España está en una encrucijada. El territorio, uno de los más expuestos a la sequía de Europa, debe resolver en los próximos años problemas importantes sobre la disponibilidad y usos del agua, así como la calidad de sus masas. Asuntos que han llevado al Estado a recibir sanciones y advertencias desde Bruselas y desde los tribunales europeos. La línea de actuación de las Confederaciones Hidrográficas, adscritas al Ministerio para la Transición Ecológica, se está empezando a esbozar en los planes para el ciclo 2022-2027, cuyos borradores están a punto de ser aprobados definitivamente después de que terminase la fase de alegaciones.

En estos documentos, todavía sujetos a cambios, los organismos de cuenca incluyen por primera vez la perspectiva de cambio climático. Sin embargo, se deja la puerta abierta al incremento de las infraestructuras para regadío en determinados puntos de la geografía española. Según los datos aportados, la disponibilidad de agua superficial ha descendido en los últimos años en todas las áreas del país. Algunas zonas confederaciones como la del Tajo o la del Guadiana registran un descenso de más del 12%, en parte debido a la crisis climática, pero también debido a la sobreexplotación de los recursos para abastecimiento humano y regadío. En ese sentido, el borrador se marca, para el horizonte 2050, un ahorro neto y reducción de las extracciones del 15%, tanto de ríos (y embalses) como de los acuíferos.

Para ello, el nuevo plan, que estará vigente durante los próximos seis años, establece una reducción de los volumenes globales de agua, que pasaran de los 28.000 hm³/año a 26.300hm³/año. Unos objetivos que, según denuncian los colectivos ecologistas, no casan con algunas de las medidas planteadas por las demarcaciones hidrográficas. Tanto es así que en esta nueva etapa de gestión que se abre se ha planificado un incremento del número de embalses, pasando de los 362 a los 509, lo que hace saltar las alarmas de una probable apuesta por la continuidad en la expansión de los territorios de riego. Además, se modificarán los cauces de ríos artificialmente, de modo que el Estado contará con 1.418 km fluviales adicionales a los existentes.

"Las políticas hidráulicas que se están planteando tienen que ver más con las que se han llevado a cabo en el siglo XX, es decir, políticas basadas en nuevas infraestructuras de regulación. Se sigue apostando por un desarrollismo que es insostenible", argumenta Santiago Martín Barajas, experto en recursos hídricos de Ecologistas en Acción, organización que ha presentado alegaciones a todos los planes de todas las demarcaciones.

Ebro, Duero y Guadalquivir, las cuencas más expansivas

El borrador del proyecto de la cuenca del Ebro es el que más perspicacias ha levantado entre los grupos conservacionistas. Si bien el nuevo plan contempla una importante renaturalización de los cauces, con cerca de 60km pluviales naturales adicionales, además de eliminar 27 masas de agua que incumplían los criterios de definición, existen elementos que indican que podría elevarse el uso de agua para riego de manera signficativa. El recrecimiento de la presa de Yesa es uno de esos puntos que se han seguido manteniendo, a pesar de la oposición de los colectivos ambientalistas que ven la obra un problema, no sólo por la elevación del gasto de agua para fines agrarios, sino por los riesgos de desprendimiento de las laderas alertados por geólogos. También se mantiene en el plan el recrecimiento de Almudévar y Mularrolla. Por otro lado, Ecologistas en Acción califica de "irrisorios" los cauces ecológicos de la cuenca, que han sido fijados en unos 20-30 litros de agua por segundo

En el caso del Duero, se plantea la construcción de tres posibles nuevos embalses, de los cuales dos, ubicados en la provincia de León, generan ciertas dudas por su impacto. Se trata de los proyectos de Rial y Morales. No en vano, el plan de la Confederación plantea, en paralelo a estos proyectos, una inversión ambiciosa para cumplir los objetivos ambientales y doblegar los malos datos cosechados en los útlimos años, los cuales apuntan a que el 37% de las masas de agua en superficie estarían en niveles peligrosos de presión hídrica por el elevado ritmo de extracción. Para atajar ese problema, se invertirá 1.900 millones de euros entre el organismo de cuenca, entidades locales y las comunidades autónomas implicadas, Castilla y León y Galicia.

Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, valora de manera positiva el esfuerzo por "eliminar algunas de las obras hidráulicas que carecían de sentido", pero denuncia que los borradores presentados siguen, "en líneas generales", primando por "satisfacer las demandas de riego" en lugar de adecuar las cuencas a la situación de estrés hídrico que predomina en el país. En ese sentido, la bióloga menciona los planes presentados por la Confederación del Guadiana, que incluyen polémicos proyectos como el del recrecimiento del Agrio o la presa de San Calixto en el río Genil. 

"Incrementar la presión cuantitativa de determinadas masas de agua supone a su vez incrementar también la presión cualitativa. Es decir, si se aumentan los embalses y el uso de agua para regadío, se estará elevando la actividad agraria y eso supone una mayor contaminación por nitratos", analiza Martínez. Este problema, el de la mala calidad de las masas de agua de España, ha llevado a que Bruselas eleve el problema al Tribunal de Justicia Europeo por el incumplimiento de las normativas continentales sobre nitratos. Tanto es así, que el borrador general reconoce que el 22% de las masas de agua en superficie y el 23% de los acuíferos están afectados por la contaminación y por exceso de nutrientes. 

Los ecologistas temen que la apuesta por continuar con el recrecimiento de embalses y masas de agua artificiales pueda suponer un incremento de las hectáreas de regadío. La partida destinada al riego y abastecimiento, 3.400 millones de euros, es la segunda más alta de los planes presentados, acaparando el 16% del presupuesto en el que participan el Estado, organismos hidrográficos y comunidades autónomas. No en vano, estos proyectos elevan la inversión en el cumplimiento de los objetivos ambientales con 10.300 millones, el 50% del gasto estipulado para los siguientes seis años de gestión hídrica. A ello se deben sumar los 800 millones que el Ministerio para la Transición Ecológica destinará del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para restaurar y mejorar la calidad de las aguas fluviales y los acuíferos.