La jueza argentina María Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal 1 de Buenos Aires, trata de apuntalar el contexto de crímenes de lesa humanidad que se produjo en España entre 1976 y 1978 contra la disidencia política para poder procesar al exministro franquista Rodolfo Martín Villa, imputado en la causa de los crímenes del franquismo que la magistrada argentina, de 87 años, inició en 2010.

Para afianzar su tesis sobre ese contexto de lesa humanidad, Servini ha vuelto a enviar a España la comisión rogatoria que ya solicitó en marzo de 2022, con cuestiones relacionadas con la represión policial de las manifestaciones a favor de la amnistía de los presos políticos y también de las que apoyaban las huelgas, que fueron los escenarios donde más asesinatos se produjeron por parte de las fuerzas de orden público en los años de la transición.

La jueza Servini insiste en la urgencia de que España dé cumplimiento a su requerimiento, en base al Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre Argentina y España. Pero el Estado español hace oídos sordos. 

En concreto, Servini pide al Estado español información sobre las instrucciones de las autoridades, entre ellas, las firmadas por Martín Villa como ministro de Relaciones Sindicales (1976) y de Gobernación o Interior (1978), sobre cómo disolver las manifestaciones. Y solicita todas las medidas gubernamentales entre 1976 y 1978 para combatir o contener las acciones de grupos de ultraderecha contra sectores de la población que se manifestaban a favor de la amnistía. 

Martín Villa sigue imputado

El exministro Martín Villa continúa imputado en la causa argentina por 12 homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad. El intento de Servini para que el dirigente franquista fuera juzgado por cuatro de aquellos asesinatos fue parado en diciembre de 2021 por la Cámara de Apelaciones, que revocó el auto de procesamiento de la jueza Servini. Consideró esa instancia judicial superior que no estaba demostrado que aquellas cuatro muertes fueran en realidad crímenes de lesa humanidad y le pedía a la jueza que profundizara más en los hechos objeto de investigación.

Y es lo que trata de hacer María Servini; apuntalar que aquellos crímenes formaron parte de un ataque sistemático contra parte de la población civil. Para ello, solicita a España cuestiones como el número de procesos judiciales celebrados contra ultraderechistas por muertes o lesiones graves a manifestantes o el texto de un manual que manejaba la Policía donde se indicaba que "la represión no alcanza su fin si era blanda, se debe actuar dura y enérgicamente empleando desde la carga con la defensa hasta el fuego con toda clase de armas".

El asesinato de Arturo Ruiz

Uno de los doce crímenes que la jueza atribuye a la responsabilidad de Martín Villa es el de Arturo Ruiz, asesinado en enero de 1977, con 19 años, por la Triple A, una organización armada de extrema derecha vinculada al aparato del Estado. Durante una manifestación en Madrid a favor de la amnistía de los presos políticos, el joven recibió un disparo por la espalda de manos de Ignacio Fernández Guaza, miembro de los Guerrilleros de Cristo Rey, grupo paramilitar de extrema derecha hermanado con la Triple A. Ambas organizaciones recibieron apoyo económico y logístico del Aparato del Estado. 

Fernández Guaza huyó de España tras el asesinato con la ayuda de sectores de la Guardia Civil y nunca fue juzgado. De hecho, en el año 2000 la Audiencia Nacional sobreseyó la causa para el prófugo por prescripción.

La jueza pide información a la Audiencia Nacional sobre si el caso puede reabrirse en España o está cerrada la vía por prescripción, como sentenció la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado mes de septiembre, en un polémico auto donde afirma que no está probada la relación entre el asesinato de Arturo Ruiz y la dictadura franquista. Los hermanos de Arturo Ruiz han presentado un recurso contra ese auto.

Localizado el asesino

Existen nuevas pistas sobre el asesinato de Arturo Ruiz y la jueza quiere saber si van a investigarse en España o, por el contrario, ella podría incluirlas en la investigación contra Martín Villa. Ignacio Fernández Guaza fue localizado en Argentina. El 31 de marzo de 2023 uno de los abogados de la 'querella argentina' aportó al juzgado de Servini  imágenes e información sobre la vida actual del asesino prófugo de Arturo Ruiz. Meses después, el diario El País logró entrevistarse con él. 

De momento, la jueza argentina ha ordenado investigar a Fernández Guaza, de 76 años, por documentación falsa, ya que vive con una identidad falsa en Argentina.

En España, a falta de conocer el resultado del recurso de los hermanos de Arturo Ruiz, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, dirigida por Dolores Delgado, se ha puesto de su lado y ha abierto un expediente de seguimiento del caso para estudiarlo.