Todas las cuencas hidrográficas de España presentan restos de contaminación por sustancias tóxicas en sus aguas superficiales. Así lo demuestra el último informe Ríos Tóxicos publicado este martes por Ecologistas en Acción en el que se estudian las analíticas realizadas por los organismos oficiales de gestión de los caudales y masas de agua subterránea. Restos de petróleo, plaguicidas y otras sustancias químicas están presentes de manera heterogénea en los ríos del Estado.

En el conjunto de análisis realizados, destacan algunas cuencas especialmente críticas. En Miño-Sil, según el informe realizado con datos del Ministerio de Transición Ecológica, el 24% de las analíticas de aguas superficiales incumplen los niveles de contaminación y el 19% en el caso de las aguas subterráneas.

Por otro lado, en la cuenca del Tajo, el 28% de las sustanicias analizadas en la matriz del agua presentan límites superiores a los indicados por la Directiva Marco del Agua y por la normativa europea. En el caso de las aguas subterráneas, el porcentaje es del 23%.

La cuenca del Cantábrico Occidental reflejan, por otro lado, que el 16% de las aguas superficiales tienen contaminación por encima del límite y, en el caso de las  subterráneas, ese porcentaje está en el 10%.

El Duero es otro ejemplo representativo, pues esta gran cuenca ha registrado un 13% de analíticas de sus aguas superficiales por encima de los valores marcados por la Directiva Europea. En el caso de las aguas subterráneas, ese porcentaje es del 8%. En el Guadiana, los datos son más elevados en aguas superficiales con un 22% de niveles por encima de las recomendaciones y un 27% en el caso de las aguas subterráneas.

Ecologistas en Acción denuncia que los datos de contaminación podrían ser aún mayores, ya que el Estado deja sin analizar en torno al 80% de la contaminación hídrica procedente de plaguicidas. En ese sentido, la organización ambientalista reclama que se eleve el número de analíticas superficiales y pide, además, que se retiren las autorizaciones de comercialización de los productos fitosanitarios agrarios que supongan un peligro para los ecosistemas.