El Partido Popular ha logrado vaciar de contenido y condenar a la inutilidad a la comisión del Parlamento de Galicia que pretendía investigar las contrataciones de la Xunta con empresas vinculadas a familiares de Alberto Núñez Feijóo.

La oposición lo considera un ejemplo del doble rasero de Feijóo a la hora de enfrentar los casos de corrupción que le afectan y un "fraude a la democracia", en palabras de la líder de la oposición gallega, Ana Pontón, portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG).

La comisión fue creada en solitario y a instancias del BNG después de que el PP se negara reiteradamente a ponerla en marcha, a pesar de que, al mismo tiempo, en Madrid, Feijóo impulsaba la puesta en marcha de un organismo similar en el Congreso de los Diputados para investigar las contrataciones del Gobierno central durante la pandemia.

El BNG pretendía indagar en las evidencias de irregularidades en las contrataciones millonarias que firmó la Administración autonómica gallega con las sociedades del grupo Eulen, cuya directora para Galicia es Micaela Núñez Feijóo, hermana menor del presidente del PP; y con a la multinacional Konecta, cuyo director comercial es Ignacio Cárdenas, hermano de su pareja, Eva Cárdenas.

470 millones de sobrecoste en un hospital de Vigo

También quería investigar la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, ejecutada bajo el primer Gobierno de Feijóo en la Xunta mediante una onerosa fórmula de colaboración público-privada que acabó sumando un sobrecoste de 470 millones.

En un principio, el Partido Popular utilizó su mayoría en el Parlamento gallego –40 escaños, por 25 el BNG, nueve del PSOE y uno de Democracia Ourensana– para oponerse a la creación de la comisión. Cuando el BNG instó su puesta en marcha en solitario, los populares impusieron su plan de trabajo sin admitir la agenda de comparecencias que proponía la oposición, negándose incluso a pactarla como es habitual..

Entre ellas figuran las del propio Feijóo, su hermana, su cuñado y otros representantes de las empresas beneficiadas por las adjudicaciones. También vetaron las de varios altos cargos de la Xunta que tuvieron que ver con esos procedimientos. En otro ejemplo de burla a la transparencia, el PP propuso la comparecencia del presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ministro de Sanidad durante la pandemia y quien nada había tenido que ver ni con los contratos de la Xunta con Eulen y Konecta ni con la construcción del hospital de Vigo.

Estaba previsto que Illa compareciera este jueves, pero su equipo anunció el pasado martes que el presidente catalán declinaba hacerlo acogiéndose a los dictámenes del Consejo de Estado que establecen que los parlamentos autonómicos no tienen potestad para obligar a comparecer a autoridades, funcionarios o representantes del Estado. Feijóo, por su parte, no ha dado explicación alguna sobre la maniobra de su partido para forzar su exclusión.

Torpedear el trabajo de la oposición

El PP también ha torpedeado el trabajo de la oposición enviando apenas unas horas de que se celebrasen las sesiones el enorme volumen de documentación que esta llevaba meses solicitando, e incluso programó reuniones de otros organismos del Parlamento a la misma hora para interferir en la agenda de las diputadas y diputados designados para la comisión.

El PP acusa al BNG de hacer oposición a Feijóo tres años después de que dejara la presidencia de la Xunta, mientras Pontón acusa a su sucesor, Alfonso Rueda, de incurrir en una "deriva autoritaria y antidemocrática sin precedentes". Su formación planea recurrir a la Justicia para denunciar la vulneración del derecho de sus diputadas y diputados a ejercer la labor de control del Ejecutivo autonómico que les reservan el reglamento de la Cámara, el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española.

El portavoz del Grupo Socialista y secretario general del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha calificado la actuación del PP de "paripé", "esperpento" y "disparate", y asegura que se debe a que Feijóo y Rueda tienen "miedo de que se conozca toda la verdad".

Según desveló Público en 2022, entre 2009, cuando Feijóo ganó su primera mayoría absoluta en Galicia, y mayo de 2022, cuando dejó la presidencia de la Xunta, la Administración autonómica entregó a las empresas del grupo Eulen más de 37 millones de euros en grandes adjudicaciones, en muchas de ellas con evidencias de que la empresa de su hermana habría gozado de trato de favor o habría dispuesto de información privilegiada sobre las ofertas de sus competidoras.

La prima que adjudicaba contratos

Los gobiernos de Alfonso Rueda siguieron y aumentaron esa tendencia, con adjudicaciones a Eulen que incluso fueron tramitadas por Eloína Núñez Masid, prima de los hermanos Núñez Feijóo a quien el actual presidente del PP había nombrado para los cargos desde los que las gestionó.

En marzo de este año, Público también desveló que la sociedad de la que es directivo su cuñado, y que no tenía vinculación alguna con el sector sanitario, había sido la más beneficiada por los fondos de emergencia contra la covid que la Administración central puso a disposición de la Xunta para combatir la epidemia. La empresa de Cárdenas se habría llevado al menos más de 19,2 millones de euros en contratos del Servicio Galego de Saúde.

Los gobiernos de la Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía y Fernando López Miras en la Región de Murcia también habrían aumentado sustancialmente las contrataciones con Eulen.

Está previsto que el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparezca este viernes en la comisión del Parlamento de Galicia.