En el último fin de semana de enero, los cazadores dejaron una estampa de sangre. Más de 400 ciervos y jabalíes finados en el suelo, exhibidos como trofeos en la finca cordobesa de Los Posteruelos. En ese mismo lugar, hace dos años, se exponían otros 400 cuerpos inertes, abatidos por los rifles o pasados a cuchillo. Las imágenes, virales por su crueldad, son sólo un ejemplo de muchos otros posados ufanos con cadáveres y escopetas. En España, 8 de cada 10 ciudadanos ve con malos ojos la caza como actividad de ocio –además de rechazar por mayoría la tauromaquia o los circos con animales–, según una encuesta realizada por la Fundación BBVA. Las actividades cinegéticas, sin embargo, siguen contando con un grueso apoyo político que impide legislar hacia una mayor regularización.

La pugna por la caza se puede constatar en el seno del propio Gobierno. Mientras el Ministerio de Derechos Sociales trata de impulsar una Ley de Protección Animal que obligue a los cazadores a regularizar las condiciones de vida y cría de sus perros, el Ministerio de Agricultura aprueba un borrador de una estrategia nacional en la que, entre muchas cosas, se reclama que las condiciones de vida de los canes de las rehalas se regulen en otra normativa. 

Esta misma estrategia ha levantado cierto revuelo en la sociedad civil. Tanto es así que colectivos ecologistas y animalistas, bajo el paraguas de la plataforma No a la Caza (NaC), han convocado este domingo 6 de febrero movilizaciones por todo el Estado español para reclamar que la norma propuesta por el Gabinete de Ione Belarra salga adelante y que Luis Planas modifiqué su Estrategia Nacional. "Se debe poner fin a la caza con perros", reclama David Rubio, portavoz de la plataforma. Y es que la falta de regulación estricta sobre la caza está detrás del grueso del abandono de perros. Si bien no hay datos oficiales, algunos datos como los de la Fundación Affinity estiman que cada año se rescatan 183.000 perros en España. La caza es la segunda causa del abandono, después de las camadas indeseadas, según este informa. Podencos, galgos, terrieres alemanes... La lista de razas afectadas es larga.

Problema para la biodiversidad

Ecologistas en Acción también se suma a las protestas a raíz de la Estrategia planeada por Agricultura. Para la organización ambientalista, el documento supone "dar por válida" la ley de caza franquista de 1970. Y es que desde el punto de vista ambiental se planifica blindar al lobby cinegético, de tal forma que se pueda seguir disparando en los Parques Nacionales, algo prohibido en 2020. Si los miles de perros abandonados anualmente son daños colaterales del sector, las especies protegidas son damnificadas directas, y es por ello que las organizaciones conservacionistas se oponen de frene a la actividad cinegética. 

La tórtola es una de las especies protegidas más amenazadas por las escopetas. Según la propia Comisión Europea, que abrió un expediente a España por no proteger a este ave, las poblaciones se han reducido un 40% en el Estado en los últimos 20 años. El plomo de los cartuchos también ha mermado las poblaciones de otro animal emblemático como el lobo ibérico, recientemente protegido por el Ministerio para la Transición Ecológica. Lo mismo ocurre con otros ejemplares como el lince o como el oso, trofeos codiciados para quienes encañonan el arma. Los cuerpos sin vida de rapaces en régimen de protección, como el buitre leonado o el halcón común, también aparecen asiduamente en los bosques con restos de postas sin que haya consecuencias, tal y como denuncian desde la organización vasca Eguzki, que denuncia una oleada de aves abatidas en los montes de Euskadi.

Peligro para las personas

 "A mi no me lleváis al cuartel porque no me sale de los cojones". Estas palabras, y otras igual de fuertes, fueron pronunciadas por un cazador después de que la Guardia Civil le pidiera la documentación y permisos cinegéticos para poder disparar en un coto. El caso se hizo viral por la agresividad del hombre, pero también por la impunidad de desobedecer y agredir verbalmente a agentes del orden. Pocos días después, en Toledo, un hombre denunciaba –con prueba audiovisual de los hechos– que dos cazadores le habían agredido en la cara con la culata de la escopeta, haciéndole perder uno de sus ojos, después de pedirles que dejaran de disparar en una zona urbana.

Los animalistas ponen estas dos imágenes como ejemplo del nivel de impunidad del lobby cinegético en España. Una agresividad que, para otros ciudadanos, podría suponer alguna que otra noche en el calabozo. Pero el peligro no está en las anécdotas, sino en los datos. Los disparos por parte de cazadores suman en los últimos 13 años 63 muertes accidentales y más de 480 personas heridas, según los datos del Gobierno que no incluyen las cifras de Euskadi y Catalunya.

[Puedes consultar las 40 movilizaciones contra la caza aquí]