Ni cuerpo, ni duelo, ni justicia. Para varias familias vascas, los largos años de conflicto han dejado un reguero de incertidumbres y sufrimientos que se resumen en una única certeza: hasta ahora no habido manera de que alguien, de una vez por todas, aclare qué les hicieron a sus seres queridos. Dónde los mataron. Dónde los dejaron. Dónde están.

"No tiene entidad. No está. Ni muerto, ni vivo". La definición realizada por el dictador argentino Jorge Rafael Videla sobre los desaparecidos aún resuena en la memoria de quienes perdieron a los suyos a manos del régimen. A este lado del Atlántico, el dolor de quienes vivieron trances parecidos se mezcla con otro ingrediente: la falta absoluta de justicia.

No hubo verdad para miles de desaparecidos de la dictadura franquista, ni tampoco para quienes fueron secuestrados y asesinados en democracia. El historiador Iñaki Egaña, un investigador vasco que acumula ya más de 30 libros de su puño y letra, conoce muy de cerca esas historias. Por eso ha escrito un libro: Objetos perdidos. Desapariciones forzadas en el contexto vasco (1956-2010), recientemente publicado por la editorial Txalaparta.

"Para los familiares, una desaparición es de los peores crímenes: por un lado, ni siquiera tienes la posibilidad de hacer el duelo; por el otro, siempre te va a quedar un punto de esperanza de recuperar los restos. Se trata de una pesadilla con la que vas a vivir todos los días", resume Egaña. 

El título de su libro conduce a la historia de Mikel Zabalza, el joven navarro que apareció flotando en aguas del Bidasoa tras haber pasado por el tenebroso cuartel de Intxaurrondo en 1985. Cuando su su madre se presentó en esas dependencias de la Guardia Civil para preguntar por Mikel, la respuesta del agente que le atendió resultó espeluznante: "Vaya a preguntar en objetos perdidos". 

Tuvo que pasar casi un mes para que Zabalza dejara de ser un desaparecido y pasara a ser, oficialmente, un fallecido. Josean Lasa y Joxi Zabala, secuestrados en 1983, estuvieron en esa categoría hasta marzo de 1995, cuando se notificó oficialmente que los cadáveres enterrados en cal viva que habían sido hallados diez años antes en Alicante correspondían a ambos jóvenes.

Lasa y Zabala fueron víctimas del GAL que operaba en Intxaurrondo. Antes de matarles, los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo les obligaron a cavar su propia tumba. Una tumba sin nombres ni flores. Un enterramiento clandestino que buscaba, sencillamente, alargar el sufrimiento de sus familiares e inspirar temor a futuras víctimas: el GAL no solo podía obligarte a preparar tu fosa; también podía hacer que tus familiares no recuperasen tus restos. 

En su libro, Egaña recoge los casos de Naparra o Lasa y Zabala, así como las historias de quienes a día de hoy siguen desaparecidos. Entre ellos se encuentran los casos del miembro de ETA Político-Militar Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, o del militante de los Comandos Autónomos Anticapitalistas José Miguel Etxeberria, Naparra, secuestrados en 1976 y 1980 respectivamente.

Entre ambos sucesos se produjo otro hecho significativo. En octubre  de 1978, el entonces cónsul de la dictadura argentina en el País Vasco, Ricardo Corbella, elaboró un informe dirigido a su superiores en Buenos Aires en el que detallaba los planes e inquietudes que tenían los responsables de las Fuerzas del Orden Público (FOP) sobre lo que debía ocurrir en España. 

En ese documento al que tuvo acceso Público, Corbella destaca la "generalización en los mandos naturales de las FOP de que la solución final del actual proceso español y vasco en particular debería encuadrarse en temperamentos similares a los adoptados en Chile y Argentina, a la vez que prospera la idea que la democracia es la causante de todo el proceso de referencia".

"Así nos va"

En ese marco, policías y militares españoles mantuvieron numerosos contactos e intercambios en materia de "formación" con sus homólogos argentinos. En enero de 1980, el entonces ministro de Presidencia en el Gobierno de Suárez, José Pedro Pérez Llorca, dio cuenta de ese creciente interés en una reunión mantenida en Madrid con el embajador de Videla en Argentina, Jorge Washington Ferreira.

"El ministro se mostró interesado por conocer diversos aspectos relacionados con el terrorismo en la Argentina", resumió el diplomático en un documento remitido a la Cancillería en Buenos Aires. Ferreira le explicó a Pérez Llorca que "había dos métodos para enfrentar el terrorismo: el meramente policial, con represión normal y gradual, y el de guerra total con represión drástica mediante el empleo, incluso, de los medios militares". El embajador le hizo ver que, evidentemente, Argentina había "optado por éste último", a lo que Pérez Llorca respondió: "Nosotros por el primero, y así nos va".

"Infundir el terror"

En un informe dado a conocer en 2020, el Foro Social  –una entidad que trabaja en el ámbito de la resolución del conflicto en Euskadi– estableció que a día hoy existen al menos siete casos de víctimas de "desaparición forzosa en el caso vasco", entre los que se encuentran Naparra, Pertur o el anarquista Tomás Hernández, secuestrado en la localidad vascofrancesa de Hendaia en 1979. Su caso también está recogido en el libro que acaba de escribir Egaña.

"La desaparición forzada es una estrategia para infundir el terror entre la ciudadanía. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos de la persona hecha desaparecer, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Países como Argentina, Chile, Colombia o El Salvador han sufrido esta grave vulneración de derechos de forma trágica", recordaba el Foro Social en su informe. El dolor sigue presente.