cada año, a pesar de esta inyección dinero público.

La maniobra financiera para reflotar la cadena televisiva del episcopado fue señalada en 2017 en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que advertía de que no se pueden utilizar ayudas públicas a actividades que no sean estrictamente religiosas.

Cientos de millones sin control fiscal

Pero esos 20 millones son una pequeña parte de los más de 930 que la Iglesia ingresó en 2017, según estas cuentas. La mayor parte, un 35%, procedió de "aportaciones voluntarias de los fieles", un total de 320,3 millones donados por los feligreses en "colectas ordinarias, específicas, suscripciones periódicas y otros ingresos sin contraprestación", sobre los que no pesa ningún tipo de control fiscal, en virtud de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado de 1979.

A estos hay que sumar otros 213 millones (23% de su financiación) procedentes de "otros ingresos corrientes" provenientes de "servicios diversos, subvenciones, ingresos de otras instituciones religiosas y otros ingresos" que también escapan al fisco.

La iglesia también recaudó 122,5 millones en 2017 por ingresos generados por su "patrimonio inmobiliario, financiero y actividades económicas diversas", una gran cantidad de edificios procedentes de las criticadas inmatriculaciones, entre otros. Y aunque este dinero sí está sujeto a los normales impuestos por actividades económicas, el balance sigue siendo positivo, ya que la iglesia está exenta de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).