Lleva el nombre del presidente uruguayo que lo mandó construir como una especie Taj Mahal para su esposa y que, víctima del único magnicidio registrado en la historia del país, no lo vio terminado. Marcado por la tragedia, está rodeado de misterio y oscuras leyendas que hablan de figuras fantasmales y extrañas energías. Arrastra un pasado maldito de abandonos intermitentes, y fue escenario de algún asesinato y escondite de intrusos y delincuentes. Albergó varios proyectos infructuosos y pasó por varias manos hasta que en 2007 lo adquirió el excomisario José Manuel Villarejo, que, según la Policía, tendría repartidos por España y América hasta 50 inmuebles, valorados en 16,7 millones de euros, entre ellos dos palacetes en Uruguay, país que habría utilizado para ocultar y blanquear dinero de procedencia ilegal.

El Castillo Idiarte Borda parecía la casa del terror cuando en 2012 el Estado uruguayo, a través de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN), firmó con el propietario un comodato o préstamo; es decir, haría uso del bien sin pagar alquiler a cambio de encargarse de la reparación y mantenimiento de las instalaciones. Desde entonces, ha mejorado su infraestructura. De hecho, actualmente se encuentra en obras.

Hace unos días expiró el acuerdo, y el Gobierno, que en marzo cambió de color político, decidió no renovarlo. Después de estudiar varias opciones, el Ejecutivo del departamento de Montevideo (algo así como la comunidad autónoma), de otro signo, que ha revalidado su mayoría en unas recientes elecciones, ha tomado las riendas para conservar este Bien de Interés Departamental y Monumento Histórico Nacional, antes de que volviera a caer en un futuro incierto.

La Intendencia expropiará los terrenos sobre los que se asienta esta "edificación única" de gran valor arquitectónico e histórico. Dos hectáreas y media que incluyen una imponente construcción del siglo XIX y sus jardines, que son "motivo de atracción turística y patrimonial", indica la resolución.
Pero, sobre todo, se trata de que los habitantes de la zona no pierdan este espacio autogestionado. "Cuando las autoridades nacionales comunicaron su decisión, advertimos que se echa por tierra el conjunto de actividades sociales, culturales y comunitarias que los vecinos desarrollan en este lugar desde hace ocho años", dice en el expediente la arquitecta Patricia Renée, directora de Planificación de la Intendencia. Algo que define como "un proceso de apropiación comunitaria y de transformación de un sitio privado a público" que se ha convertido en referencia con el apoyo de las administraciones (el municipio, la Intendencia y la CPCN).

La mayoría de expropiaciones que se realiza en Montevideo es para la construcción de vivienda, el trazado de calles y lo que llaman la unidad alimentaria, un área de 95 hectáreas para desarrollar el comercio y la distribución de alimentos a nivel nacional y departamental. Juan Canessa, prosecretario de la Intendencia, comenta que solo hay un precedente similar: "Lo que más se asemeja es la expropiación por razones de memoria histórica del viejo local de la Federación del Vidrio", emblemática sede sindical donde se convocó por tiempo indeterminado una huelga general contra el golpe de Estado que dio paso a 12 años de dictadura (1973-1985). Desde entonces, lugar de ensayo de la conocida murga (similar a las chirigotas de Cádiz) Diablos Verdes, recientemente se tomaron medidas para recuperar este espacio para la barriada y el movimiento popular y convertirlo en un centro sociocultural.

"La ley de ordenamiento territorial, relativamente nueva [de 2008], nos permite actuar así", explica Canessa. La norma declara de "utilidad pública la expropiación de los bienes designados monumento histórico" y establece "la tutela y valorización del patrimonio cultural, constituido por el conjunto de bienes en el territorio a los que se atribuyen valores de interés ambiental, científico, educativo, histórico, arqueológico o turístico, referidos [entre otros] a conjuntos urbanos y monumentos".

A su amparo, continúa la resolución sobre el castillo, "el Gobierno departamental puede adquirir el destacado bien patrimonial que se identifica como un espacio único de gran significación histórica para la zona y para el Departamento de Montevideo en su conjunto".

Aún no han fijado el precio, lo que sí es seguro es que será "sensiblemente menor" al millón de dólares, cantidad que Villarejo propuso al Estado para que lo comprara, "realmente era un delirio" -describe el abogado Alberto Quintela, presidente de la CPCN en ese momento-, una operación que finalmente acabó con el acuerdo de préstamo, y a los 720.000 que al parecer el excomisario llegó a pagar por el inmueble.

Para fijar la indemnización, la Intendencia realizará una tasación y también tendrá en cuenta el monto que indica el catastro nacional, que "generalmente es inferior a los valores de mercado", incide Canessa. Aunque no es oficial y podría estar desactualizado, según se ha podido constatar, el padrón califica de "regular" el estado de la vivienda, de categoría "económica", y cifra su valor en casi 200.000 euros.

"Normalmente la cuantía es fruto de una negociación breve con el propietario o con su representante legal", continúa, algo que en este caso "se complica" por la situación de Villarejo, que se encuentra en la cárcel, y porque ha renunciado quien se encargó de firmar el comodato, Federico Pérez del Castillo, de una familia de abogados de renombre en Montevideo. No se descarta realizar "alguna gestión por vía consular para saber si hay algún otro responsable", prosigue Canessa. Si no aparece nadie, "se publicará un llamamiento en el Diario Oficial, un requerimiento legal en el proceso expropiatorio", añade Quintela.

En el caso de que no aceptara la oferta, se iría a juicio para fallar qué tendrá que abonar la Intendencia para que el bien pase al dominio público del Estado, algo que podría dilatarse en el tiempo. Tampoco tienen la necesidad de declarar la toma urgente de posesión porque "el castillo ya está en manos de agentes estatales en la medida en que el comodato venció pero el bien no fue devuelto", comenta Canessa. Mientras tanto, "el municipio seguirá haciéndose cargo del mantenimiento como hasta ahora y los vecinos podrán seguir desarrollando sus actividades", insiste.

Organizados en la asociación Amigos del Castillo Idiarte Borda, su presidenta, Lourdes de Dieu, recuerda que cuentan con 7.000 firmas a favor de la expropiación, "un triunfo que tiene como verdaderos protagonistas a los habitantes de la zona, que utilizan este espacio gestionando y participando de una amplia agenda de propuestas", como un reciente encuentro intercultural antirracista. En un momento en el que se están produciendo en la ciudad varias agresiones a personas en situación vulnerable, "debemos generar espíritu crítico y romper estereotipos", manifiesta.

En su opinión, "es importante la recuperación del patrimonio tangible e intangible en la construcción y fortalecimiento de nuestra identidad, con la cultura como herramienta transformadora". Sobre todo, "tiene un enorme impacto social" en un barrio como Colón, al norte de Montevideo, con difícil acceso al ocio por estar alejado del centro capitalino y donde conviven realidades socioeconómicas muy dispares.

Renée concluye que se han involucrado de tal forma que han demostrado en estos ocho años de trabajo que "la protección del patrimonio cultural se puede lograr al mismo tiempo que un excepcional sitio histórico y urbano se llena de vida y se resignifica, transformándose en símbolo y referencia en lo cotidiano".
Porque el castillo ya es parte del barrio. Germinó en un reducto de mansiones señoriales de otra época que ahora rezuman cierta decadencia, y se renueva. Como cantaba la murga que nació en un viejo barrio de fábricas gastadas, la de los pícaros diablos color verde esperanza, las voces humildes del pueblo que no calla y rescata castillos de las cloacas donde reinaban delincuentes de guante blanco, en una especie de justicia poética.