Las víctimas agrupadas en torno a la conocida como querella argentina, en cuyo marco se investigan los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco y la transición (1939-1978), confían en que nuevas pruebas aportadas permitan procesar al exministro español Rodolfo Martín Villa por delitos de lesa humanidad.

En la última semana, varios de los querellantes han aportado nuevas informaciones a la jueza María Servini, encargada del expediente, según especificaron este jueves representantes de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) en una conferencia de prensa que tuvo lugar en Buenos Aires.

Las nuevas pruebas permitirían, según explicaron, un nuevo procesamiento del exministro y facilitarían nuevas citaciones para que declaren otros doce imputados vivos, así como nuevos denunciados, entre ellos el homicida del oficinista Teófilo del Valle, asesinado en Elda (Alacant) en 1976.

El abogado Eduardo Fachal, que integra el equipo jurídico de CEAQUA, consideró este jueves que los hechos relativos a Martín Villa "están probados".

En 2022, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina rechazó volver a procesar a Martín Villa por su implicación en doce homicidios agravados –dos en Vitoria, marzo de 1976, los de los Sanfermines de 1978 en Pamplona, los de la semana pro-amnistía de Euskal Herria y el del estudiante Arturo Ruiz, en enero de 1977–, considerando "inadmisible" el recurso presentado por CEAQUA por "insuficiencia" de pruebas.

"No podemos hacer este testimonio en el Estado español; por esto tenemos que recorrer 10.000 kilómetros hasta aquí (Buenos Aires) para que una juez nos escuche", dijo Rosa García Alcón, querellante y miembro de la asociación La Comuna, que agrupa a presos y represaliados por el franquismo.

García Alcón espera que –en los casos en los que se solicitaron extradiciones de personas durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que fueron rechazadas– el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez "resuelva" a favor de las víctimas.

En este sentido, el eurodiputado de Podemos e hijo de un represaliado torturado durante el franquismo, Miguel Urbán, también presente en Buenos Aires, pidió que se termine "la impunidad que sigue reinando en el Estado español" e instó a los partidos miembros de la coalición gobernante en España, PSOE y Sumar, a tomar una determinación en este sentido.

"No tendríamos por qué salir de nuestro país a pedir justicia. He sentido una enorme vergüenza al presentarme ante la jueza Servini pidiéndole justicia para mi familiar y para el resto", aseguró Daniel Galán, nieto de uno de los 2.238 represaliados asesinados en la localidad valenciana de Paterna entre 1939 y 1956.

Galán y el resto de las víctimas reconocen que están "cansados" y que los viajes a Argentina suponen "un esfuerzo económico importante" para ellos, pero esperan que los testimonios y las nuevas pruebas aportadas puedan cambiar el rumbo de esta gigantesca causa.

La querella argentina es la única en todo el mundo que enjuicia por crímenes de lesa humanidad a mandos del franquismo, que no pueden ser juzgados en España por la normativa establecida en la ley de amnistía de 1977.