Parecía que la Ley de Protección de los Animales iba a llegar rápido y sin tiranteces, pero el anteproyecto no termina de ver la luz verde para empezar a tramitarse en las Cortes, a pesar de que el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra dio a conocer hace un mes el borrador de esta norma pionera para proteger a perros, gatos y otros seres vivos que conviven con el ser humano en el ámbito doméstico. El principal escollo está en el sector cinegético, que no ve con buenos ojos el documento pese a que el texto no pone el foco sobre la caza ni avanza prohibiciones. 

Esta misma semana, la Oficina Nacional de la Caza ha difundido un manifiesto en el que exige que el Gobierno retire el borrador de la Ley de Protección de Derechos Animales y el Real Decreto vinculado a esta norma sobre núcleos zoológicos. El presidente del lobby, Felipe Vegue Contreras, ya cargaba duramente contra esta nueva norma –incluso antes de que su borrador viera la luz– y publicaba en el mes de abril un artículo donde consideraba que "el credo animalista antepone los derechos animales a los del propio ser humano".

Estás presiones parecen estar calando en ciertos sectores del Gobierno. Según informa El Confidencial, el Ministerio de Agricultura de Luis Planas está tratando de suavizar el texto del borrador en aquellas partes que afectan a las condiciones de vida de los perros en las que los cazadores tienen a sus perros. Este medio ha intentado conocer la postura de la cartera ministerial, pero en el momento en el que se publica el artículo no ha obtenido ninguna respuesta.

No es la primera vez que el sector ganadero o cinegético –a menudo con estrechos vínculos– presionan al Ejecutivo y generan tiranteces entre las dos ramas de la coalición. Durante la conocida campaña del Alberto Garzón para disminuir el consumo de carne, las presiones del sector agropecuario también movilizaron a la cartera de Luis Planas, que desacreditó al ministro de Unidas Podemos en una entrevista para Europa Press en la que aseguraba que estaba "absolutamente fuera de lugar" señalar al sector cárnico.

Sin embargo, en esta ocasión las dos partes que componen el Ejecutivo están limando asperezas y fuentes del Gobierno aseguran a Público que la ley se desbloqueará en los próximos días, iniciándose así el largo proceso de tramitación. "Se ha generado un debate y lo hemos afrontado con capacidad constructiva. Se trata de una ley hecha prácticamente a medida para que nadie pueda estar en contra, sólo aquellos cazadores que maltraten a sus perros y los tengan en malas condiciones".

La postura del lobby de cazadores es firme. El comunicado emitido esta semana no sólo pone sobre la mesa su rechazo a la Ley, también carga contra la decisión de incluir al lobo ibérico dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y que se pueda seguir cazando codornices en España. Así, el sector cinegético ha anunciado que el próximo 22 de marzo habrá una movilización en Madrid para visibilizar todas estas peticiones. Para esa fecha, pese a parecer lejana, el texto legislativo no habrá sido aprobado, según fuentes de la negociación, que informan de que hasta verano 2022 no se podrá aprobar de manera definitiva la norma. 

¿Afecta realmente la Ley a la caza?

El borrador de la futura ley apenas hace mención a la actividad cinegética. La única actividad que se prohíbe es el denominado tiro al pichón, una práctica que es casi residual en España y vetado por algunas comunidades autónomas como Balears, Canarias, Catalunya, La Rioja y Murcia. En Madrid, donde todavía está permitido, se desarrolló un campeonato hace un mes que causó gran polémica entre sectores ecologistas, animalistas y partidos de la oposición.

El grueso de la regulación pone el foco en los cuidados sobre los animales de compañía y esto afecta directamente a aquellos cazadores que disponen de rehalas de perros. Se procederá a tener un control más exhaustivo de los canes de tal forma que se establecen puntos como la identificación y la regulación de los centros de cría, así como la obligatoriedad de esterilizar a los animales que convivan en grupo y sean de sexos opuestos. De esta forma, se pretende controlar la reproducción de las manadas y evitar abandonos indeseados de cachorros. Los cazadores, por tanto deberán asumir el coste de las castraciones o garantizar que los canes están separados por sexos.

"Entendemos que cuando se plantea una norma como esta se pueden generar ciertas dudas, sobre todo porque venimos de unas normas sobre el control de los animales de compañía que han sido muy laxas", manifiesta Sergio G. Torres, director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales. "La norma no incide apenas en la actividad que se pueda hacer con los animales, no se prohíbe la caza con perros, pero se plantean unos mínimos para garantizar el bienestar animal, que van desde el control hasta la identificación. Hay que entender que es algo de mínimos, igual que hace décadas se estableció un control en la cría y en la identificación de los animales de granja, ahora se hace con los de compañía", agrega, para lanzar un mensaje de tranquilidad: "Si se realiza una tenencia responsable de los animales esta ley no te va a afectar para nada".

En materia cinegética, el borrador de la ley también hace mención a una práctica común en España que quedará erradicada: la caza de aves cantoras con reclamo. Pese al malestar que puede generar en el lobby, se trata de un asunto que viene dictado desde Bruselas, que ya ha abierto expediente a España por no prohibir este tipo de actividades. 

Desde la Dirección General de Derechos de los Animales insisten en que la norma no afectará a aquellas personas, que cacen o no, que tengan a sus perros en buenas condiciones, sólo a quienes desarrollan la actividad cinegética con canes maltratados. El órgano dirigido por García Torres señala además que siempre han estado abiertos al diálogo e informan que se han reunido en dos ocasiones con los grupos de caza.