Ley de eutanasia, derogación del despido por baja médica, ley de memoria democrática, reforma laboral, ley de igualdad LGTBI (ley trans), ley de garantía de libertades sexuales (solo sí es sí), ley de vivienda, ley del cambio climático, impuestos a las grandes eléctricas y a la banca, tasas Google y Tobin. Estas son algunas de las normas más importantes que ha aprobado el Gobierno de coalición desde el inicio de la legislatura; y estas son las mismas leyes y medidas que se granjearon el rechazo del Partido Popular o de Vox.

Con las formaciones de la derecha y de la ultraderecha en la oposición, su postura se ha reducido durante la legislatura a una resistencia discursiva que no ha podido frenar la aprobación de ninguna de estas normas. Sin embargo, tras el 28M, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina y con la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal puedan alcanzar el Gobierno, la resistencia discursiva pasa a convertirse en la eventual derogación de las leyes que han sido bandera del Ejecutivo de coalición progresista entre el PSOE y Unidas Podemos.

Este mismo jueves, el presidente del Partido Popular anunciaba que acabaría con la denominada ley de memoria democrática si logra ser presidente del Gobierno después del 23 de julio. En concreto, extendió su interés derogatorio más allá y habló también de derogar el impuesto a las grandes fortunas y "todas aquellas leyes que están inspiradas en las minorías y atentan contra las mayorías". 

La ley de memoria democrática ha sido una de las principales banderas a nivel ideológico del Gobierno. Por consiguiente, ha sido fuertemente criticada por las derechas. Entró en vigor el pasado mes de octubre y aún quedan muchos pasos para que su aplicación sea completa. Entre las medidas que sí se han puesto en marcha destacan el cambio de denominación del Valle de los Caídos, que se llama Valle de Cuelgamuros, así como la exhumación del mismo de los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. 

La ley de eutanasia también es una de las normas que más rechazo generan tanto al PP como a Vox. Tanto es así, que durante la Presidencia de Pablo Casado registraron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional bajo el pretexto de que esta legislación atentaba contra el derecho a la vida, un recurso que se ha mantenido tras la llegada de Feijóo al partido.

Una de las primeras medidas que aprobó el Gobierno de coalición progresista fue la derogación del despido por baja médica (antes de la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, el despido se podía considerar procedente, pero ahora si una empresa despide a su trabajador por estar de baja se considerará despido improcedente). Vox votó en contra de esta reforma y desde entonces ha sido crítico con ella.

También tienen su ojo puesto la derecha y la ultraderecha en la reforma laboral. Esta modificación legislativa (que, entre otros elementos, simplifica los modelos contractuales a tres, recupera la ultraactividad y da alternativas al despido) salió adelante, de hecho, gracias al error de un diputado del Grupo Popular a la hora de votar en el Congreso. Desde su puesta en marcha, los de Feijóo y los de Abascal han acusado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de falsear los datos de empleo respecto a los fijos discontinuos, y han criticado los efectos de la norma (con una de las tasas de paro más bajas de la historia reciente).

La reforma laboral estaría, a priori, más blindada que otras normas, ya que salió adelante con el acuerdo de los agentes sociales, tanto los sindicatos como las patronales. Aunque esto no garantiza que PP y Vox puedan derogarla si tienen mayoría parlamentaria para ello.

Las leyes del Ministerio de Igualdad serían, quizá, las principales damnificadas de una victoria de la derecha en las elecciones generales. Ambas formaciones son contrarias a normas como la ley de libertades sexuales, conocida como la ley del solo sí es sí, o la ley LGTBI, también conocida como ley trans. De hecho, desde la derecha se articuló una fuerte campaña en contra de la primera norma que terminó con el PSOE aprobando con las derechas su reforma.

La ley de vivienda ha sido prácticamente la última ley relevante en ser aprobada por el Gobierno de coalición y también por las Cortes. Tanto PSOE como UP hicieron bandera durante la campaña electoral de este asunto, habida cuenta de que las principales medidas, como topar los precios de los alquileres, deben ser aplicadas por las comunidades autónomas. El PP declaró desde el primer momento que no la aplicaría y salvo que cambien de opinión, así será en la inmensa mayoría de territorios, ahora gobernados por los populares. 

La ley de cambio climático fue una de las primeras que aprobó el actual Gobierno en el Consejo de Ministros, aunque la negociación parlamentaria la demoró, y de ella saca muchas veces pecho Sánchez. Especialmente frente a los discursos negacionistas que vienen de las derechas. Entre las medidas destaca la obligación de que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes impulsen sus propias zonas de bajas emisiones y planes de movilidad urbana que limiten el tráfico. 

Otra de las últimas reformas sacadas adelante, pactada además con Bruselas y los sindicatos, no así la patronal, ha sido la de pensiones. El PP y Vox votaron en contra aunque no llegaron a explicar cuál sería su modelo alternativo y solo achacaron su rechazo a la falta de información. "Son excusas", dijo el ministro José Luis Escrivá al respecto de una norma que ha aumentado un 8% el poder adquisitivo de los pensionistas. 

"Derogar el sanchismo"

El PSOE ha incidido precisamente durante toda la campaña electoral que el único proyecto que tiene el PP es "derogar" todo lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. O lo que los populares llaman "derogar el sanchismo". Durante la mayoría de actos del presidente y líder de los socialistas se pudo escuchar el mensaje: "El PP solo sabe conjugar dos verbos: derogar y recortar". 

Pese a que la idea, parece, de los socialistas, a la hora de enfocar la próxima campaña del 23 de julio parece que será más emocional que de gestión, Sánchez insistió en este mensaje el pasado martes en un intenso discurso en el Congreso.

"No son muy explícitos pero podemos entender que significa destruir todo lo construido, acabar con los avances sociales. Derogar todo lo aprobado. Por ejemplo, cuando hablan de derogar el sanchismo quieren decirnos que habrá que derogar el aumento del SMI y volver a los 755 euros de Rajoy. Tal vez quieran derogar la reforma laboral e imponer la precariedad en los contratos", señaló el presidente ante sus parlamentarios antes de enumerar otro buen puñado de leyes como las señaladas. 

Para las formaciones de la izquierda transformadora, la "ambición derogadora" del PP y de Vox es "un reflejo de que no tienen proyecto de país. Su proyecto es ir contra el nuestro; a la legislación y al avance responden con derogación y retroceso, y por eso nos jugamos mucho en las urnas el próximo 23J".