El PNV ha iniciado el nuevo curso político con una clara intención de dar la batalla para que el Gobierno no bloquee su reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una iniciativa que acumula ya doce meses congelada en el Congreso por la continua prórroga del plazo para la presentación de enmiendas, el mismo mal que abocó a los anteriores intentos de reforma al fracaso.

Y es que, la reforma de la norma promulgada por el dictador Francisco Franco hace medio siglo lleva más de cinco años pendiente en la Cámara Baja. En este sentido, el PNV lleva desde 2016 reivindicando que se levante el secreto de los documentos clasificados en un plazo de 25 años y de diez en el caso de las materias reservadas.

La desclasificación de documentos oficiales, reclamada por periodistas, historiadores, investigadores y partidos políticos, arrojaría luz sobre cuestiones que aún están vetadas a la opinión pública, como las actuaciones del Estado durante la dictadura franquista; el proceso de la Transición; la matanza del 3 de marzo en Vitoria en 1976; el golpe de Estado fallido del 23F; los asesinatos de los GAL durante los gobiernos de Felipe González; la venta de material armamentístico a dictaduras militares (Chile y Paraguay) y a otros regímenes involucrados en ataques militares (Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos); y los viajes del rey y del presidente del Gobierno (también de los ministros y otras autoridades del Estado "cuando las circunstancias lo aconsejen").

Una batería de preguntas

Toda vez que este nuevo intento de reforma dormía en el sueño de los justos, tanto el grupo jeltzale como el resto de socios del Gobierno, incluido Unidas Podemos, han insistido en varias ocasiones avanzar en la tramitación de la norma. En este sentido, el Ejecutivo incluyó la reforma de la ley franquista hace un año en su Plan Anual Normativo 2020, un compromiso ratificado públicamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al entender que es "bueno para la calidad democrática española".

Según pudo saber este medio a través de varias fuentes parlamentarias, no fue hasta el pasado mes marzo cuando Presidencia, Defensa, Exteriores e Interior, los departamentos implicados en la nueva ley (todos manejados por la parte socialista del Gobierno) comenzaron los trabajos, aunque no llegó a producirse ningún avance en esta materia por el bloqueo del ministerio encargado de pilotar esta iniciativa, el dirigido por Margarita Robles.

Con todo, el pasado 31 de agosto, el Ejecutivo sacó de su plan normativo para lo que queda de año esta prometida reforma. Este hecho motivó al día siguiente el registro por parte del portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, de una batería de preguntas en la que pide explicaciones al Gobierno y recuerda el bloqueo de su proposición de ley en el Congreso. "¿Puede el Gobierno confirmar que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales comprometida en su Plan Normativo 2020 va a culminarse esta Legislatura?", cuestiona el diputado jeltzale.

La reforma tendrá que esperar a 2022

La semana pasada, durante la comparecencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el PNV y también ERC aprovecharon para preguntar por la ausencia de esta reforma en plan normativo del Gobierno para el próximo trimestre, cuando sí se había incluido en los anteriores.

Por ello, el diputado del PNV Mikel Legarda recordó que el Ejecutivo anunció "a bombo y platillo" que tomaba la iniciativa para esa reforma pese a que el Congreso ya acordó tramitar una proposición de ley de su grupo con el mismo objetivo, contando además con el respaldo de una amplia mayoría. "Si no la van a impulsar deje de bloquear las enmiendas, no sean como el perro del hortelano que ni come ni deja comer", espetó.

En su réplica, Bolaños explicó que la iniciativa sigue en los planes del Ejecutivo porque es necesario "modernizar una norma preconstitucional", pero añadió que se tendrá que aprobar en 2022, ya que ahora "la prioridad absoluta" del Gobierno "es garantizar el crecimiento económico y una recuperación justa".

'Caso Patxi Zamora'

Para elevar la presión y con el inicio de las conversaciones para recabar apoyos a los Presupuestos del próximo año de fondo, en la primera sesión de control de este periodo de sesiones, Legarda ha vuelto a reclamar este asunto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a colación del caso Patxi Zamora, el auxiliar de vuelo de Iberia que fue despedido tras 31 años de trabajo después de recibir un correo electrónico de la Guardia Civil informándole de que se le denegaba la renovación de su acreditación por considerarlo "no apto".

Tras doce meses, Zamora conoció que estaba considerado por la Benemérita como "persona cercana a entornos potencialmente peligrosos". Años después, en respuesta a preguntas formuladas por el PNV en el Congreso (EH Bildu ha puesto esta cuestión sobre la mesa), el Gobierno deslizó que la decisión de no renovarle el permiso para trabajar se debió a que este empleado formó parte de las listas de la Acción Nacionalista Vasca (ANV) en las elecciones locales celebradas en 2007.

En este sentido, Legarda ha pedido a Marlaska que no bloquee la reforma de la Ley de Secretos Oficiales impulsada por su grupo y que desclasifique la información relativa a este caso, como ha hecho ahora EEUU en relación al 11-S. Por su parte, y a pesar de que esta reforma tendrá que esperar nuevamente, el ministro ha negado la mayor: "No hay ninguna voluntad de bloqueo sino todo lo contrario. Es hora de una nueva ley de información clasificada", ha apostillado.