La vida se congeló un 15 de octubre de 1983. José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala entraron ese día en el infierno y pasaron allí un tiempo tan indeterminado como aterrador: antes de ser asesinados por el GAL, ambos fueron torturados en la residencia oficial del gobernador civil en Gipuzkoa. Sus familiares les lloraron en ausencia hasta 11 años y medio después, cuando sus cuerpos fueron, por fin, identificados. 

El caso Lasa y Zabala es sinónimo de terrorismo de Estado, de GAL, de Felipe González, de horror made in cuartel de Intxaurrondo. De terroristas premiados con medallas después de cometer aquel crimen, un crimen que este 15 de octubre cumple 40 años. De impunidad y cal viva.

"Se trata de la primera acción realizada y reivindicada por los GAL, de tal forma que supuso la irrupción de una nueva generación de terrorismo de Estado en un supuesto periodo democrático y con el PSOE en el Gobierno", resume Ainara Esteran, representante de la fundación Egiari Zor.

Josean Lasa y Joxi Zabala fueron secuestrados el 15 de octubre de 1983 en Baiona, una de las principales ciudades del País Vasco francés. De allí fueron trasladados al cuartel de Intxaurrondo y luego pasaron a la residencia del gobernador civil en Donostia, donde continuaron los interrogatorios y las torturas. Los cuerpos aparecieron en aguas de Busot (Alicante) en 1985, pero no fueron identificados hasta 1995.

La Audiencia Nacional condenó por estos hechos al general Enrique Rodríguez Galindo, al gobernador civil Julen Elgorriaga, al teniente coronel Ángel Vaquero y a los agentes Enrique Dorado y Felipe Bayo con penas que oscilaban entre los 67 y los 75 años de prisión por delitos de detención y asesinato ilegales. El abogado Jorge Argote y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera fueron absueltos.

Dorado y Bayo ingresaron en la cárcel en mayo de 1996. El primero obtuvo el tercer grado en marzo de 2002 y el segundo en diciembre de 2003. Por su parte, Rodríguez Galindo y Vaquero entraron en prisión en julio de 2003 y lograron el tercer grado en enero de 2005. Galindo obtuvo la libertad condicional en 2013 y se instaló en Zaragoza, donde murió de covid en 2021. 

Elgorriaga estuvo en prisión en tres ocasiones, primero de junio de 1996 a enero de 1997, luego de mayo de 2000 a julio de 2001, y en la tercera, el 10 de octubre de 2001, obtuvo el tercer grado el mismo día en que ingresó en prisión. Siete días más tarde llegó la libertad condicional.

"Los delitos de tortura y de pertenencia a organización armada no fueron asumidos por la sentencia", subraya Esteran, quien destaca que "a pesar de ser uno de los pocos casos que llegó a juicio y a establecer condenas para algunos responsables, Lasa y Zabala no están reconocidos como víctimas del terrorismo".

Ahí está precisamente uno de los dolores que las familias de ambos jóvenes arrastran desde entonces. Una y otra vez, el Estado –independientemente del color del Gobierno– ha rechazado incluir a Lasa y Zabala entre las víctimas del terrorismo, lo que al mismo tiempo supone evitar cualquier reconocimiento de que en España se practicó el terror bajo el auspicio del Estado y que los terroristas, en estos casos, llevaban uniforme.

"Aquí hay muchos cabos sueltos", afirma a Público el historiador Iñaki Egaña. Destaca en tal sentido que en el sumario del caso Lasa y Zabala "había cientos de páginas sobre narcotráfico o prostitución, porque pendían sobre los imputados un montón de causas". "El sumario dice además que hubo unos 20 guardias civiles implicados, pero los condenados de ese cuerpo armado solo fueron cuatro", agregó.

Egaña plantea distintas preguntas que hoy siguen sin respuesta. Entre  ellas, "quiénes dieron la orden" y "quiénes cooperaron" para hacerla posible. "Me parece inverosímil que no se investigase quién dijo aquel 15 de octubre que había que secuestrar a quien entrase en aquel coche al que se subieron Lasa y Zabala". También falta aclarar "quién eligió Busot" como destino de ambos jóvenes. 

"Con el juicio se intentó generar el mínimo castigo e identificar únicamente a los autores, pero una operación de este tipo dentro de Intxaurrondo tiene que haber sido conocida por mucha gente", afirma Egaña, quien advierte sobre la posible existencia de "un protocolo de guerra sucia que no ha sido investigado" y en el que entrarían en juego "servicios paralelos, ilegales y alegales del cuartel de Intxaurrondo y, por extensión, de todo el cuerpo".

Medallas para los asesinos

En lugar de llegar al fondo del asunto, el Estado optó por premiar a los responsables de estos crímenes. Dos meses después de asesinar a ambos jóvenes, el Gobierno de Felipe González condecoró a Galindo y Bayo con la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, en su categoría de Cruz con distintivo rojo. Se trataba de unas distinciones "pensionadas", de forma que sus destinatarios verían incrementados sus salarios con un plus del 15%. 

Existe además una casualidad aterradora. El 16 de octubre de 1986, exactamente dos años después del secuestro de Lasa y Zabala, el Boletín Oficial del Estado hizo efectiva la condecoración con la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, en su categoría de Cruz con distintivo blanco al capitán Ángel Vaquero, otro de los responsables de aquel asesinato. 

En febrero de 2021, EH Bildu solicitó formalmente al Gobierno que retirase las medallas entregadas a Galindo. El Ejecutivo respondió algunos meses después que las leyes que regulan estas condecoraciones no contemplan la retirada de medallas, por lo que sería necesaria una reforma legislativa. De momento, los asesinos de Lasa y Zabala siguen ostentando medallas. Sus víctimas, en cambio, ni siquiera son reconocidas como tales.