El Gobierno de coalición nació y se ha desarrollado entre crisis. Con apenas tres meses de vida, la pandemia mundial de la covid-19 desató en 2020 una emergencia sanitaria y unas restricciones históricas para hacerle frente que en España llegaron a destruir dos tercios del empleo creado entre 2013 y 2019.

Sin haber superado esta situación, España y Europa fueron testigos de una crisis provocada por unos precios de la energía desorbitados a causa del gas, una crisis que mostró las costuras de un mercado energético obsoleto e ineficaz y que disparó las facturas de las familias a niveles sin precedentes.

Después llegó la guerra de Ucrania, que en su dimensión económica ahondó en una inflación que todavía deja importantes rastros (en España, los precios de los alimentos y la cesta de la compra). Ahora, el próximo Gobierno (que en la actualidad aspira a revalidar Pedro Sánchez de la mano de Yolanda Díaz) tendrá que hacer frente a las eventuales consecuencias económicas derivadas del conflicto entre Israel y Hamás.

Aunque es pronto para hacer proyecciones del impacto económico real que este conflicto puede tener en la economía mundial (y en la europea), este miércoles los precios del petróleo y el oro ya se habían incrementado tras elevarse las tensiones en Gaza. 

Desde 2020, el Gobierno ha puesto en marcha tres escudos sociales aprobados y prorrogados a través de los denominados decretos anticrisis. Estos tres escudos constan de una batería de medidas destinadas a proteger la economía de las familias, de los trabajadores y de las empresas.

Tres escudos sociales para tres crisis seguidas

El primero se centró en tratar de blindar los empleos y el tejido económico con medidas como los ERTE o los créditos a las empresas. El segundo puso el foco en tratar de abaratar el precio de las facturas de la luz y en aliviar su coste para las familias.

El tercero desplegó una serie de medidas destinadas a paliar la emergencia social provocada por las sucesivas crisis (precio de los carburantes, congelación de los precios del alquiler y prohibición de los desahucios ante la emergencia habitacional provocada, rebaja del IVA de algunos productos de alimentación...).

Por último, en junio se aprobó un último decreto, en este caso de prórroga del anterior, en el que comenzaron a decaer algunas medidas desplegadas anteriormente (como el límite a los alquileres, que termina en diciembre) y por el que se reconocieron tres permisos de conciliación recogidos en la ley de familias, que no pudo ver la luz por el adelanto electoral del 23 de julio.

Ahora, el PSOE y Sumar negocian qué hacer con las medidas anticrisis en un contexto marcado en los últimos días por el conflicto en Gaza y por las primeras señales de alarma económica. Los de Yolanda Díaz insisten en que no sólo se deben mantener las principales medidas recogidas en el último decreto (como las bonificaciones al transporte), sino que incluso se podría contemplar reforzarlas y ampliarlas.

En Sumar también creen que se debería hacer una evaluación de todas las medidas y suprimir aquellas que se revelen como ineficaces, como son, a su juicio, los avales del 20% a jóvenes y familias con menores a su cargo para la compra de la primera vivienda.

Cambio de rumbo en Europa con las reglas fiscales

En cambio, en el PSOE estarían planteándose la retirada de algunas medidas, las más costosas, como son las bonificaciones al transporte, una iniciativa que, a juicio de los de Yolanda Díaz, ha funcionado muy bien no sólo desde el punto de vista de la protección de la economía de las familias (que han visto sus abonos a precios reducidos), sino también desde el punto de vista de la protección medioambiental (por aquellas personas que, por su situación económica, han optado por utilizar el transporte público en vez del vehículo particular).

Este miércoles, la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones mandó un mensaje durante su participación en la presentación de la II Edición de la lista de Las 100 mujeres más influyentes en España de Forbes Women.

Díaz deseó que el conflicto en Gaza no tuviera consecuencias económicas, pero recordó que "Alemania está en recesión y esta situación impacta en la economía española. Una vez más hemos aprendido de la pandemia y los Gobiernos están para dar certidumbres", manifestó.

En paralelo, está por ver cómo evoluciona la política económica y fiscal de la Unión Europea, marcada en los últimos años por la suspensión de la ortodoxia y de las reglas fiscales tras la irrupción de la pandemia de la covid-19.

En Sumar creen que Europa tendrá un escrutinio mayor con el gasto del que ha tenido hasta ahora, pero que todavía habrá margen para apostar por una economía expansiva, dado que España ha recibido cantidades importantes de los denominados fondos europeos.