El cuerpo destrozado de Joxe Arregi vuelve a la memoria del País Vasco. Este domingo se cumplen 40 años de su muerte, causada por las salvajes torturas sufridas mientras permaneció en manos de la Dirección General de Seguridad en Madrid. En este caso hubo dos policías condenados que poco después fueron indultados por el Gobierno de Felipe González; en otros, ni siquiera eso.

"No hay palabras para contar lo allí sucedido", escribió algunos años después Maribi Arregi, hermana de la víctima. Joxe Arregi lo resumió antes de morir con tres palabras en euskera: "oso latza izan da" ("ha sido muy duro"). "Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho; los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes", llegó a relatar Arregi a otros presos en el Hospital Penitenciario de la cárcel de Carabanchel, donde encontró la muerte tras nueve días en la Dirección General de Seguridad.

Este domingo, la fundación Egiari Zor –impulsada para denunciar los abusos y crímenes de los cuerpos policiales en el País Vasco– organizará sendos actos de homenaje en Zizurkil (localidad natal de la víctima) y Bilbao. "Arregi no fue el primer muerto por torturas en el contexto del conflicto político, pero sí el
primero tras la reforma del régimen y la firma de la Constitución Española.
Desgraciadamente durante la denominada democracia, otros nombres fueron añadidos junto al de Joxe Arregi, a la tétrica lista de los muertos por tortura", señala Egiari Zor en el texto elaborado a modo de convocatoria.

En efecto, entre 1981 y 1993 se registraron ocho casos de muertes atribuibles a torturas. El ahora parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, autor del informe "Oso latza izan da" que publicó la Fundación Euskal Memoria en 2012 y que trata sobre ese tipo de casos en el País Vasco, señala que cinco de esos casos se saldaron con "condenas irrisorias", mientras que en los restantes no hubo ningún tipo de consecuencia penal.

En el caso de Arregi hubo dos condenados: los policías Julián Marín y Juan Antonio Gil Rubiales, señalados como "instructor y secretario de la declaración que se tomó al detenido". Las penas decretadas por el Tribunal Supremo en 1989 fueron de cuatro meses de arresto para Marín y tres meses de arresto para Gil Rubiales, al tiempo que se decretó tres años de suspensión de empleo y sueldo para el primero y dos  y tres meses de arresto y tres y dos años para el segundo.

El Gobierno de Felipe González los indultó en 1990, tras lo cual se reincorporaron a la Policía e incluso recibieron condecoraciones. En 2005, Gil Rubiales fue nombrado Comisario Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Tenerife. Murió tres años después.

Un año después de las torturas a Arregi, Euskadi recibía la noticia de la muerte de Esteban Muruetagoiena, un médico que había sido arrestado por la Guardia Civil en la noche del 15 de marzo de 1982. "Cuando lo vimos en los juzgados después de que lo dejaran libre, no entendíamos su comportamiento. Estábamos sorprendidos por las cosas que decía, algunas totalmente incoherentes. En ocasiones pensaba que éramos policías y ni siquiera sabía dónde estaba. He visto a personas golpeadas y medio muertas, pero lo de Esteban era diferente. A nivel sicológico estaba derrumbado. Cuando a los pocos días murió, lo entendí", declaró Bixente Ibarguren, detenido en la misma operación, durante un acto de homenaje que se celebró en el ayuntamiento de Oiartzun (localidad a la que pertenecía la víctima) en 2012.  

Muruetagoiena murió tres días después de ser liberado por la Guardia Civil a raíz de un infarto que, según denunciaron sus allegados, podía tener relación con lo vivido durante los diez días de incomunicación en dependencias de la Guardia Civil. Los médicos determinaron en la autopsia que había indicios de torturas, pero el caso no derivó en ningún tipo de condena.

Hubo casos de torturas no investigados que llegaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que desde 1992 ha condenado en 11 ocasiones a España por no actuar de forma diligente ante esas denuncias. "Hay personas que han muerto por torturas, pero los partes médicos hablan de falta respiratoria o infarto, pero siempre detenidas y bajo régimen de comunicación", destaca a Público Encarnación Blanco, quien en 1998 consiguió que la ONU dictaminase que España no había investigado correctamente sus denuncias de torturas.  

En el listado de muertes provocadas por la actuación de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado figuran también los nombres de Josean Lasa y Joxi Zabala, secuestrados y asesinados por guardias civiles del denominado "GAL Verde". En julio de 2001, el Tribunal Supremo condenó al exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, al excomandante Ángel Vaquero y a los exguardias Enrique Dorado y Felipe Bayo a penas de entre 71 y 75 años de cárcel.

Sin embargo, Galindo pasó solo cinco años en prisión y Elgorriaga no llegó a 15 meses: ambos fueron liberados por razones de salud y cumplieron sus penas en casa. Hay otro detalle: el donostiarra Palacio de La Cumbre, lugar donde Lasa y Zabala fueron torturados, fue declarado "bien de interés cultural" por el Gobierno de José María Aznar y a día de hoy es utilizado como residencia de ministros en sus visitas a la capital guipuzcoana.

En otros casos de muertes por torturas no hubo ningún tipo de condena. Así ocurrió con Mikel Zabalza, el joven navarro que fue detenido por la Guardia Civil y trasladado al cuartel de Intxaurrondo en noviembre de 1985. Su cuerpo apareció 20 días después flotando en el río Bidasoa. A pesar de las investigaciones periodísticas que apuntaban hacia la responsabilidad de la Benemérita en este caso, los tribunales ordenaron archivar la causa hasta en tres ocasiones, la última en 2010. "Ha habido silencio y complicidad durante muchos años", lamenta Blanco.

49 agentes condenados

Un extenso informe elaborado por el Instituto Vasco de Criminología para el Gobierno Vasco en 2017 señala que en Euskadi hubo más de 4.000 personas torturadas. El estudio concretó además que se produjeron 20 condenas ratificadas por el Tribunal Supremo de torturas y malos tratos a 31 víctimas. Hubo en total 49 condenados, de los cuales 21 pertenecían al Cuerpo Nacional de Policía y otros 28 a la Guardia Civil. La mayor parte de estos casos refiere a víctimas que lograron sobrevivir a los tormentos.