Nueve días. Ese es el tiempo en el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz deberán cerrar un acuerdo para conformar un Gobierno de coalición en el plazo que ellos mismos se impusieron. Los líderes de PSOE y Sumar se reunieron hace unas semanas y acordaron darse hasta finales de octubre para alcanzar un pacto, además de acelerar las negociaciones para tratar de desencallar los puntos más conflictivos.

A día de hoy, las principales discrepancias se dan en el programa de Gobierno, en torno a las políticas que una y otra parte quieren impulsar y también en torno a cómo plantea cada una la próxima legislatura. 

En los últimos días se ha impuesto un silencio sobre el estado de las negociaciones, y lo que trasciende es más bien poco, siempre bajo el pretexto de que la discreción es el mejor ingrediente de cualquier pacto. Este fin de semana los contactos se han acelerado. Las intenciones de ambas partes es que el acuerdo se pueda cerrar en el plazo previsto. Es decir, esta misma semana. En las filas socialistas ven cerca esta posibilidad. 

Sin embargo, sí que se han conocido de manera pública algunas discrepancias que Sumar ha revelado al considerar que los socialistas están muy cerrados en banda.

Se sabe que uno de los principales escollos reside en la reducción de la jornada laboral. Tanto Sumar como los principales sindicatos, CCOO y UGT, quieren abordar esta reforma para avanzar de manera progresiva hacia la jornada de 35 horas semanales, implementando de manera más urgente la de 37 horas (que de facto ya está recogida en muchos convenios laborales).

Sin embargo, los de Díaz denuncian que el PSOE no quiere aprobar la reducción de la jornada, siendo este un punto muy importante para ellos, ya que fue una de las medidas estrella en su campaña electoral. También están negociando una reforma de las indemnizaciones por despido y blindar el SMI por ley a la vez que se garantiza que no pierde poder adquisitivo en épocas de alta inflación.

La propia vicepresidenta segunda en funciones apuntó el pasado jueves a otra discrepancia: los impuestos a las energéticas y a las entidades financieras. Sumar quiere que estos tributos se amplíen, dado que la inflación continúa y que tanto las eléctricas como la banca siguen registrando beneficios de récord en un momento en el que muchas familias se empobrecen.

Sin embargo, Díaz avanzó que el PSOE no se presta a mantener estos impuestos extraordinarios, que expirarán formalmente a finales de año (aunque la recaudación continuará en 2024 porque las empresas no cierran sus resultados hasta diciembre).

Estos dos tributos forman parte de una negociación más amplia, la de la reforma fiscal, en la que Sumar también estaría poniendo encima de la mesa una eventual reforma del impuesto de sociedades, una tasa que tiene un importante desfase entre sus bases imponibles y los beneficios de las grandes empresas, lo que perjudica de manera flagrante a su capacidad real para recaudar. 

También entraría en este pack fiscal el impuesto a las grandes fortunas, que en la actualidad tiene fecha de caducidad y que en Sumar quieren ampliar junto al de la banca y al de las eléctricas.

Con todo, los de Díaz se muestran optimistas con el hecho de revalidar el Gobierno de coalición y están convencidos de que se cerrará un acuerdo. Advierten, sin embargo, de que no darán un "cheque en blanco" a Sánchez para gobernar y en que su principal línea roja es clara: la legislatura tiene que ser ambiciosa y se tienen que aprobar medidas de calado.

En las filas del PSOE consideran desde el principio que el acuerdo con Sumar será de los asuntos más fáciles a resolver. Sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de convencer a grupos tan alejados como Junts. "Es normal que estén en posiciones de máximos también. Como todos", señalan en Ferraz, que quitan relevancia a las declaraciones públicas y exigencias del partido de Díaz. "Saldrá, seguro", afirman, 

¿Y la fecha?

Con octubre a punto de finalizar, salvo un acelerón prácticamente imposible, la fecha de investidura será ya en noviembre. Además, la semana del 1 de noviembre, con un festivo en miércoles y la jura de la princesa Leonor el día antes, imposibilita ya esas fechas. Las miradas se centran entonces en las tres semanas posibles: desde el 6 de noviembre al 20 de ese mes. El día 27, lunes, es la fecha tope y ese día se disolverán las Cortes si antes Sánchez no ha sido investido presidente. 

El PSOE quiere ir con pies de plomo sobre la decisión de la fecha. Un asunto que debe ser pactado con la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Los socialistas esperarán a tener el acuerdo global lo más avanzado posible para comunicar sus intenciones a Armengol. 

La realidad es que las negociaciones no van tan rápido como a los socialistas les gustaría. Eso, insisten las fuentes consultadas, no significa que estén encalladas. Consideran que "dentro de la complejidad avanzan razonablemente bien". En Ferraz insisten en que "no hay que tener prisa". Hace unas semanas transmitieron sus deseos de que la investidura fuera "cuanto antes". Es decir, en el mes de octubre. Progresivamente fueron alejando esa rapidez. 

El PSOE decreta discreción

En este contexto, Sánchez ha decretado "discreción". Lo que es lo mismo: apagón informativo. No ha habido prácticamente declaraciones en abierto estos días. Apenas unas brevísimas y no previstas declaraciones de Óscar Puente el pasado martes a la salida de una reunión en Ferraz y otras de Félix Bolaños pero en un acto de Gobierno. 

Sánchez ha seguido esta semana con su agenda internacional marcada por el conflicto en Oriente Medio y una serie de reuniones suyas con diferentes organizaciones feministas, ecologistas o de carácter científico. 

La estrategia de los socialistas es "decir poco" y "trabajar mucho". Una estrategia que realmente no es nueva y ha sido la tónica habitual en muchas negociaciones a varias bandas durante la pasada legislatura. También comparten ese método partidos como PNV o EH Bildu, inmersos en sus propias negociaciones. 

El principal escollo continúa siendo -lo es desde el 23 de julio- el pacto con Junts y ERC. Especialmente con los primeros, a los que Sánchez quiere convertir en un socio fiable y que trabaje por sus objetivos dentro de las instituciones. La ley de la amnistía ya está sobre la mesa. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo de avanzadilla argumental el pasado lunes. 

Para el PSOE, el conflicto de Catalunya es complejo y no puede resolverse en pocos días. Son los argumentos que se manejan estos días en Moncloa y Ferraz ante la posible preocupación de que la investidura descarrile. Sin prisa, pero sin pausa y con confianza en que Sánchez será presidente. Así es el ambiente con el que se llega a final del mes de octubre en las filas socialistas.