El grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley (PNL) para que se declare el actual edificio del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la madrileña Puerta del Sol como Lugar de Memoria Democrática. Ese inmueble, la Real Casa de Correos, fue la Dirección General de Seguridad (DGS) durante el franquismo. 

La iniciativa parlamentaria, a la que ha tenido acceso Público, contempla, en virtud de lo que incluye la Ley de Memoria Democrática estatal, "colocar una placa en un lugar visible para toda la ciudadanía, en la que aparezcan los nombres de las víctimas y las organizaciones de procedencia, en memoria de las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales, por defender las libertades y la democracia". 

La medida, firmada por los diputados Íñigo Errejón como portavoz del grupo, aparte de Enrique Santiago y Nahuel González, estos últimos de IU, añade también la petición de habilitar en el edificio un espacio con "los correspondientes elementos informativos y pedagógicos, que sea accesible para toda la ciudadanía y que promueva el derecho a la verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición de las víctimas del franquismo". 

La antigua Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid que gobierna Isabel Díaz Ayuso, fue durante los años de la dictadura franquista la sede DGS y de la Brigada Político Social. "Sus instalaciones se convirtieron un centro de detención y torturas por el que pasaron miles de personas por motivos políticos y sociales, por luchar por las libertades y la democracia, por sus convicciones religiosas, su orientación sexual o por su mera discrepancia con el régimen de la dictadura", recuerda el texto de Sumar.

La DGS, añade el texto, también funcionó como centro de torturas durante la Transición. "La Brigada Política Social pasó a llamarse Brigada General de Información, un cambio de nombre, pero las mismas torturas policiales", recuerdan en Sumar. 

Desde el espacio que lidera Yolanda Díaz ponen en valor que asociaciones y colectivos de recuperación de la memoria democrática lleven décadas reivindicando la colocación de una placa en la que fuera sede de la DGS. "Sin embargo, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ninguna actuación en memoria de todas las personas detenidas, torturadas y asesinadas durante la dictadura franquista en la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia Comunidad de Madrid", añade el documento. 

Para Sumar, declarar el edificio como Lugar de Memoria Democrática sería "una acción que daría un paso más en la reparación de las víctimas y, en parte, nos homologaría con otras capitales europeas que han sido escenario de la barbarie del nazismo y del fascismo, donde hay placas o museos que recuerdan a las personas que lucharon por su liberación". 

Rehabilitación de Julián Grimau

La PNL de Sumar propone también Promover un acto de rehabilitación democrática de la figura de Julián Grimau. El próximo mes de abril se cumplen 61 años de la ejecución por parte del franquismo de este dirigente del PCE. En este sentido, se pide la colocación de una placa en su memoria en el actual edificio del Senado, en la Calle del Reloj, donde estaba ubicado el Tribunal Militar en el que se juzgó de forma sumaria y se dictó la sentencia de pena de muerte contra Grimau.

Sobre Grimau, la iniciativa de Sumar recuerda lo sucedido. Fue "detenido, torturado, procesado por delitos nunca probados y ejecutado por el régimen franquista, fue brutalmente golpeado en la DGS, arrojado desde una ventana al patio interior del edificio, simulando un intento de suicidio o de huida". "Su único delito, como él mismo reconoció durante el procesamiento, fue el de ser comunista y luchar por la libertad y la democracia", apunta la PNL. 

El documento recuerda las circunstancias en las que se desarrolló el procesamiento de Grimau ante un Tribunal Militar. Ejerció de Fiscal un habitual de los juicios políticos, Manuel Fernández Martín, "que en realidad nunca había estudiado Derecho". El juicio sumarísimo se celebró en los Juzgados Militares de Madrid el 18 de abril de 1963, por "rebelión militar continuada", en el que se aplicaba la Ley de Responsabilidades Políticas de 1938.

El juicio estuvo plagado de irregularidades incluso con las leyes franquistas de la época, según se incluye en la iniciativa de Sumar. "El delito de rebelión había prescrito tras los 25 años transcurridos desde la guerra. Y el delito continuado era improbable dado que Grimau había pasado más de 20 años fuera de España tras el fin de la guerra y no existían indicios de su presencia clandestina en el país durante ese tiempo. El Fiscal cortó en numerosas ocasiones las declaraciones del acusado y del propio abogado defensor, cuyo alegato no fue tenido en cuenta". 

"Tras apenas cinco horas de juicio, sin deliberación, se dictó la condena a muerte, tal y como estaba previsto". A Grimau le habría correspondido ser juzgado por el Tribunal de Orden Público y no por la jurisdicción militar. "Este Tribunal, en aplicación de la Ley de Orden Público, no hubiera dictado pena de muerte sino una pena de prisión", señala Sumar. Por este motivo, para asegurar su ejecución, el dictador Francisco Franco dispuso que la entrada en vigor de la ley se retrasara hasta después del fusilamiento.

"Hacia las 5 de la madrugada del 20 de abril, Grimau fue trasladado en una furgoneta al campo de tiro del cuartel de Campamento (Madrid), donde debía ejecutarse el fusilamiento. En principio, correspondía a la Guardia Civil formar el pelotón, pero sus mandos se negaron a hacerlo. El Capitán General de Madrid rehusó también que el pelotón fuera integrado por militares de carrera, que era la segunda opción. Finalmente, fueron soldados de reemplazo quienes ejecutaron a Grimau", narra el texto parlamentario de Sumar en su exposición de motivos.