El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años y dos días de prisión y de quince años y dos días de inhabilitación absoluta para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, y de nueve de inhabilitación especial para su antecesor, Manuel Chaves, por el conocido como caso del fraude de los ERE, según informó en un comunicado. La Audiencia Provincial de Sevilla había condenado a Griñán por malversación –que conlleva penas de cárcel– y prevaricación, y a Chaves por prevaricación.

Dos magistradas –Ana Ferrer y Susana Polo– discreparon del fallo que impuso la mayoría de la sala penal –otros tres jueces– y emitirán, cuando se hagan públicos todos los argumentos, un voto particular en el que consideran que el Supremo debería haber estimado el recurso de Griñán, por lo que este debería haber sido absuelto del delito de malversación, lo que hubiera implicado liquidar la pena de prisión. 

Este fallo cierra toda una época en Andalucía y pesará como una losa en el legado del PSOE, el partido hegemónico en la Comunidad más poblada durante años.

Lo que se discutía en este juicio es quienes fueron los responsables de crear y montar el sistema –y si este era ilegal– opaco –ninguna ayuda se publicó en el BOJA– de reparto de los fondos que la Junta de Andalucía habilitó –unos 680 millones en diez años– a paliar los efectos en el empleo de las crisis empresariales en una Comunidad con altas tasas de paro estructural. La Audiencia de Sevilla consideró que la cúpula de la Junta entre los año 2000 y 2010 tuvo participación en ello y ahora el Supremo, dividido, lo corrobora. Ni Chaves ni Griñán se han sentido jamás unos delincuentes ni han sido tampoco acusados de llevarse nada para ellos.

La Audiencia consideró que en abril de 2000 se produjo un cambio en el sistema de concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por reestructuraciones empresariales y la sentencia resuelve que "exigió de la decisión del superior jerárquico", el entonces presidente Chaves. Este, según la Audiencia, era "plenamente consciente de la patente ilegalidad de los actos en los que participó". El cambio de clasificación económica de la partida para ayudas sociolaborales supuso, según la sentencia de la Audiencia, omitir la fiscalización previa de las ayudas que se pensaban seguir dando.

La actuación de Griñán como consejero de Hacienda de Chaves es lo que pone bajo la lupa la Audiencia: "siendo Griñán consejero de Economía y Hacienda, se siguió haciendo este uso inadecuado" del modo de pago de los ERE. La sentencia añade que era el destinatario de los informes de control financiero permanente del organismo que pagaba las ayudas, "por lo que tuvo conocimiento de las deficiencias detectadas". Entre ellas, el tribunal cita un informe de la Intervención en el que a modo de conclusión se dice: "la citada Dirección General [la de Empleo] ha tramitado subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido.

Respuesta rápida a conflictos

La Audiencia de Sevilla consideró probado que la Consejería de Empleo dispuso de fondos públicos "sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitimase la percepción de la supuesta ayuda y sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía".

Los gestores de Empleo, según el fallo, permitieron "el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado" y con ello causaron perjuicios económicos a la Junta de Andalucía "claros e importantes".

Y lo hicieron por esta razón, según la Audiencia: "La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos".

El caso de los ERE ha marcado la política andaluza de la última década desde que estalló en en el año 2011 –y explica en parte el ascenso del PP, uno de los principales impulsores del caso en los tribunales, y de Juanma Moreno– cuando el exdirector general de Empleo, Javier Guerrero, declaró a la Policía, que investigaba anomalías en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Mercasevilla haber manejado un fondo de reptiles para pagar las crisis empresariales.

Aunque Guerrero luego se retractó, los descubrimientos a los que condujeron las pesquisas policiales y judiciales, impulsadas al principio por la magistrada Mercedes Alaya, llevaron al procesamiento de los dos expresidentes y de los responsables y altos cargos de las consejerías de Empleo y Hacienda durante la primera década del siglo.