La eutanasia supuso en 2022, un año desde su entrada en vigor, menos del 0,07% del total de fallecimientos registrados en España, en concreto, 295 personas. Una cifra que esconde grandes disparidades entre comunidades y que sigue muy alejada de las de otros países, donde el derecho a la muerte asistida está consolidado y donde representa entre el 1% y el 4% de las defunciones.

El balance presentado este jueves por la asociación Derecho a Morir Dignamente, en vísperas de cumplirse dos años de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia el 25 de junio, sitúa a Navarra, Catalunya, La Rioja y País Vasco a la cabeza. En estas comunidades el balance es de más de una eutanasia por cada mil fallecimientos (un 0,1%) muy lejos del ejemplo europeo. En el caso de Murcia, Galicia y Extremadura la incidencia de esta ley es diez veces menor. 

No hay todavía datos oficiales de las eutanasias realizadas en estos dos años. Sanidad ha contabilizado 338 casos hasta el pasado diciembre, aunque precisa que no son cifras consolidadas. La Asociación a Morir Dignamente (DMD), a partir de la información recabada de diversas fuentes autonómicas, eleva la cifra a unas 370, tras alrededor de un millar de peticiones.

¿Por qué hay tantas diferencias entre Comunidades?

En estos dos años la DMD ha asesorado a unas setenta personas, pero confiesa que la baja calidad de los datos oficiales les impide dibujar una imagen fiable de la situación, distinguir incidencias puntuales de problemas estructurales y decir en qué comunidades funciona bien la prestación y en cuáles no.

En rueda de prensa, el vicepresidente de DMD, el médico Fernando Martín, ha destacado la dificultad de comparar las cifras registradas en otros países con las de España dado el impacto del Estado de las autonomías: "cuando funciona, funciona muy bien, pero hasta que rueda, le cuesta; son 17 comunidades que van sorteando cada día sus incidencias".

A su lado, Fernando Sanz, también médico y uno de los coordinadores del programa de atención personalizada de DMD, ha querido dejar claro que en ningún caso puede hablarse de fracaso: "Los datos muestran que era necesario despenalizar y normalizar la eutanasia como una prestación más del Sistema Nacional de Salud. Siempre será una forma minoritaria de morir, pero es tremendamente importante que como sociedad hayamos crecido incorporando un derecho necesario".

Existe dudas acerca de si las diferencias constatadas entre comunidades pueda deberse por la existencia de diferencias culturales o de territorios en los que los ciudadanos se reconocen con más facilidad como candidatos a este derecho. Ante esto, Sanz no ha descartado esta posibilidad, aunque "hay que descartar que no haya problemas de accesibilidad". Con la información recabada, La DMD ha visto que algunas comunidades han hecho un mejor trabajo al implantar la ley.

Son más elevadas las tasas, por ejemplo, en las comunidades en las que se cuenta con grupos de referencia, tales como sanitarios expertos en la ley que asesoran a compañeros que afrontan un caso por primera vez, o en aquellos territorios que se han establecido protocolos de respuesta para que las solicitudes no se prolonguen innecesariamente.

Los activistas han denunciado la falta de colaboración de aseguradoras privadas, apuntando en concreto a la inacción de Muface al recibir solicitudes; y han advertido también de casos de médicos que, por conciencia o desconocimiento, incumplen la obligación de tramitar las peticiones que reciben de los pacientes.

Ante la posibilidad de un cambio de gobierno, asumen que es un reto ver hasta qué punto el trabajo realizado puede verse afectado, pero recuerdan que cambiar una ley orgánica no es fácil y destacan también que entre los votantes de la derecha el apoyo a la eutanasia, aunque algo más bajo, supera el 50%.

Pacientes con un 'sí' que quieren aplazar la muerte

La ley marca plazos concretos y una eutanasia, según DMD, podría realizarse en 35 días, pero suelen superarse los 50. Sanz ha puesto también sobre la mesa las trabas que encuentran algunos pacientes que tras recibir el "sí" de la comisión de garantías quieren aplazar la fecha de su muerte.

La ley no fijó plazos para esa fase final y cada comunidad la ha regulado de manera distinta. "Estamos comprobando con la experiencia que una cosa es tomar la decisión de iniciar los trámites y otra es ponerle día y hora a tu muerte; el saberse propietaria del acceso el derecho, para mucha gente es un elemento tranquilizador que mitiga su sufrimiento", ha explicado el médico.

A la asociación, por ejemplo, recurrió una mujer con un cáncer avanzado y un pronóstico de vida limitado a dos meses; cuando recibió el visto bueno a su petición, la enfermedad le estaba dando una tregua y no quería poner fecha a su fallecimiento, como se le requería. Tras diversas gestiones, le permitieron esperar; a los cuatro meses empeoró y decidió ejercer su derecho.

No todas las comunidades han publicado sus informes anuales, pero, en opinión de la asociación, es más grave que se omitan datos relevantes para analizar la realidad de la eutanasia en cada territorio. Más que el porcentaje de solicitudes denegadas, por ejemplo, DMD ve importante analizar la cifra de personas que han fallecido esperando la prestación y por qué motivo.

Según el informe publicado en febrero por el Ministerio de Sanidad, entre junio y diciembre de 2021 murieron 32 personas mientras tramitaban su solicitud (en promedio 31 días después de empezar el proceso) y 28 peticiones nunca llegaron a las comisiones de garantía y evaluación encargadas de analizarlas.

Las enfermedades más comunes 

Otra particularidad de la eutanasia es que entre quienes han recibido ayuda para morir predominan las enfermedades neurodegenerativas (ELA, esclerosis múltiples, etc), mientras que en países como Bélgica, Canadá o Países Bajos, en el 80 % de los casos son enfermos terminales. El cáncer, por ejemplo, acumula en esos países dos de cada tres casos, mientras que en España solo la mitad tenían esa enfermedad detrás.