La reforma de ley de secretos oficiales que el Gobierno tiene previsto acometer continua bloqueada. El Ejecutivo incluyó la revisión de la norma (promulgada por el dictador Francisco Franco hace 53 años) en el Plan Anual Normativo con la intención de llevarla al Consejo de Ministros antes de 2020. Pese al retraso, no fue hasta el pasado mes marzo cuando Presidencia, Defensa, Exteriores e Interior, los departamentos implicados en la nueva ley (todos manejados por la parte socialista del Gobierno) comenzaron los trabajos, aunque hasta el momento no se ha producido ningún avance en esta materia.

En este sentido, fuentes parlamentarias apuntan a un bloqueo por parte del Ministerio de Defensa, el departamento encargado de proponer una ley que arroje luz sobre cuestiones que aún se mantienen bajo llave, como las actuaciones del Estado durante la dictadura franquista; el proceso de la Transición; la matanza del 3 de marzo en Vitoria en 1976; el golpe de Estado fallido del 23F; los asesinatos de los GAL durante los gobiernos de Felipe González; la venta de material armamentístico a dictaduras militares (Chile y Paraguay) y a otros regímenes involucrados en ataques militares (Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos); y los viajes del rey y del presidente del Gobierno).

Por otra parte, la intención del Gobierno pasa por evitar la imposición de unos plazos para levantar el secreto de los documentos clasificados y de las materias reservadas. Si bien, esta medida se aleja de la proposición del ley registrada en el Congreso por el PNV, cuya tramitación, de la que está a punto de cumplirse un año, está paralizada debido a las continuas prórrogas del plazo de enmiendas. 

La reforma que el Grupo Vasco lleva planteando desde 2016 pretende incorporar la obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias calificadas secretas y los 10 años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años.

A pesar de que este cuarto intento para intentar modificar la norma franquista contó con el respaldo de una holgada mayoría absoluta de la Cámara Baja —197 votos a favor, 53 en contra (Vox) y 99 abstenciones (PP)—, la formación jeltzale ha criticado en varias ocasiones las sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas acordadas por la Mesa del Congreso, el mismo mal que abocó a los anteriores intentos de reforma al fracaso. En cuanto a la vía escogida por Moncloa para llevar a cabo la norma, el grupo nacionalista ha advertido de que retrasará aún más este reclamo histórico, haciendo peligrar incluso que salga adelante en esta legislatura debido a los procedimientos a los que debe someterse un proyecto de ley y su posterior tramitación ordinaria en las Cortes.

Por su parte, desde el grupo de Unidas Podemos aseguran que ya tienen elaboradas las enmiendas parciales desde hace tiempo. De hecho, ya se han puesto en contacto con varios grupos para buscar apoyos e, incluso, poder transaccionar varias de ellas en caso de que la tramitación de la proposición del PNV dejara de estar enquistada. 

El Congreso urge a reformar la ley de secretos oficiales

En la sesión plenaria de este martes, los socios parlamentarios del Gobierno han vuelto a poner de relieve la necesidad de reformar la ley de secretos oficiales a colación de una proposición no de ley para desclasificar todos los documentos escritos, sonoros o de vídeo que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al 23F.

La iniciativa de ERC, Junts, PDeCAT, la CUP, EH Bildu y BNG, que ha salido adelante en la votación de este miércoles por una amplia mayoría, ha sido enmendada por el PSOE y Unidas Podemos para levantar el velo de los acontecimientos relacionados con el intento de golpe de Estado "de acuerdo a los criterios establecidos en la nueva legislación".

"Hoy, superado el 40 aniversario del 23F, venimos aquí a demostrar definitivamente la falsedad de unas mentiras de Estado más repetidas en las últimas décadas: que el 23F fue cosa de cuatro militares ultraconservadores que sin complicidad de ninguna estructura política, social, económica, eclesiástica ni militar; solo y por propia iniciativa, decidieron tomar el Congreso. Esto no hay quien se lo crea. Y si lo que estoy diciendo les parece un disparate, desclasifiquen los documentos y comprobémoslo", apostilló la diputada de ERC Carolina Telechea, la encargada de presentar la PNL.

La mayoría de los portavoces que subieron a la tribuna de oradores reclamaron  la necesidad de que la sociedad conozca no solo esos documentos clasificados sino también los que afectan actualmente al rey emérito Juan Carlos I. Al mismo tiempo, pidieron poder conocer hechos de la Guerra Civil y el franquismo que todavía permanecen ocultos. Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, volvió a lamentar el bloqueo de su proposición en el Congreso. "Espero que algún día haya una ley homologable a las del norte de Europa y que sea una ley de plazos", apuntó.