La condena de seis años y dos días de prisión y de 15 años y dos días de inhabilitación absoluta para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán impuesta por el Tribunal Supremo por el caso del fraude de los ERE, podría ser objeto de un indulto del Gobierno si no obtiene amparo del Tribunal Constitucional. No sería la primera vez que la medida de gracia se utiliza para repescar a cargos públicos condenados.

Cualquier persona condenada puede solicitar un indulto al gobierno, una medida de gracia que concede el Jefe del Estado -o sea, el rey Felipe VI-, a petición del Ministerio de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros. La medida es individualizada, no implica la desaparición del delito y no tiene que estar motivada: es decir, es discrecional.

Si Griñán quisiera solicitar el indulto tras ser condenado por malversación y prevaricación no sería algo tal excepcional. Como recoge El Indultómetro, una herramienta de la Fundación Civio que analiza precisamente la concesión de esta medida de gracia, en algunos años el número de indultados condenados por delitos de corrupción política han sido proporcionalmente relevante, uno de cada cuatro en 2017, por ejemplo.

La norma que rige el indulto data de 1870, y establece que "pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes o cualquiera otra persona en su nombre" y la propuesta no será pública hasta que el Ministerio de Justicia abra el expediente. Este Ministerio no tiene plazo para resolver.

La decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia. En el caso de que sea favorable al condenado, debe tramitarse a través de un real decreto y publicarse en el BOE. Aunque la ley de 1870 establecía que el indulto debía plasmarse en un decreto "motivado", la reforma de 1988 eliminó esa exigencia expresa de motivar la medida de gracia. 

Según los últimos datos de Justicia enviados al Congreso de los Diputados, del segundo semestre de 2021, durante ese período se concedieron sólo cinco indultos y se denegaron 1.744, que hacen un total de 1.749 expedientes resueltos. De los casos indultados, cuatro eran delitos contra el patrimonio y uno de un delito contra las relaciones familiares.

Debido a las características de los delitos por los que ha sido condenado, José Antonio Griñán podría terminar engrosando la lista de políticos condenados por corrupción e indultados. El Indultómetro indica que hasta desde el Gobierno de José María Aznar (1996-2004) -el más generoso, con 139 indultos- se han dado en España 231 indultos por delitos de prevaricación y, ojo, malversación.